La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) interpuso una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Estado de Honduras, esto por atentar contra la libertad sindical, despidos masivos en el sector público, persecución y asesinatos contra empleados.
El Secretario General de la CUTH, Joel Almendarez detalló los hechos por lo cual han denunciado al estado de Honduras, entre ellas diversas arbitrariedades y acciones contra los derechos fundamentales del trabajador tales como despidos masivos, persecución y 14 asesinatos de miembros de organizaciones sindicales.
Denuncian que estos asesinatos ocurrieron en el periodo de 2010 a 2016 y manifiesta que no ha existido avance en las investigaciones, por lo que no se ha encontrado a los responsables de estos delitos y aún se mantiene en total impunidad, y destacó que solo un caso se ha llegado a judicializar con una sentencia condenatoria.
En los últimos cuatro años se registran 109 casos de violencia sindical y tanto el gobierno como el Congreso Nacional han sido incapaz de cumplir los acuerdos pactados. Por lo cual, se debe proceder con una reforma del Código del Trabajo que permita el verdadero ejercicio de las acciones sindicales y derechos laborales.
A la vez condenaron las acciones del gobierno y el ministro de Trabajo, Carlos Madero, al declarar ilegal la huelga de los miembros de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación y sus bases; esto con el fin de evitar la privatización de esos sectores.
También denunciaron que desde abril de este año cuando se creó la Plataforma, se han registrado 4 muertes en contextos de protesta, 3 actos de tortura, 33 heridos, 36 personas golpeadas de manera brutal, 32 amenazas de muerte, 1 personas criminalizada, 5 defensores de Derechos Humanos y 18 periodistas afectados, 3 comunidades militarizadas y 143 víctimas individualizadas.
En su denuncia expusieron que con la aprobación del nuevo código penal lo único que ha venido a generar es una alarma para el movimiento sindical pues serán considerados responsables de delitos penales y no se les permitirá negociar contratos colectivos; establece la autorización para la disolución de sus sedes y personerías.
