Por Gilberto Ríos Munguía (•)
Dice el refrán que “quien hace la ley, hace la trampa” y son de sobra conocidas las trampas puestas a la oposición política en Honduras a lo largo de la breve y pobre historia electoral –no democrática- que tiene el país. El debate se ha crispado en los últimos meses en medio de movilizaciones populares de distintos sectores sociales que demandan atención por la crisis económica, la descomposición social y sus múltiples efectos en la vida diaria. En el Congreso Nacional, la bancada de diputados /as del Partido Libertad y Refundación, Libre han mantenido una Insurrección Legislativa para presionar al régimen por la integración de los representantes en las nuevas instituciones que regirán el próximo proceso electoral.
El Partido Nacional de Honduras ha venido ofreciendo elaborar la nueva Ley Electoral antes del nombramiento de los representantes de Libre en las dos nuevas instituciones creadas para administrar el próximo proceso. Se trata del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Nacional Electoral, en los que hemos propuesto respectivamente a la Abogada Rixi Moncada y al también Abogado Eduardo Enrique Reina, ambos de larga y reconocida trayectoria en el ámbito profesional, por su destacada actuación en el Gobierno del Poder Ciudadano y también posteriormente por su participación en la Resistencia Popular como en el Partido Libertar y Refundación. A la vez, el Partido demanda el nombramiento en firme de los representantes ante el Registro Nacional de las Personas, donde Oscar Rivera es actualmente miembro de la Junta Interventora.
El 22 de mayo de 2011 se firmó el Acuerdo de Cartagena de Indias, que garantizó el retorno del Presidente Manuel Zelaya luego del exilio en República Dominica, en el punto número 6 decía: “Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones. En este contexto y con total respeto de los procedimientos y atribuciones legales, encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la inscripción del Frente Nacional de Resistencia Popular en un ambiente de cooperación y transparencia.” Ocho años después las condiciones parece que apenas comienzan a cambiar.
El Fraude Electoral de 2013 fue realizado en buena medida en las mesas electorales, en las que el Partido Nacional compró representantes, alteró actas, utilizó partidos de maletín para multiplicar sus representantes en las mesas receptoras y finalmente aisló en las bodegas del anterior Tribunal Supremo Electoral, el conteo especial de más de 3,000 urnas en las que habían detectado el margen mayoritario del triunfo de la compañera Xiomara Castro de Zelaya. El margen de la victoria fue reducido mediante un fraude clásico, sin involucrar técnicas complejas como las utilizadas cuatro años más tarde en las elecciones de 2017 contra la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.
El 2017 la unidad de la mayoría de los sectores de la oposición política y social (Libre, PINU, Salvador Nasralla y sus seguidores y la Convergencia Contra el Continuismo), dieron como resultado un margen del triunfo superior a los 9%. Ellos mismos tuvieron que salir reconociendo la madrugada del lunes 27 de noviembre su derrota por un margen mayor del 5%. La tendencia matemáticamente era irreversible, como se demostró con técnica electoral básica y también con proyecciones de expertos electorales que analizaron los resultados de las urnas escrutadas hasta ese momento. Tres días después, gracias a los llamados “votos rurales”, urnas del área rural en las que se inflaron resultados hasta lograr una nueva “tendencia” -conocida como la “Curva de Batson” en honor el tristemente célebre David Matamoros Batson, Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral-, el jueves 30 noviembre, declararon el triunfo ilegítimo de JOH.
Más tarde el peritaje que evaluó el sistema de recepción de información del Tribunal demostró que éste había sido vulnerado al menos en 640 ocasiones, mismas en que los resultados fueron cambiados en favor del candidato oficialista. Esta versión sorprendentemente también fue respaldada por el informe de la Organización de Estados Americanos, que recomendó la repetición del proceso electoral. En medio de un alzamiento popular que protestaba en todas las calles del país contra el fraude y que produjo más de 40 asesinatos políticos, apareció la Teniente Heide Fulton, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, dando validez al proceso electoral y nombrando de Presidente a Juan Hernández, su aliado incondicional en la región centroamericana.
En las próximas horas sabremos si habrá humo blanco y finalmente acuerdo en los representantes de Libre en las nuevas instancias electorales. Se juega mucho en este proceso, por un lado la oposición avanzaría en la lucha contra los fraudes y en favor de la confianza de la ciudadanía en el proceso, por otro lado Mauricio Oliva Presidente del Congreso Nacional, podría comenzar a despegarse de la tercera reelección de Juan Hernández y lanzar su candidatura con una ventaja frente a los competidores internos de su partido, por haber logrado la tregua en el hemiciclo después del tormento que para ellos ha significado la Insurrección Legislativa.
(•)Dirigente del Partido Libertad y Refundación.
