Ya desde el pasado 21 de noviembre de 2008 el presidente Manuel Zelaya Rosales había manifestado en una conferencia de prensa en Casa Presidencial que enviaría un decreto al Congreso Nacional para que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se coloque una cuarta urna y que el pueblo a través de un plebiscito decida si quiere o no la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Era un paso necesario para lograr lo que anunció en agosto de 2008 durante la firma del Alba, la «Tercera República» con un gobierno de izquierda socialista-liberal.
Fue la promesa de reforma política más radical desde la Reforma Liberal de 1876, hecha en un contexto de caos, de constantes enfrentamientos con los distintos poderes constituidos en el país, como con la empresa privada en contra del gobierno y el mismo Partido Liberal dividido.
La noticia de la consulta sin embargo pasó sin mucha reacción en ese momento, ambos partidos políticos estaban en la recta final del proceso interno electoral que se llevaría a cabo el 30 de noviembre. Zelaya Rosales llegó a decir incluso que ya había hablado con el expresidente Rafael Leonardo Callejas y, según el mandatario, acordaron hablar sobre el tema. Hacía ver como que contaba con el respaldo del Partido Nacional para hacer la consulta.
Pero fue la elección de la Corte Suprema de Justicia la que marcó la ruta final que llevaría al golpe de Estado de 2009.
Para el mes de marzo de 2009 la soledad institucional de Manuel Zelaya era evidente. Había perdido el pulso frente al legislativo en la elección de la nueva Corte, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General. No tenía candidato a la presidencia y había sido excluido de las negociaciones por cuotas de poder en el futuro gobierno de Elvín Santos. Para ese momento el candidato liberal se ubicaba 20 puntos arriba en la preferencia de voto frente al nacionalista Porfirio Lobo Sosa.
El presidente, en consejo de ministros aprobó el 23 de marzo el decreto ejecutivo PCM-05-2009, el cual establecía el desarrollo de una consulta al pueblo hondureño, referente a si está el votante de acuerdo o no con la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de 2009 para convocar a una asamblea nacional constituyente y reformar la Constitución política, la cual sería administrada por el Instituto Nacional de Estadísticas, y realizada a más tardar el domingo 28 de junio.
El texto de la consulta decía: ¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva Constitución política?
«Será una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que los hondureños expresen libremente su acuerdo o no a convocar una asamblea nacional constituyente que dicte y apruebe una nueva ley fundamental en Honduras», manifestó el presidente José Manuel Zelaya Rosales al momento de anunciar el decreto.
Iniciaba así un nuevo enfrentamiento con el Congreso Nacional presidido por Roberto Micheletti. Ese día, Micheletti se presentó en el programa de televisión 30/30 y manifestó que: «está equivocado el presidente (Manuel Zelaya), debido a que una urna que ponga, en cualquier parte que la ponga, no va a tener ninguna validez jurídica… podrá poner urnas para darse cuenta del liderazgo que él tiene, pero no tiene ningún valor, y cualquiera que se atreva a hablar del tema está en peligro de que la autoridad recurra contra él. Está cometiendo un delito y que cueste lo que cueste, en Honduras se celebrarán elecciones generales para elegir el nuevo presidente de la república, en la fecha que están programadas constitucionalmente. La democracia ha costado mucho durante 28 años y con todos sus defectos es mejor recurrir a ese voto, ya sea de beneficio, ya sea castigo, que estar haciendo una cosa que podría desalentar y provocar un desorden», afirmó.
Comenzó incluso a afirmarse en los medios de comunicación, que Zelaya buscaba impedir que se llevaran a cabo elecciones generales en noviembre, argumentando la ausencia de un presupuesto designado al Tribunal Supremo Electoral por parte del Ejecutivo. Por dos años consecutivos el gobierno de Manuel Zelaya había fallado en su obligación de mandar un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para su aprobación en el Congreso Nacional. Ese año, el Tribunal Supremo Electoral debía realizar elecciones generales y no contaban con el recurso asignado para ello.
Para el 25 de marzo, el recién electo Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, emitió un pronunciamiento acompañado del Fiscal Adjunto, Roy Urtecho; la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera; el subdirector de Fiscalías, Juan Rafael Soto; el fiscal especial de Defensa de la Constitución, Mauricio Aceituno; el fiscal especial contra la corrupción, Henry Salgado; y los fiscales Gelmer Cruz y Gina Sierra; en el que expresa que el presidente Zelaya Rosales no contaba con las facultades para convocar a una consulta el 28 de junio de 2009. Además, prevenía el documento, «los funcionarios públicos que participen en actos o acciones dirigidos a efectuar esta consulta, podría tener como consecuencia una investigación penal».
El pronunciamiento fue leído por el fiscal, Luis Alberto Rubí, estableciendo la posición del Ministerio Público, quienes afirmaron estar: «alertados, porque el día 23 de marzo de 2009, en horas de la noche, el señor Presidente de la República, en consejo de ministros, emitió un decreto ejecutivo encaminado a practicar una consulta popular el último domingo de junio del año en curso para determinar si hay interés o voluntad popular para que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, que apruebe una nueva Constitución política, creando así una situación fáctica que se adecúa en el precepto contenido en el artículo 3 de la Constitución de la República, desde el instante mismo que está usando medios o procedimientos que quebrantan o desconocen lo que esta Constitución y las leyes establecen».
El 27 de marzo se publicó el decreto ejecutivo en el periódico Poder Ciudadano y no en el órgano oficial La Gaceta conforme manda la ley. Además, por un error inexplicable, en el periódico Poder Ciudadano el decreto salió con fecha del 27 de febrero, cuando la fecha correcta era 27 de marzo.
Al día siguiente, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, declararía que Las Fuerzas Armadas de Honduras cumplen con su: «Misión de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y con la custodia, la distribución del material (electoral) y también aspectos de seguridad del proceso» y que las Fuerzas Armadas tampoco se prestarían a interrumpir las elecciones, tal como lo denunciarán dirigentes del PINU, en una declaración a la Radio HRN. Y aclaró que las afirmaciones sobre que las Fuerzas Armadas están al servicio del presidente José Manuel Zelaya, «son mentiras».
Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, presentó el 5 de mayo de 2009 un proyecto de ley para que se aprobara una convocatoria a un plebiscito, el proyecto incluía la consulta siguiente: ¿Otorga usted mandato para que en el próximo período de gobierno a elegirse para 2010-2014 se convoque a más tardar el último domingo de julio de 2010 a una asamblea constitucional con la única y exclusiva finalidad de redactar un nuevo orden constitucional (sí o no)?
Se nombraron para la comisión especial a los diputados Ricardo Rodríguez, José Alfredo Saavedra Paz, Rodolfo Irías Navas, Juan Ramón Velásquez Nazar, Antonio César Rivera Callejas, José Toribio Aguilera y Wenceslao Lara Orellana.
César Ham, diputado del Partido UD, presentó también un proyecto de decreto ante el Congreso Nacional para regular la consulta popular referente a la implementación de una asamblea nacional constituyente. El proyecto fue llamado «Ley Especial para la Implementación de una Asamblea Nacional Constituyente». Se nombró para elaborar un dictamen una comisión compuesta por los diputados Ricardo Rodríguez, José Alfredo Saavedra Paz, Rodolfo Irías Navas, Juan Ramón Velásquez Nazar, Antonio César Rivera Callejas, José Toribio Aguilera y Wenceslao Lara.
El 8 de mayo, y conforme los acontecimientos se iban desarrollando, la Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público interpuso por medio de los fiscales Gelmer Humberto Cruz y Henry Geovanny Salgado Núñez, una demanda ordinaria de ilegalidad y nulidad contra el decreto ejecutivo PCM-05-2009, con suspensión del acto reclamado, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.
La demanda de nulidad del Decreto Ejecutivo que llama a una consulta popular sobre la cuarta urna para cambiar la constitución de la República mediante una Asamblea Nacional Constituyente se analizó esa tarde en consejo de ministros. En rueda de prensa, en compañía de Efraín Moncada Silva, asesor presidencial en materia legal y exministro de Gobernación y Justicia, el presidente Zelaya manifestó que «Desde el punto de vista jurídico se ha calificado esta acción, esta demanda, como una aberración jurídica, de desconocimiento total hasta de la Ley del Ministerio Público», además mencionó que la demanda de nulidad del Ministerio Público era «ilegal e ilegítima porque va en contra de las aspiraciones del pueblo».
El ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, declaró en esa ocasión que «el único órgano que puede comparecer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal como lo manda la Constitución de la república, es la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público solo está facultado constitucionalmente para perseguir el delito».
Pero Luis Rubí, Fiscal General de la República, continuaba sus acciones de oposición al proyecto de la consulta popular del ejecutivo. Declaró que las acciones publicitarias y organizativas de la consulta popular al margen de la ley y especialmente, la aprobación de un acuerdo ejecutivo, revelaban de manera evidente la resolución de consumar actos violatorios de la Constitución de la República radicalmente nulos, que obligaban al Ministerio Público a acudir a las instancias administrativas para demandar la nulidad del acto administrativo y la suspensión de sus efectos, sin perjuicio de otras acciones legales que de ser necesario, se habrían de efectuar.
El 12 de mayo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo admitió la demanda interpuesta por la Fiscalía contra la Corrupción contra el decreto PCM-05-2009, sin suspensión del acto reclamado.
Al día siguiente Manuel Zelaya y el consejo de ministros, determinaron después de un análisis técnico jurídico que la acción del Ministerio Público, referente al recurso de nulidad contra la consulta popular, era «ilegal e ilegítima». El ministro de Defensa, Edmundo Orellana aseguró incluso que «el pueblo no debe temer de que las autoridades están violando la Constitución; si el pueblo, en virtud de la Ley de Participación Ciudadana, solicita al Poder Ejecutivo que se haga esa encuesta, lo va a tener que hacer, porque es una ley que deviene obligada a cumplir el mandato del soberano».
Jorge Rivera Avilés, presidente de la CSJ, expresó ese mismo día que «si el pueblo a través de una consulta pide una nueva Constitución, habría que reglamentar la forma como la misma se aprobaría, esta podría ser vía Congreso Nacional o que a la par del mismo, funcione un órgano exclusivo para aprobar una nueva Constitución».
En el noticiero Hoy Mismo, el periodista Edgardo Melgar leyó esa noche un dictamen que solicitó el ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, a los asesores jurídicos del presidente Zelaya: Efraín Moncada Silva, Carlos Gómez Moreno y José María Palacios, en el cual advertían al Gobierno que la encuesta que pretendía realizar el 28 de junio a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) era ilegal e inconstitucional.
Sergio Sánchez, director del INE, se vio obligado entonces a explicar que la «encuesta de opinión no es vinculante, es únicamente una herramienta para los tomadores de decisiones, nosotros no somos el TSE, no hacemos plebiscito… quiero dejar bien claro que esto no es el plebiscito, sino que simple y sencillamente es una encuesta más».
Romeo Vásquez Velásquez manifiestó que la inteligencia de las FF.AA. investigó las denuncias de Andrés Pavón, presidente del CODEH, quien aseguró en la víspera que había un plan para dar golpe de Estado técnico al presidente José Manuel Zelaya Rosales. Vásquez Velazquez manifestó que «es nuestro deber, cuando hay denuncia de este tipo, alertar todo nuestro sistema de inteligencia para que haga investigaciones, tal como lo manda la Constitución, nosotros tenemos que hacer prevalecer el Estado de derecho».
El Congreso Nacional aprobó entonces la moción presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas del Partido Nacional, dirigida a brindar apoyo solidario al Ministerio Público frente a cualquier coacción para que desista del cumplimiento de su obligación de preservar la Constitución de la república y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, manifestando su «apoyo solidario frente a cualquier acción orientada a coaccionar o a amedrentar dicha institución para que desista del cumplimiento de su obligación de preservar la integridad del texto constitucional y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia».
Para el 22 de mayo la tensión seguía aumentando entre todos los actores políticos. La pelea que se miraba entre el Ministerio Público y el poder Ejecutivo pasó luego al Tribunal Supremo Electoral, recién electo por el Congreso Nacional para rectorar el proceso electoral de noviembre. El TSE ordenó a los medios de comunicación suspender «toda impresión, transmisión o publicación atribuida al INE, en que se promueva la consulta popular o encuesta», considerando la fecha 26 de mayo como plazo máximo. Dicha orden incluía también al Canal 8, propiedad del Estado ya que «el principio de la ley es obligatorio para todos», declaró el magistrado Enrique Ortez Sequeira.
José Manuel Zelaya confrontó entonces al TSE y declaró que no retiraría la propaganda referente a la consulta del 28 de junio y comunicó a los dueños de los medios de comunicación que el Gobierno les pagaría la multa que les imponga el TSE. Además, anunció acciones legales contra los magistrados del TSE por haber sido electos ilegalmente.
Sergio Sánchez, director del INE volvió a salir en defensa de la consulta. Manifestó por un medio de comunicación que la «encuesta nacional… está fundamentada de conformidad con la petición realizada por los ciudadanos en base a la Ley de Participación Ciudadana, aclarando que no está dentro de nuestras atribuciones (del INE) hacer el plebiscito, pero una encuesta la podemos hacer… si hasta los medios hacen encuestas de opinión, ¿por qué nosotros no?», afirmó.
El 26 de mayo, el Poder Ejecutivo cambió el nombre de Encuesta a consulta popular, a llevarse a cabo el 28 de junio. Pero el cambio de nombre no redujo la presión en el tema. El 27 de mayo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia interlocutoria declarando con lugar la cuestión incidental del acto impugnado, solicitado por la parte demandante, ordenando la suspensión de todos los efectos del decreto ejecutivo PCM-05-2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo; de igual manera la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, o cualquiera de las instituciones que componen la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, hasta que se hubiera dictado una sentencia sobre el fondo.
Manuel Zelaya Rosales hizo uso entonces de la única institución que aún le respaldaba. Llamó a su despacho a Romeo Vásquez Velásquez el 29 de mayo y le mostró el decreto en el que establecía que las Fuerzas Armadas se comprometían a apoyar la cuarta urna y al Instituto Nacional de Estadística con el recurso logístico. El decreto fue leído en cadena nacional por Edmundo Orellana, secretario de Defensa. Romeo Vásquez Velásquez anunció entonces a la prensa que las FF.AA. acatarían la orden de Zelaya, en torno a la posibilidad de participar institucionalmente en la encuesta del 28 de junio.
Para el 6 de junio el presidente Zelaya Rosales parecía tener el camino abierto. Mientras contara con las Fuerzas Armadas podía respirar tranquilo. Llegó incluso a declarar que el «pueblo debe alejar cualquier temor a un golpe», por parte de sectores de las FF.AA. ya que la democracia «se está profundizando y que son rumores que no tienen ningún fundamento más que ese nerviosismo que han creado la fiscalía, el Juzgado Contencioso Administrativo y el Congreso Nacional».
Comenzó entonces la presión sobre las Fuerzas Armadas.
Ramón Custodio López, comisionado nacional de los Derechos Humanos, declaró en una entrevista publicada en el portal del CONADEH, que: «Las Fuerzas Armadas están sujetas a la jefatura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, pero cualquier orden que reciban del presidente de la república debe estar dentro de la legalidad constitucional» y que si el presidente les diera una orden que no es en arreglo a la Constitución, «los militares tienen prohibido, igual que cualquier otro funcionario civil, cumplir una orden superior que sea constitutiva de delito».
«En mi opinión, los señores militares no estarían en la obligación de acatar una orden que los llevaría a cometer un delito y, por supuesto, la reducción de responsabilidades civiles, administrativas y penales, incluso», advirtió Custodio López.
Romeo Vásquez Velásquez declaró luego en respuesta a Ramón Custodio López, que la ley les manda que tienen que «ser respetuosos de nuestra jerarquía, del ministro de Defensa, respetuoso de presidente de la República», y que por un lado pretendían que las FF.AA. protejan «la Constitución y por otro lado quieren que la violentemos al ser irrespetuosos con nuestros superiores».
El Congreso Nacional había advertido en varias ocaciones que no reconocería el resultado de la consulta popular del 28 de junio. Arístides Mejía, comisionado vicepresidente, advirtió el 16 de junio a la prensa que si el Congreso Nacional desconocía los resultados de la cuarta urna, «llevaría al país a una crisis política de consecuencias imprevisibles».
«Una vez realizada la consulta del 28 de junio, el siguiente paso será que esa petición sea elevada al Congreso Nacional, quienes tienen la potestad de recibir o de rechazar el pedido del Poder Ejecutivo para colocar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre venidero», afirmó Mejía.
«En el caso de que digan que no se va aprobar por la vía del Congreso, la orden que se giraría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que ponga efectivamente la cuarta urna el 29 de noviembre» y que esto sería «un escenario complicado e imprevisible que lejos de arreglar la tensión tendería a complicar las cosas, por eso los legisladores deben flexibilizar sus posiciones para llegar a un acuerdo sobre la consulta legítima a la población», dijo.
El general Romeo Vásquez dio entonces la orden de prepararse para distribuir el material a nivel nacional, a partir del 25 de junio, para la que la consulta se llevara a cabo el día 28 de junio. Hasta ese momento (22 de junio) las Fuerzas Armadas aún estaban del lado del presidente Zelaya.
Desesperados, el Congreso Nacional aprobó el 23 de junio, en tercer y último debate, la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito. Esta ley prohíbe la realización de referéndums y plebiscitos 180 días antes y después de elecciones generales. Ramón Velásquez Nazar, vicepresidente del Congreso Nacional, manifestó en esa ocasión que «si el presidente quiere que se convoque a una consulta, lo puede hacer con las figuras del plebiscito y el referéndum aprobada, pero no podrá lograr que se apruebe la reelección».
Acorralados judicialmente, el 24 de junio el Instituto Nacional de Estadística de Honduras envió un informe al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo manifestando que ni el INE, ni el director ejecutivo, Sergio Sánchez, ni personal bajo su mando estará participando de la referida consulta mencionada en el decreto ejecutivo PCM-05-2009, ni se ha realizado acto administrativo de carácter general o particular, que conlleve al mismo acto administrativo que ha sido suspendido.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo envió entonces comunicación a la oficina de Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, ordenándole no cumplir con la orden emanada del decreto 027-2009, en donde se ordenaba a las Fuerzas Armadas y todas sus ramas, apoyar al Instituto Nacional de Estadística, en la realización de la encuesta nacional de opinión aprobada en consejo de ministros. Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto informó al presidente José Manuel Zelaya Rosales, vía mensaje de texto, que no podría seguir la orden de apoyar la cuarta urna, a lo que el presidente le pidió que él y la junta de comandantes, se vayan inmediatamente para casa presidencial. Una vez reunidos le plantean al presidente Zelaya tres alternativas: 1. relevar del mando al general Romeo Vásquez Velásquez; 2. que se les cambiara la misión y 3. que se fuera directamente la cuarta urna el 29 de noviembre el día de las elecciones. A lo que Zelaya toma la decisión de relevarlo y redacta ahí mismo el documento en el que destituye al general Romeo Vásquez Velásquez, donde también iba redactado la suspensión de la consulta.
Según el diputado César Ham, «en esa reunión al parecer acuerda con los grupos de poder suspender por 15 días la consulta, entonces se decide dar una cadena nacional. La redacción que tenía Mel de lo que iba a leer en cadena planteaba que suspendía por 15 días, no que renunciaba a la consulta, que suspendía por 15 días y que destituía a Romeo Vásquez, entonces cuando él baja y nos muestra la propuesta y todo, allí estaba Rafael Alegría, estaba yo (César Ham), estaba Juan Barahona, estaban varios de los dirigentes allí, entonces fue una situación que se increpó al presidente y le dijimos, entonces y cómo es que usted sale diciendo que va a suspender la consulta, lo que quiero decirle a usted es que usted tiene que estar consciente de lo siguiente, si nosotros no vamos a la consulta, esa gente va a venir por usted y por nosotros y nos va a volar la cabeza eso tenga la plena seguridad, me acuerdo que Israel Salinas le dijo: presidente qué le pasa, si usted suspende eso vamos a salir aquí denunciándolo y diciendo que usted es un traidor a la causa. Entonces me dijo el presidente, bueno hagamos una cosa, redactá vos, me dice, cómo querés que quede eso, pues, para que lo leamos».
Mel regresa a la reunión del consejo de ministros y anuncia que la consulta continúa. Edmundo Orellana, secretario de Estado en el Despacho de Defensa, presentó entonces su renuncia, porque no estaba de acuerdo con que se hiciera una encuesta en contra de una decisión judicial, que había ordenado que se suspendiera, aunque, de acuerdo a su criterio, la encuesta no era ilegal, pero había un fallo y había que respetarlo.
«Soy respetuoso de las leyes, soy abogado, profesor universitario y desde hace 40 años vengo abogando por el respeto a la Constitución y las leyes», manifestó.
Manuel Zelaya intentó inmediatamente buscar un reemplazo para el cargo de Romeo Vázquez, pero la búsqueda fue infructífera. Según afirmara César Ham, «previo a la cadena nacional, el presidente Manuel Zelaya le ofreció a todos (los coroneles), lo digo porque yo soy testigo de eso pues y le habló al coronel tal, al coronel tal, al otro no sé qué, unos que decían que eran amigos de él y no encontró a ningún coronel que quisiera sustituir al general (Romeo Vásquez Velásquez), no encontró ninguno, se lo ofreció a todos y nadie quiso».
En cadena nacional, Manuel Zelaya anunció la destitución del general Romeo Vazquez como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. «El gobierno de la república a la opinión pública nacional e internacional y al pueblo hondureño comunica… Que ante la crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido, recordando que es una atribución del Poder Ejecutivo, de conformidad con la misma Constitución de la República, mantener la paz y la seguridad interna de nuestro país, como Presidente Constitucional de la República, he decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velásquez, y aceptar la renuncia del abogado Edmundo Orellana Mercado como ministro de Defensa».
Luego del anuncio de la destitución de su cargo del general Romeo Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto y la renuncia del secretario de Defensa, Edmundo Orellana, interpusieron su renuncia los comandantes del Ejército, Miguel Ángel García Padget; de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez; y de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; en solidaridad con Romeo Vásquez Velásquez Cervantes.
De esa forma las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento habían estado del lado del presidente Zelaya, se presentaban públicamente en desacuerdo con el presidente. Pero José Manuel Zelaya se mantenía aún con la idea de llevar a cabo la consulta. Eduardo Enrique Reina, secretario privado del presidente, expresó a la prensa que la consulta «se mantiene porque no es vinculante», a pesar que la Ley de Plebiscito y Referéndum aprobada en el Congreso Nacional, impedía que se pueda hacer referendos o plebiscitos en los 180 días anteriores o posteriores a unas elecciones generales o municipales. «La consulta se enmarca en una Ley de Participación Ciudadana aprobada desde el 27 de enero de 2006 y que no se esta suplantando al referéndum, ni el plebiscito», manifestó Reina.
La noche del 25 de junio el presidente Zelaya quiso revertir su decisión de haber separado del cargo a Romeo Vázquez, mandó a Raúl Valladares a hablar con el general Romeo Vásquez para ofrecerle disculpas y que entendiera el nerviosismo del presidente, «ya que él tenía mucha presión de América del Sur» y a decirle que no lo han relevado todavía, a lo que el general Romeo le respondió que él ya no tenía al mando a las FF.AA.
Ese día, al abrir la sesión el presidente del Congreso Nacional expresó que se había hecho máximos esfuerzos para que las cosas se tornen como manda la Constitución de la República y para lograr la oportunidad de no romper el orden constitucional, que eso les había permitido hasta ese momento no «entristecernos por un golpe de Estado». Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos, se comunicó inmediatamente con Micheletti «amenazándolo que no hubiera ningún movimiento» para destituir a Zelaya. Micheletti contestó al embajador por teléfono: «pero embajador, si en su casa nos hemos reunido varias veces y todos los acuerdos los ha incumplido el presidente Zelaya y usted ha sido testigo presencial de las violaciones reiterativas que siguió haciendo a la Constitución el presidente Zelaya y usted ha sido complaciente de esa situación».
Entonces el embajador le dijo: «mire, si él consuma el acto de la constituyente y se queda, entonces, nosotros vamos a actuar». A lo que el presidente Micheletti contestó: «Sí, con una gran diferencia, que los que vamos a estar fuera del país, somos nosotros», porque según manifestó Micheletti, Manuel Zelaya ya lo había amenazas de que le iba a sacar del país.
El diputado Juan Orlando Hernández, al interior del Congreso Nacional, leyó ese día un pronunciamiento emitido por el Comité Central de Partido Nacional junto con los candidatos del partido en el que se establece que se ha decidido ir a elecciones el 29 de noviembre al costo que sea, además, ante la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, sin existir explicación sobre las causales de dicha destitución, hace un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se respete la institucionalidad del país, la Constitución de la República y demás leyes, y se deje de actuar en forma arbitraria contra las Fuerzas Armadas, quienes respetando la legalidad, se oponen al cumplimiento de órdenes contrarias a la ley y cuya ejecución ya fue suspendida por el Poder Judicial. Expresa el comunicado su solidaridad a las Fuerzas Armadas y le reitera su apoyo para defender el Estado de derecho y llama al pueblo a mantenerse alerta y al nacionalismo estar pendiente para defender la democracia y que prevalezca la concordia y el entendimiento.
El Partido Liberal presentó también un comunicado parecido. El diputado José Alfredo Saavedra al interior del Congreso Nacional leyó el pronunciamiento en el cual establecía que sienten satisfacción porque las acciones de las Fuerzas Armadas se han ejecutado de acuerdo a lo que manda la Constitución y ha traído paz, tranquilidad y respeto a los valores y tradiciones que ha costado construir. Felicitan a las Fuerzas Armadas porque han demostrado tener conciencia de su misión de mantener la paz interna, garantizar las libertades y garantías para alcanzar el desarrollo y bienestar de las familias hondureñas: «A todos los miembros de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento de la patria por haber evitado que se cayera en el autoritarismo, el desorden, la injusticia y la lucha entre hermanos» y expresó el agradecimiento a las personas e instituciones que «con sus manifestaciones han contribuido para poder vivir en paz y en democracia».
El diputado Marco Antonio Andino leyó otro comunicado del Partido Liberal en el que rechazó cualquier intento de continuismo y aboga por la defensa de la institucionalidad basada en la vocación democrática y pluralista del Partido Liberal y exhortan al presidente para que demuestre su lealtad a la Constitución y demás leyes, y desista de violar el marco jurídico y el Estado de derecho piden revocar la destitución de Romeo Vásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por desobedecer una orden ilegal y que la Corte Suprema de Justicia lo restituya.
José Arnoldo Avilés García, diputado del Partido Nacional, expresó en el Congreso Nacional que les han informado que a través de fuentes no oficiales y extraoficiales, que están tratando de entrar tropas extranjeras al territorio nacional, Y Carlos Sosa Coello remitía carta al secretario de la OEA para solicitar se convoque de manera urgente el consejo permanente para el 26 para tratar el riesgo político institucional y democrático en Honduras.
La fiscalía mientras tanto se preparaban a requisar el material electoral de la Cuarta Urna. Luis Rubí, fiscal general, ordenó la integración de un equipo de fiscales encabezado por Henry Salgado, titular de la Fiscalía contra la Corrupción para que en conjunto con el TSE procediera a la incautación del material, luego de la denuncia del pleno del TSE, en el MP, para que esta institución proceda de inmediato a decomisar toda la logística referente a la celebración de la encuesta de opinión.
La Corte Suprema, respondiendo al amparo presentado por los ciudadanos Rodrigo Mazariegos Zúñiga y el fiscal René Mauricio Aceituno contra la resolución del presidente de la república José Manuel Zelaya, de separar del cargo a Romeo Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., aceptó los recursos por unanimidad y decretó la suspensión provisional del acto reclamado, hizo referencia al artículo 280 de la Constitución de la República, (donde está establecido que el jefe del Estado Mayor Conjunto será nombrado o removido libremente por el presidente). Citan también el artículo 40 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas que establece que el jefe del Estado Mayor Conjunto tendrá una duración de tres años en su cargo y solo será removido por renuncia, incapacidad absoluta, inhabilitación del cargo por sentencia firme, pérdida o suspensión de la ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la ley y por finalizar su tiempo de servicio activo en las FF.AA.
A las 10:00 de la mañana de ese 25 de junio, el TSE recibió la comunicación judicial del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que declaraba ilegal la encuesta político electoral del 28 de junio, «por ser violatoria» a la Constitución de la república, de las organizaciones políticas y la Ley Electoral, y pedía que en el plazo de 24 horas se personase ante la Fiscalía General del Estado e instruya a las FF.AA. que se abstengan de recibir, custodiar y distribuir el material de la consulta de 28 de junio. El TSE interpuso la respectiva denuncia ante el Ministerio Público para que se proceda a decomisar todo el material electoral referente a la consulta de 28 de junio. El material fue dejado en depósito en las instalaciones de la Base Aérea.
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (José Saúl Escobar Andrade, David Matamoros Batson, Enrique Ortez Sequeira, Denis Fernando Gómez Rodríguez) y la Fiscalía General del Estado (a través de Henry Geovanny Salgado Núñez, Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Gelmer Humberto Cruz, Karelia del Carmen Amador) llegaron a las instalaciones de la Fuerza Aérea, dando cumplimiento a la resolución emitida por el TSE, procediendo al decomiso de 15 mil urnas de la encuesta, nombrando depositario al coronel Castillo Brown, quien les manifestó que ellos ya tenían información que Manuel Zalaya «había salido en unos buses y que venía para la Fuerza Aérea… a sacar las papeletas… yo les dije que por qué no se las llevaban (las urnas), pues ya que estaban ellos allí todos que porque no se lo llevaban, entonces uno de los fiscales fue categórico y me dice a mí: aquí están resguardadas… ustedes son militares y nosotros allá tenemos el edificio al lado de la calle, allá se nos meten y nos hacen estragos, entonces le digo: nos dejan un problema… empezamos nosotros a preocuparnos principalmente mi general Prince, preocupado por la situación que se estaba dando, pues adentro habían más de 120 mil galones de yeta 1, del combustible de aviación, más otros sitios críticos de cuestiones de armamento, con los que se da el servicio al Gobierno y a todas las instituciones y en caso de catástrofes… a servicio de la ciudadanía, incluyendo al avión presidencial para sus misiones, se llamó a la Policía, tuvimos un contingente de policías dentro de la unidad para que nos ayudara a resguardar la seguridad de la unidad».
El Presidente Zelaya, en Casa Presidencial, declaró a la prensa que «los militares no se gobiernan solos» y se movilizó a la Fuerza Aérea Hondureña en caravanas de vehículos con decenas de simpatizantes de la cuarta urna. Iba acompañado de varios funcionarios públicos, César Ham y Rafael Alegría entre otros. Llovía cuando con un nutrido grupo de personas entró a las instalaciones de la Base Aérea a retirar el material electoral.
«Botaron parte del muro, entonces nos preocupaba porque de aquí se miraba que la gente se estaba poniendo como violenta, aunque lo que se necesitaba que mi general Prince platicara con el señor presidente y decirle de que se le entregaba las urnas, pero que se evitara entrar… yo le dije señor (a Manuel Zelaya), viene mi general, quiere platicar con usted y se le van a entregar (las urnas)… yo estaba en el portón, hay fotos en los diarios de eso y entonces él dijo: sí, está bien vamos a platicar, pero, al conductor le dijo dale y entonces tiró el bus, yo estaba en el portón y me tiró el bus a mí y entonces yo tuve que soltar el portón y dejarlo pasar. Ellos metieron 10 personas (a las bodegas), nosotros metimos 4 soldados, solo por cualquier cosa, porque la bodega también tiene cuestiones de repuestos y todo, entonces que no se fuera armar ningún relajo… Se estaba tratando de hacer todo para evitar cualquier tipo de situación que fuera lamentable».
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, presentó esa noche un proyecto de decreto para «improbar la conducta del Poder Ejecutivo» por remover de su cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto. Nombró una comisión especial integrada por José Alfredo Saavedra, Gabriel Alfredo Jalil, Antonio César Rivera Callejas, el vicepresidente Juan Ramón Velásquez Nazar y José Toribio Aguilar Coello, quienes tenían además la misión de elaborar el proyecto de ley para separar de su cargo a Manuel Zelaya.
Cuando se iba tomar la decisión de separarlo del cargo, un contingente de Policía y Fuerzas militares hicieron presencia en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional pidió a las Fuerzas Armadas apoyar la acción de inhabilitar al presidente Zelaya porque él estaba en completa violación de la ley y se aprobó la moción presentada por el diputado Ramón Velásquez Nazar, relativa a crear una comisión especial para investigar al presidente Zelaya, por la violación a la Constitución; y su inestabilidad mental por no prestar la debida atención a los problemas de interés nacional y por no acatar los fallos judiciales en menoscabo del Estado de derecho. Se decidió luego suspender la sesión, convocando para el martes 30 de junio.
Marvin Ponce, diputado por la Unificación Democrática (UD), recuerda que la moción dirigida a improbar la conducta administrativa de Manuel Zelaya fue «el inicio de un golpe técnico» que le quería dar el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Se buscaba «redactar un informe para declarar inhabilitado al presidente de la república y darle un golpe de Estado y nombrar a Roberto Micheletti, como presidente de la república».
Rigoberto Chang Castillo, diputado por el Partido Nacional, expresó ese día a la prensa que ninguno de los 128 diputados del Congreso Nacional tenía la intención de dar un golpe de Estado, porque para ello se necesita obligatoriamente la capacidad bélica y que ninguno de ellos la posee.
Después de retirar el material electoral que estaba en resguardo en la Fuerza Aérea, Zelaya declaró que el Congreso Nacional no lo puede inhabilitar y que el único que lo puede inhabilitar es el pueblo. También declaró que en Honduras todos se reeligen y que el único que no se reelige es el presidente, pero la reelección es tema de la próxima asamblea nacional constituyente; sugiriendo a Micheletti instalar una «quinta urna».
Esa misma noche, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia contra el presidente de la república, José Manuel Zelaya Rosales, por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, solicitando que se libre orden de captura, suspensión del ejercicio de su cargo, orden de allanamiento de morada y se decrete secretividad sobre la causa. Se nombró al magistrado Tomás Arita Valle como juez natural, en sesión del pleno de magistrados de la CSJ.
Hugo Chávez, presidente de Venezuela seguía de cerca los acontecimientos en Honduras, advirtió a través de su programa de Televisión Aló Presidente, que en Honduras se estaba gestando un golpe de Estado en contra de José Manuel Zelaya Rosales.
La comisión del Congreso Nacional no logró llegar a una solución y solicitaron más tiempo para estudiar el proyecto.
«Ese jueves nos despacharon y nos dijeron que ese día no se iba a tomar ninguna decisión… y que estábamos sujetos a un segundo llamado», recuerda el diputado Wenceslao Lara.
Según manifestó Arturo Corrales, al día siguiente de los acontecimientos de la Fuerza Aérea, el presidente Zelaya lo convocó a una reunión a la casa presidencial. Estaban presentes Enrique Flores Lanza, César Ham, Patricia Rodas, Adolfo Lionel Sevilla y otros «con una pizarra allí explicándonos según él las bondades de su propuesta (las cuales eran esquemas de reformas a la Constitución, una especie de comités constitucionales en los barrios, en las aldeas, en los municipios para que de allí surgieran las propuestas de las reformas constitucionales y que de allí se hiciera la asamblea y que tuviéramos todos los partidos igualdad de representantes, una reforma sin constituyente) y toda la cuestión y al final no logramos acuerdo», manifestó Corrales.
Ya el presidente Zelaya no hablaba de una Cuarta Urna, sino de una constituyente. El general Romeo Vásquez llamó a las 3 de la tarde, según el manifiesta, «a un amigo del presidente Zelaya» para comunicarle «que no se metiera en ese problema, porque podían haber problemas a futuro y que los militares ya no sabían qué posición tomar y que ellos no se podían meter en aspectos políticos».
El viernes 26 el ejecutivo comenzó a distribuir el material electoral, incluidas 15,000 urnas, para la encuesta de opinión nacional de 28 de junio, con la participación de voluntarios, entre los que figuraban «campesinos, trabajadores y otros sectores del pueblo hondureño».
El sábado 27, la CSJ emitió orden dirigida al teniente coronel René Antonio Hepburn Bueso, por conducto del juez natural, José Tomas Arita Valle, afirmándole que por unanimidad del pleno, se proceda en el momento pertinente al allanamiento de la vivienda de José Manuel Zelaya Rosales, por suponerlo responsable de la comisión de los hechos delitos de atentar contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras, lo anterior a raíz del requerimiento fiscal presentado en la Corte Suprema de Justicia por parte del Ministerio Público (esta orden fue conocida públicamente hasta el 30 de junio).
Según manifiesta el general Romeo Vásquez Velásquez, a las 10 de la noche recibió una llamada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, que le comunicó que quería llegar a la casa del general. Acordaron verse en la Corte Suprema de Justicia. Allí el Presidente de la Corte le dio la orden a Vázquez Velazquez para suspender la consulta popular y una orden de captura contra el presidente Zelaya, y que si no se cumplía con la mencionada orden eran cómplices de la comisión de un delito en contra de la seguridad nacional que era traición a la patria. El general afirma que consultó con los abogados de las FF.AA., quienes establecieron que era una orden legal y que estaban en obligación de cumplirla.
Esa noche se convocó a los diputados del Congreso Nacional para sesión ordinaria al día domingo, según afirma César Ham, «con conocimiento de que se iba a separar del cargo al presidente de la República, no de que el presidente Zelaya había presentado su renuncia y que él ya no estaba en Honduras».
A las cinco de la mañana del domingo 28 de junio, el golpe de Estado entra en su etapa de ejecución.
César Ham cuenta que a esa hora recibió una llamada del presidente Manuel Zelaya: «Cuando miré una llamada del presidente Zelaya que decía Mel, entonces le contesté: aló presidente y escuché la gran tirasón al fondo y me dice César, César salí, me dice que hay golpe de Estado y qué pasó y qué pasó le decía yo, pero yo escuchaba la gran tirasón en el fondo… están entrando los militares a mi casa y se terminó la comunicación».
Según informe de juez ejecutor Tomás Arita Valle, a las seis de la mañana (cinco de la mañana según la hija de Zelaya), José Manuel Zelaya es detenido en su casa por las Fuerzas Armadas cumpliendo la orden de la Corte Suprema de Justicia emitido por el juez natural y ejecutada por el teniente coronel René Antonio Hepburn Bueso.
A las 6:30 de la mañana testigos afirman que el presidente José Manuel Zelaya salió de Tegucigalpa con destino a la Base Aérea en Comayagua, Enrique Soto Cano, en la aeronave marca west wind perteneciente al Estado de Honduras y operada por la Fuerza Aérea Hondureña.
A las 6:42 a.m. la aeronave aterrizó en la Base Aérea en Comayagua, Enrique Soto Cano para cargar combustible, ya que de acuerdo a los protocolos de la Fuerza Aérea, las aeronaves deben permanecer con el tanque vacío si no se tienen programados vuelos, según declaración del piloto y copiloto, en la audiencia inicial contra la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas. Ahí cargan combustible y se les informa que deben partir hacia la República de Costa Rica, saliendo a las 6:52 de la mañana.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés afirma en su testimonio que esa mañana, aproximadamente a las 7 a.m. recibió una llamada del embajador de EE.UU., Hugo Llorens, para notificarle lo que estaba sucediendo y que «tratara de detenerlo».
Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, recibió una llamada del diputado Rivera Callejas, subjefe de bancada del Partido Nacional. «En esos momentos Rivera Callejas me explicó que había una reunión en el Estado Mayor Conjunto por lo que había ocurrido. Pregunté qué era lo que había ocurrido, porque yo me venía despertando en ese momento y me dice: bueno es que se fue el presidente Zelaya, ya no es presidente de Honduras y está en este momento está llegando a Costa Rica. Le contesté que si esta decisión es del Congreso allí es dónde debemos estar todos para enterarnos de qué fue lo que pasó y él inmediatamente me dice: tenés toda la razón. Entonces le digo: convocá a todos los miembros del partido que vayan al Congreso, a ningún otro lugar. Estando allí el secretario del Congreso, don José Alfredo Saavedra, dijo que él tenía en sus manos una renuncia del presidente Zelaya y que él ya no estaba dentro del país y que había renunciado de su cargo, que esa era la realidad del momento».
La aeronave west wind donde se transportaba José Manuel Zelaya Rosales aterrizó en en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en la provincia de Alajuela, Costa Rica aproximadamente a las ocho de la mañana del domingo 28 de junio. El copiloto de la aeronave cuenta en su reporte que salió de la cabina, abrió la puerta de pasajeros y bajó las gradas, se ubicó en la parte de atrás y es cuando vio bajar al pasajero, José Manuel Zelaya, «vestido con botas, pantalón negro y sudadera gris». Afirma además que iba con una persona no identificada.
Las llamadas continuaban. A las 9:00 a.m. el embajador Hugo Llorens llamó nuevamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia para convocarle a una reunión en el Estado Mayor Conjunto, estando presentes el ministro de Defensa y algunos comisionados del TSE, solicitándole al abogado Jorge Rivera Avilés que apareciera en cadena nacional esclareciendo que había sucedido en la Corte, a lo que el abogado armó un comunicado en donde se determinaba lo que se había hecho entre el 25 y el 28.
Se comunicó telefónicamente también el secretario general de la OEA, José Miguel Inzulsa, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rivera Avilés afirma que en ese momento argumentó que el rompimiento del orden institucional se había dado desde el momento que se pretendía hacer una encuesta, que no estaba prevista en la Constitución. José Miguel Insulza le comunicó que va ir a Honduras y pide ser recibido. Al momento de la llamada el presidente de la Corte Suprema estaba reunido con el presidente del Congreso Nacional, con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y otras autoridades, estaban examinando la forma de restablecer el orden institucional que se había roto.
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, dijo que él se enteró por medio de los medios de comunicación que el presidente Zelaya había sido capturado y llevado para Costa Rica.
A las 11:20 a.m. (hora aproximada) José Manuel Zelaya dio una conferencia de prensa en Costa Rica, en compañía del presidente Óscar Arias, donde niega haber presentado renuncia y aclara que no ha pedido asilo político en Costa Rica sino que se encuentra en ese país en calidad de huésped.
Previo a dar inicio a la sesión del Congreso Nacional se reunieron en la sede del legislativo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio López, el diputado Toribio Aguilera, el fiscal general, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti y el diputado Juan Orlando Hernández para «discutir y analizar la situación».
«Cuando empezamos a argumentar sobre el tema de la falsedad o no de la renuncia hubo un criterio allí jurídico, bueno si al final es falso se va a comprobar, en todo caso, nosotros tenemos que partir del fedatario que de acuerdo al reglamento interno del Congreso es el secretario del Congreso, la secretaría del Congreso es el conducto por donde entran y salen todas las comunicaciones oficiales del Congreso. Antes de la decisión final en el pleno del Congreso, yo me movilicé a la casa de Porfirio Lobo con el diputado Celín Discua. Se convocó a María Antonieta, que era la jefa de campaña, y empezamos a discutir al momento de concluir llegamos al siguiente punto: nosotros no podemos dejar de participar en buscarle al país una continuidad en sus autoridades, pero no podemos avalar una decisión que no nos produzca de inmediato un gran diálogo para solucionar el problema», afirma Juan Orlando Hernandez.
A las 12:30 la sesión del Congreso Nacional dio inicio, previa comprobación del quórum, actuando en la junta directiva los diputados Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional; Juan Ramón Velásquez Názar, el vicepresidente José Alfredo Saavedra, secretario; María Felicita Guzmán Fonseca, prosecretaria alterna; y Gonzalo Antonio Rivera, prosecretario.
La Comisión especial del Congreso Nacional nombrada para investigar conducta administrativa del presidente de la república presentó su informe, por medio del diputado Ricardo Rodríguez, el cual fue firmado por los diputados Ricardo Rodríguez, José Toribio Aguilera Coello, Enrique Rodríguez Burchard y Wilfredo Bustillo Castellanos, en el que hacen referencia a las actuaciones de Zelaya han creado un clima de incertidumbre, confrontación y división de la sociedad hondureña.
«El Poder Ejecutivo ha ejecutado acciones desafortunadas, desafiando a las autoridades constituidas y al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que inciden en normal desarrollo de la vida nacional», cita el informe.
Luego de haberse suspendido la sesión del Congreso momentáneamente y de haberse dado lectura a la renuncia presentada por Manuel Zelaya y haber sido esta aprobada, se aprueba así también el proyecto de decreto que acuerda improbar la conducta del presidente de la república por sus reiteradas violaciones a la Constitución de la república, las leyes y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, «separar a José Manuel Zelaya del cargo de presidente constitucional de la república y nombrar a Roberto Micheletti Baín Presidente Constitucional de la República hasta finalizar el actual período de gobierno».
Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, en nombre de la bancada del Partido Nacional, manifiestó el apoyo a la sustitución legal, e hico conocer a los organismos internacionales que todo se estaba haciendo en el marco de la legalidad y de la paz.
El diputado Juan Ramón Velásquez Názar, argumentó que el Congreso Nacional ha dado respeto a la Constitución en los diferentes eventos que se han ido presentando y que esa última etapa, estaban procediendo a una sustitución de la manera como lo plantea la Constitución de la república.
José Toribio Aguilera, diputado del PINU, expresó en el Congreso Nacional que «había sido dolorosa la decisión de destituir a un presidente» y que quería darle un mensaje a las personas que se cuestionan si es correcto o no es correcto lo que había hecho ese día en el Congreso Nacional y pide que «se basen en el expediente jurídico de las diferentes instituciones del país».
Juan Ángel Rivera Tábora, diputado del Partido Liberal, expresó en el Congreso Nacional que en la defensa de la Patria, todos eran las Fuerzas Armadas y que el Partido Liberal aborrece los golpes de Estado y en sus idearios expresa que no acompaña a ningún continuismo gubernamental de ningún partido.
Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, expresó que ese día era un día triste para la hondureñidad. «La Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas, han procedido de acuerdo al ordenamiento jurídico; a falta del presidente, por la vía de renuncia, no se puede dejar al país en la deriva, es obligación del Congreso Nacional actuar en función de la Constitución, dado a que el vicepresidente de la república también había renunciado, sigue el presidente del Congreso Nacional». Juan Orlando Hernández dijo en esa ocasión que él como jefe de bancada del Partido Nacional y como secretario general del Comité del Partido Nacional, dio su apoyo al paso que se estaba dando y que deseaba «corregir algo aquí (en el Congreso Nacional) y que para el mundo también conozca que aquí no ha habido un golpe de Estado, aquí lo que ha habido es un funcionamiento del Estado de derecho».
Se aprobó por unanimidad de votos el punto contendiente de nombrar a Roberto Micheletti Baín Presiente Constitucional de la República hasta finalizar el período de Gobierno el 27 de enero de 2010. La sesión se levantó a las 02:25 p.m. convocando para ese mismo día a las 02:45 p.m.
A las 02:55 p.m. se abrió sesión en el Congreso Nacional. El diputado del Partido Democracia Cristiana, Juan Ramón Velásquez Názar, nombró a los diputados Jerry Dave Hynds Julio, Samuel Enrique Bográn Prieto, Mario Alexander Barahona Martínez, María Concepción Figueroa Torres, Flavio Javier Nájera Zelaya y Wenceslao Lara Orellana, para que pasen al despacho de la presidencia del presidente del Congreso Nacional, para invitar a Roberto Micheletti para que preste su promesa de ley como presidente de la república. Seguidamente Roberto Micheletti presentó su promesa de ley, expresando que habrán elecciones el 29 de noviembre y que asume: «En estricto respeto y cumplimiento a la Constitución de la república», siendo enfático al afirmar que «no llega a esa posición bajo la ignominia de un golpe de Estado, sino como producto de transición legal, tal y como está contemplado en las leyes».
Manuel Iván Fiallos Rodas, diputado del Congreso Nacional, presenta moción referente a nombrar a José Alfredo Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional, por el tiempo que falte para terminar el período de gobierno constitucional, la cual fue discutida y se aprobó.
Ese día, el Ministerio Público inició de oficio un investigación sobre la veracidad de la carta de renuncia de Zelaya ante el Congreso Nacional. Marcia Villeda, diputada por el Partido Liberal y vicepresidenta del Congreso Nacional, declaró al respecto que «la carta de renuncia fue recibida de manera formal y ellos como diputados tienen la obligación de darle trámite», también aseguró que lo sucedido no es un golpe de Estado, sino un cambio de poder ante la supuesta violación del presidente a la Constitución del país. «El presidente Zelaya violó la Constitución y se les ordenó a los militares actuar. Esto no es un golpe de Estado, es un cambio de poder».
Pero por más que las nuevas autoridades intentaban convencer al mundo de lo que había pasado era una sucesión constitucional, no lo lograban. La OEA ese día aprobó una resolución de siete puntos que condenó el golpe de Estado en Honduras, la detención arbitraria y la expulsión del presidente constitucional. La resolución exigía además el retorno inmediato, seguro e incondicional de José Manuel Zelaya a su cargo y declaraba que no se reconocería ningún gobierno que surja de esa ruptura inconstitucional.
El nuevo gobierno presidido Roberto Micheletti aprobó un toque de queda a nivel nacional por 48 horas a partir de las 09:00 p.m. a 06:00 a.m. manifestando que dicha medida era para resguardar el orden y mantener la tranquilidad en el país. Pidió a la prensa que esperara a que resuelva varios asuntos pendientes, asimismo rechazó las acusaciones de que en Honduras hubo un golpe de Estado: «En Honduras no ha habido un golpe de Estado, sino una sucesión presidencial», dijo, cerrando con lo que a partir de entonces sería su grito de campaña: «¡Viva Honduras!, ¡Viva Honduras!, ¡Viva Honduras!
