El diputado Antonio César Rivera Callejas proviene de estirpe cachureca, quizás después de Rafael Leonardo Callejas Romero —con quien además está emparentado—, no hay en el Partido Nacional una figura política con tanta trayectoria familiar en el nacionalismo como el diputado Rivera. Tres generaciones de congresistas lo acreditan como hijo legítimo del nacionalismo.
Electo por primera vez en 2006, actualmente ejerce el cargo de Vicepresidente del Congreso Nacional, un cargo que ha sido parte de la tradición de la familia Rivera.
Nació en 1963 en Tegucigalpa. Estudió en la Escuela Americana, junto a el ex alcalde capitalino y actual designado presidencial Ricardo Álvarez, Pedro Casanova, el banquero Camilo Atala, la empresaria de comunicaciones Ana María Villeda y el diputado y excandidato liberal Elvin Santos, con quienes mantiene una buena amistad.
Hablar de Antonio Rivera Callejas es hablar de su familia; solo así podremos comprender el poder con que cuenta al interior de su partido.
Hijo del conocido nacionalista Mario Rivera López, apodado en el ambiente político como «el zorro del nacionalismo» por su capacidad de maniobra, influencia, mediación y por ser el principal consejero de los Presidentes Osvaldo López Arellano, Rafael Leonardo Callejas y Ricardo Maduro.
Mario Rivera López (1934-2009) —padre de Antonio Rivera y Mario Rivera, propietario éste último del canal Q´hubo TV—, fue diputado suplente a sus 22 años en el Congreso Nacional presidido por Modesto Rodas Alvarado, en el gobierno de Ramón Villeda Morales. La muerte repentina del diputado propietario Humberto Díaz Banegas en 1958, lo colocó en una posición ventajosa que le sirvió para ser diputado propietario y luego del golpe de Estado de 1963, Presidente, a sus 31 años, de la Asamblea Nacional Constituyente que legitimó el poder del general Oswaldo López Arellano en 1965.
Fue presidente del Congreso Nacional entre 1965 y 1971, durante el gobierno militar del general Oswaldo López Arellano.
En 1990 el presidente Callejas comisionó al Mario Rivera López para que posibilitara el retorno de decenas de exiliados políticos que habían abandonado el país como resultado de la Guerra Fría. Fue él el que dirigió la negociación que culminó en la organización de un quinto partido político en Honduras: Unificación Democrática, UD.
Antonio Rivera Callejas es hijo también de Eva Isabel Callejas, prima hermana del expresidente Rafael Leonardo Callejas Romero. Su abuelo, Juan Carlos Rafael Callejas, fue hijo del primer matrimonio de Rafael Samuel Callejas Lozano, casado luego en segundas nupcias con Paula Valentine, abuela de Rafael Leonardo, accionistas de la Rosario Mining Co. en San Juancito.
Mario Rivera López, el padre del diputado de los chocoyos, como se le conoce actualmente a Rivera Callejas luego de la campaña de 2006, fue hijo también de Juana Laura López Callejas, hija de Lastenia Callejas, hermana también de Rafael Samuel Callejas Lozano, padre de Rafael Leonardo Callejas Valenine. El vínculo filiar con los callejas del diputado Antonio Rivera Callejas proviene entonces de ambos padres.
El abuelo paterno del diputado Rivera Callejas, el también diputado Antonio C. Rivera (1885-1939) fue uno de los fundadores del Partido Nacional. Peleó en la guerra civil de 1919 y 1924, se desempeñó como Presidente del Congreso Nacional entre 1929 y 1930, cuando la presidencia del liberal Vicente Mejía Colindres y nuevamente entre 1935 y 1939, primer período del Gobierno de Tiburcio Carías Andino, de quien fue amigo cercano y pieza clave para lograr la victoria en las elecciones de 1932 frente a Ángel Zúniga Huete.
En 1935, Antonio C. Rivera, desde el Congreso Nacional legitimó la reelección de Carías, permitiéndole extender su mandato. Entre los argumentos que usó para pedir el cambio en la constitución que permitiera la reelección de Carías Andino, está el que era el pueblo que lo estaba pidiendo. En la prensa de la época se puede apreciar las cartas que «ciudadanos comunes» mandaban pidiendo la reelección del presidente:
«Desde Roatán el señor Carlos Alcerro dice que pedir que el General Carias mande en Honduras por tiempo ilimitado, no es cosa que nos puede avergonzar, porque nosotros como nacionalistas abogamos por la estabilidad del Gral. Carías en el poder»… «Un señor de apellido Osorio afirma que una dictadura constitucional seria saludable. No sería extraño para los hondureños que el Partido Nacional llegase a la dictadura, puesto que es un partido de acción y su doctrina se circunscribe al engrandecimiento y buen nombre del país y al bienestar colectivo. Podemos llegar a una dictadura constitucional mediante una labor honrada, digna, inteligente y altruista»…
En una de las sesiones del Congreso Nacional de 1936 que presidió el diputado Antonio C. Rivera, se leyeron varios telegramas en los que le pedía «que trabaje para que el General Carias siga en la Presidencia de la República»… y «suplicaban» al Congreso se sirva reformar el artículo de la Constitución que impide la continuación de Carías en la presidencia.
Para el 2 de enero de 1936 los telegramas seguían acumulándose, ahora ya no solamente de militantes del Partido Nacional, sino por miembros de varias municipalidades, entre éstas figuraron las de Santa Bárbara, Choluteca, Amapala; usaban el recurso del que antes había hecho uso José María Medina, quien también justificó su reelección como respuesta a las «peticiones espontáneas y cívicas de las municipalidades del país».
El diputado presidente del Congreso, doctor Antonio C. Rivera creó una comisión formada por los diputados Fernando Zepeda Durón, Inocente Triminio y Rodolfo Z. Velásquez, los que solicitaron la emisión de una ley para convocar a elecciones el 26 de enero de 1936 para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que «debe instalarse con las solemnidades requeridas el 8 de marzo de este año con el fin de emitir una nueva Constitución Política, porque en su concepto, la vigente no corresponde a la necesidad del momento que vivimos, es deficiente en muchos aspectos, ya que contiene anacronismos, disposiciones que corresponden a leyes reglamentarias, todo quizás, porque fue decretada en pleno estado de guerra, y de fuertes agitaciones partidaristas, lo que indudablemente no daba el reposo y tranquilidad necesarias a la mente y nervios de los señores constituyentes que la emitieron, no obstante su reconocida capacidad para hacer una buena Constitución Política».
Esta iniciativa contó con un dictamen favorable, «tomando en cuenta que los representantes del pueblo conocían las razones para emitir juicio a favor: una nueva Constitución, se señaló, era deseo generalizado de los hondureños, porque la mayoría de los diputados tenían instrucciones de sus electores, municipalidades y departamento que los nombraron, para abogar por una nueva Carta Magna; porque además la vigente Constitución de 1924 tenía errores y «el error más grande» era el no permitir la reelección de ciudadanos progresistas, honrados, buenos administradores de los bienes públicos, y además, era el «soberano», el pueblo hondureño, el que lo pedía; entonces había que complacerlo, ya que se trataba de su salvación, su tranquilidad y engrandecimiento».
El 7 de enero de 1936 quedó aprobado el Decreto Número 26, convocando al pueblo para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. En esas elecciones solo participaron los afines a Carias, ningún liberal, ningún nacionalista disidente, aunque por parte del gobierno se dijo que habían sido las «elecciones más libres y honestas, jamas celebradas en el país».
Antonio C. Rivera murió un 27 de marzo a la edad de 54 años, en un viaje oficial en California, en 1939, siendo presidente del Congreso Nacional, cuando su hijo apenas tenía cinco años.
Tres décadas después, Mario Rivera López jugaría un papel similar al de su padre, en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del 16 de febrero de 1965. El Partido Liberal, dividido entre quienes presionaban para incorporarse al Gobierno de Unidad Nacional de Oswaldo López Arellano y quienes apoyaban la resistencia a la dictadura, dejaron solos al puñado de hombres que se alzaron en armas en las montañas de Yoro. En este contexto se dio la masacre de El Jute, en El Progreso.
En la exposición de motivos correspondiente al proyecto de decreto que presentó el diputado Mario Rivera López, el 23 de marzo de 1965, proponiendo elegir como presidente en elección de segundo término al general Oswaldo López Arellano, (igual recurso usó Ramón Villeda Morales en la Asamblea Nacional Constituyente de 1956 para ser electo por el congreso de mayoría liberal) por «considerarlo un hombre idóneo para conducir los destinos de Honduras bajo el régimen de conciliación nacional».
El 6 de julio de 1965 tomó posesión el general Osvaldo López Arellano como Presidente Constitucional de Honduras, electo por el Congreso Nacional presidido por el doctor Mario Rivera López.
En una entrevista dada a la prensa en 2016, siete años después de muerto «El Zorro del nacionalismo», su hijo, Antonio César Rivera Callejas alegó no ser un «bebesaurio» (término que se usa para referirse a los herederos de cargos políticos en los partidos mayoritarios).
«Yo no llegué a ningún lugar por el apellido, yo estuve en comités locales y departamentales. Fui presidente de la juventud, regidor de la alcaldía, juez de policía. Vengo desde abajo e inicié a los 14 años en la política», dice y agrega: «Hace cuatro años lo apoyé (a Juan Orlando Hernández) por obligación partidaria, esto por unidad del partido y disciplina para que no ganara Xiomara Castro ni Nasralla; casi por obligación porque en las internas había mucha fuerza con Ricardo Álvarez y yo era del movimiento de Ricardo. Hoy, cuatro años después, lo hago por convicción patriótica porque ha hecho las cosas muy bien y es el mejor presidente que hemos tenido, y debe seguir».
Durante el golpe de Estado de 2009 al presidente Manuel Zelaya Rosales, Antonio Rivera Callejas se desempeñaba como jefe de bancada del Partido Nacional. Salió a las calles tanto antes como después del golpe con los camisas blancas, reclamando Paz y apoyando la destitución de Zelaya. Ahora, cuando se le pregunta a Rivera Callejas sobre las diferencias entre la reelección que buscaba Mel a través de la Cuarta Urna y la de Hernández Alvarado, Rivera Callejas responde con argumentos que resuenan a los que usaron su padre y abuelo para apoyar las reelecciones de Carías y López Arellano: «Mel no quería la reelección sino perpetuarse en el poder, no iba a haber elecciones, había una una cuarta urna manejada por el Instituto de Estadísticas y no por el Tribunal Supremo Electoral y los poderes del Estado en ese monento dijeron que no procedía la cuarta urna. El caso de Juan Orlando es totalmente diferente, fuimos a la Corte y dijo que sí se permitía la reelección. La gente ha querido confundir y decir que es lo mismo y no lo es. Creo que aquella expansión del chavismo la paramos en Honduras. La Constitución (vigente) es la misma que redactó mi padre cuando fue constituyente. Pero sí creo que necesitamos cambios, los únicos artículos pétreos son los de la Biblia. El mundo va cambiando y evolucionando y nuestra Constitución no es perfecta. La Carta Magna que hay está de acuerdo con lo que pasaba en los años 80 por tantos golpes de Estado».
Ricardo Rodolfo Maduro Joest nació el 20 de abril de 1946 en Panamá. Hijo de Osmond Levy Maduro y María Cristina Joest Midence. Proviene de dos destacadas familias: los Midence de Honduras, familia oligárquica decimonónica dedicada a los bienes raíces y fundadora del Banco de Honduras, y la familia Maduro de Panamá, muy conocida en los negocios en aquel país. Aunque nació en Panamá y era hijo de una madre guatemalteca, la familia se mudó a Tegucigalpa, donde Maduro adquirió la nacionalidad hondureña a través de su abuela.
Casado con Aguas Santas Ocaña Navarro durante su presidencia, divorciado y en 2009 vuelto a casar con Melissa Callejas, es padre de tres hijas: Carolina, Cecilia y Lorena. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. Hizo sus estudios secundarios en Pensilvania en la Escuela Lawrenceville y sus estudios primarios en Tegucigalpa, Honduras.
Inició carrera en los negocios desde muy joven, al asumir como Gerente General de Xerox de Honduras. En 1976 asumió la dirección ejecutiva de Inversiones La Paz, un grupo familiar de empresas con intereses en diferentes sectores como el pesquero, el hotelero, el negocio de distribución o importación-exportación. Junto con otros empresarios hondureños, también constituyó el Grupo Roble, responsable de varios complejos comerciales y hoteleros distribuidos en todo el país. Fundó las empresas: Aquacultivos de Honduras; Granjas Marinas San Bernardo; Jetstereo; Comercial Ultramotor; Automundo; Fuji de Honduras; Banco de la Producción; Supermercados Todos; Centros Comerciales Multiplaza y Hoteles Camino Real-lntercontinental.
La Cámara de Comercio Hondureña-Americana (HAMCHAM) le otorgó el premio como «Empresario del Año» en 1983. El diario El Heraldo de Tegucigalpa, le concedió el galardón de «Hombre del Año» en 1991. La institución Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras (GEMAH) le honró en 1997 con el Premio «Boris Goldstein» como empresario más sobresaliente del año.
Luego de la derrota de Zúniga Agustinus en las elecciones de 1981, Maduro y otros líderes nacionalistas fundaron el movimiento político «Unidad y Cambio». Varios reconocidos líderes de la corriente reformista anti cachureca de la época buscaron convencerlo de ser el candidato presidencial en las elecciones de 1985, él no aceptó y fue director de la campaña presidencial de Rafael Leonardo Callejas en 1985 y en 1989, en donde ganó Callejas.
Fue presidente del Banco Central de Honduras de 1990 a 1994, el cerebro del proyecto de reestructuración de la economía del gobierno del gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Fomentó un plan de reestructuración de la economía hondureña con liberación de más de mil quinientos productos cuyos precios permanecían controlados por el gobierno, el establecimiento de un tipo de cambio real (devaluación de la moneda), la apertura del sistema financiero y mayor supervisión, la liberalización del comercio exterior, y el impulso a las exportaciones no tradicionales tales como el melón, aceite de palma, maquila y camarón. Fue en ese período 1990-1994 que se conforman los nuevos grupos económicos que luego terminarán consolidándose en el gobierno de Carlos Flores Facussé.
Regresó a la vida privada en 1994, al terminar su gestión en el Banco Central, haciéndose cargo de sus negocios. En abril de 1997 su hijo mayor, Ricardo Ernesto, con apenas 24 años de edad, fue asesinado durante un intento de secuestro en la ciudad de San Pedro Sula donde dirigía los supermercados de la familia. Una semana después del asesinato, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés organizó una marcha por la paz a la cual asistieron más de 50,000 personas para protestar contra la delincuencia y pedir por la paz. Las acciones en reclamo de la delincuencia que comenzaba a crecer de manera alarmante le dieron la proyección nacional a Ricardo Maduro.
Muchos dirigentes del Partido Nacional le pidieron a Maduro que se presente como candidato presidencial, él rechazó al inicio la idea, fue la muerte del Alcalde de la capital de la República, el Doctor César Castellanos Madrid en octubre de 1998, al accidentarse el helicóptero en el cual viajaba para hacer un vuelo de reconocimiento de los destrozos causados a Tegucigalpa por el huracán Mitch, que lo empuja a la carrera política para enfrentar al candidato del Partido Liberal.
El 4 de agosto de 1999 anunció su decisión de buscar la candidatura a la Presidencia de la República a través del movimiento Arriba Honduras.
Su candidatura generó mucha reacción en la oposición que miraban en ella una violación a la Constitución de la República que indica que el presidente debe ser hondureño por nacimiento. Tuvo que enfrentar una larga campaña legal para inscribir su candidatura. En octubre de 2000, el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) acordó suspender su registro como candidato hasta que se resolviera el conflicto, pero el «acuerdo patriótico» firmado un mes después, por los principales partidos del país, ofreció una solución para sus reclamos: Una Comisión compuesta por políticos y juristas dictaminó su condición de «hondureño de nacimiento», y dio luz verde a su objetivo de aspirar a la Presidencia de la República.
Maduro delegó en su jefe de campaña, el doctor Luis Cosenza Jiménez, el encabezamiento de Arriba Honduras a la espera de que el Tribunal Nacional de Elecciones tomara en consideración el dictamen jurídico y le permitiera inscribirse: «Votar por Cosenza es votar por Maduro». En las primarias nacionalistas del 17 de diciembre Cosenza arrasó a sus tres rivales: Héctor René Fonseca, por Patria Nueva; Elías Asfura por Avance, y Carlos Kattan Salem por Nueva Estrella. Finalmente, el 12 de marzo de 2001, el TNE aprobó el registro de Ricardo Maduro Joest para las elecciones presidenciales de noviembre.
Durante la campaña electoral presentó un programa gubernamental apoyado por pilares para el desarrollo del país, incluida la renegociación de la deuda externa, la creación de empleo y la reforma del sector educativo, pero fundamentalmente, centró su discurso sobre la promesa de combatir la pobreza y el crimen, auténticas lacras de la sociedad hondureña.
Maduro se destacó con su perfil de economista competente, bilingüe y con perspectiva internacional, capaz de vender a Honduras hacia el exterior y atraer inversiones hacia los sectores del turismo y el ensamblaje industrial, las maquiladoras, y de atender con un conocimiento de primera mano las necesidades del microempresario nacional. Pero fue la muerte de su hijo Ricardo Ernesto lo que le dio una característica personal a la promesa de campaña de combatir el crimen.
El 25 de noviembre de 2001 Maduro se alzó con la victoria con el 52.2% de los votos; su contendor el profesor Rafael Pineda Ponce perdió con el 44.2% y los otros tres candidatos de los partidos minoritarios, apenas sumaron el 4%. En las legislativas el Partido Nacional obtuvo 61 de los 128 diputados.
El 27 de enero del 2002 Maduro tomó posesión como sexto Presidente de la democracia en 1982, en una ceremonia a la que asistieron los presidentes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice.
Prometió trabajar «por un mejor futuro para Honduras» y vencer la delincuencia y la pobreza. En el discurso se manifestaba un interés por continuar con el esfuerzo de transformación de la economía iniciado por él en el gobierno de Rafael Callejas (1990-1994), donde fungió como presidente del Banco Central. Sin embargo, la agenda diaria exigía estabilizar la economía para poder acceder a los recursos de la condonación de la deuda externa.
Uno de los retos de la política económica fue reducir los indicadores de deuda externa para que fueran manejables, y poder así optar a la condonación de la misma al alcanzar el punto de culminación que se logró en marzo de 2005. En 1999 el saldo de la deuda/PIB era de 77.6% y bajó a 45.6% en 2005, igual bajó el saldo de la deuda/exportaciones de 184.9% a 77.3%, lo que demuestra el esfuerzo realizado. El servicio de la deuda/PIB también bajó de 3.8% a 1.8% y el Servicio de la deuda/exportaciones de 9.2% a 3.1% en el periodo de comparación.
El gobierno hizo importantes esfuerzos por disminuir el déficit fiscal que se situó en 2.2% del PIB en 2005, frente a 3.9% del PIB, que ayudó en parte a que la inflación no se disparara arriba de un dígito (7.7% en 2005) pero arriba de la meta propuesta a inicios de gobierno (menor de 6% anual). No obstante, el desequilibrio externo en la balanza de bienes y servicios aumentó de 827 millones de dólares en 2002 a 1,726 millones en 2005, es decir, un aumento de 108.7%, donde el aumento de los precios del petróleo e insumos agrícolas fue uno de los factores determinantes.
LA GUERRA CONTRA LAS MARAS
La autora hondureña Lirio Gutiérrez, en su libro Enclaves y territorios. Estrategias territoriales del estado y de las pandillas en Honduras, ve el gobierno de Maduro de la siguiente manera:
En enero de 2002 a Ricardo Maduro le esperaba un enorme reto: resolver la insoportable situación de violencia social, la cual no sólo había aumentado considerablemente en la última década, sino además se había convertido en un problema grave.
Los diarios fueron los primeros en hacerla evidente a comienzos de los noventas y, aunque la violencia social no era algo nuevo en el país, para finales de aquella década, la violencia social en sus diferentes formas, delincuencia, robo, hurto, crimen y asesinatos, aparecían todos los días en los periódicos.
Los noventas marcan un aumento en la violencia social y delincuencia en el país según muestra el incremento de denuncias registradas entre 1998 y 2000. La taza de homicidios había subido. Para 2000 la taza de homicidios estaba en 46.31 por cada 100 mil habitantes y ocurrían en las ciudades principales del país: San Pedro Sula y Tegucigalpa con 107 y 52 homicidios por cada 100 mil habitantes respectivamente.
Paralelamente a esta situación de violencia social surgía otro problema en Honduras: la proliferación de las pandillas juveniles la Mara Salvatrucha (MS) y la 18. Nuevamente, los diarios fueron los primeros en reportar sobre jóvenes pandilleros. Según un estudio realizado por el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), la primera mención que hacen los diarios de las pandillas es entre 1992-1994, pero es en el gobierno de Maduro que el binomio Delincuencia y Pandillas comienzan a verse como sinónimos en la población.
Según las instituciones oficiales, la Policía estimaba 34,202 pandilleros en 1999, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DGIC) estimaba 31,1664 pandilleros en 2000. Por su parte, dos estudios sobre pandillas estimaban 6 mil miembros en uno (ERIC 2001) y 2 mil miembros en el otro (Save the Children/ACJ 2000). Esta irregularidad de datos confirmaba el desconocimiento respecto el fenómeno el cual se reflejaba en un informe de desarrollo del PNUD, «no hay cifras exactas en cuanto al número de integrantes de pandillas».
Maduro obtuvo la victoria con su campaña Futuro Seguro, la cual prometía reinstaurar la seguridad pública mediante una cero tolerancia hacia delincuentes, criminales y, en particular, pandilleros. Futuro Seguro tenía una propuesta concreta: sacar de las calles a los que estaban perjudicando la vida social de los hondureños. Esto sin duda tocó una fibra sensible entre los diferentes sectores de la población, la cual tenía sentimientos encontrados después de ocho años de sentir una «inercia» y «pasividad» del estado.
Dos personas son requeridas por la policía durante un operativo antimaras en Tegucigalpa. Ricardo Maduro, expresidente de Honduras (2002-2006), emprendió en su gobierno con el lema: «El gobierno de la gente», una política de estado centralizada en la cacería de personas con tatuajes, vinculándolos a pandillas. Las detenciones masivas multiplicaron la población carcelaria que pudo producir catástrofes, como la de abril de 2003 que devastó la Granja Penal El Porvenir, próxima a La Ceiba en el norte de Honduras, donde 70 privados de libertad perecieron víctimas de los disparos o de las llamas; en 2004 en Centro Penal de San Pedro Sula de 2004 con un saldo de 107 muertos y más de 25 heridos y granja penal de Comayagua, en 2012, 359 prisioneros calcinados. ©Délmer Membreño
En el fondo, Cero Tolerancia era una estrategia territorial para afirmar autoridad y combatir la situación de violencia en general. Indicado ya en su nombre, intentaba controlar un grupo particular (delincuentes) ejerciendo control sobre territorio(s) específicos (los barrios). El Ministerio de Seguridad era el encargado de implementar Cero Tolerancia, entrar a los barrios y capturar a los delincuentes con su personal compuesto principalmente por agentes policiales y de seguridad.
Sin duda, sería un gran reto para esta nueva institución y su ministro, Oscar Álvarez. Creada recién a finales de los noventas, hasta ahora era una institución poco visible en el escenario político-social hondureño estando bajo constantes reformas –como producto del proceso de paz en la región y su desmilitarización- particularmente el área de la fuerza pública, la cual por décadas había estado bajo mando militar. Para 2002, el Ministerio de Seguridad estaba listo para ser “estrenado” en la vida pública hondureña poniendo a prueba su capacidad de controlar la violencia social y las pandillas.
La política de Cero Tolerancia y luego Mano Dura de Ricardo Maduro, lejos de desaparecer el problema de las pandillas lo volvió invisible. Los pandilleros cambiaron su forma de opearar, pasando a mimetizarse con la población civil. En la actualidad sigue siendo uno de los factores más importantes de la violencia en Honduras.
En la administración de Ricardo Maduro se registraron tres de las más terribles masacres a población pandillera, dos en centros penales (El Porvenir, La Ceiba en 2003 y San Pedro Sula en 2004) y una en Chamelecón, en donde las víctimas fueron civiles. La violencia, lejos de desaparecer, siguió su camino ascendente que llevaría diez años después a las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central, ser catalogadas como las dos ciudades más violentas del mundo.
En las elecciones de 27 de noviembre de 2005 el candidato de su partido Porfirio «Pepe» Lobo, perdió dichos comicios frente a Manuel Zelaya del Partido Liberal de Honduras, quien lo sustituyó en el cargo presidencial el 27 de enero de 2006. En gran medida la razón de la derrota de Pepe Lobo se debió a la crisis que generó el aumento de los carburantes y su reacción popular.
Luego de terminado su período presidencial en 2006, Maduro se retiró de la vida política y se dedica en la actualidad a manejar sus negocios. Varias veces se ha especulado sobre una posible candidatura en busca de su reelección, tomando en cuenta la buena imagen que aún mantiene en la población, sin embargo él en reiteradas ocasiones ha negado interés alguno en volver a ser presidente.
