Un estudio de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ), reveló que se redujo la impunidad en la judicialización de casos de homicidio entre los años 2012 al 2017 a un 87 por ciento, o sea que se logra una condena de 13 casos por cada 100 homicidios
Durante el año 2013 la impunidad era del 96 por ciento, en otras palabras solo se judicializaban seis de cada cien casos, lo que demuestra una mejoría aunque no lo suficiente en opinión de Omar Rivera, Director de Incidencia de la APJ.
“Es importante reconocer el avance, no obstante habrá que dejar en claro que el factor más importante para reducir la impunidad en homicidios en estos últimos años ha sido el descenso en muertes violentas, pues la efectividad del sistema para sancionar judicialmente a quien comete el delito aún no ha desarrollado su capacidad institucional para dar el salto cuantitativo y cualitativo que se requiere”, detalló Rivera.
El estudio encontró que la reducción de la impunidad en homicidios se debe, entre otros factores a una reducción del número de muertes violentas, la mejora en la calidad de los expedientes de investigación criminal y los requerimientos fiscales y un incremento moderado de las sentencias condenatorias en los departamentos de Copán, Comayagua, Lempira y Choluteca.
En Honduras hubo 6757 homicidios en el año 2013 y 3866 en el 2017, mientras que en 2013 se dieron 298 sentencias condenatorias y 491 en 2017.
En el país solo se judicializa el 24 por ciento de los homicidios y únicamente se sanciona al 13 por ciento, por lo que deben asignar mayor cantidad de recursos a los unidades policiales, fiscalías especializadas y organismos judiciales para que mejoren la calidad del servicio y la eficiencia en el desempeño.
El Director Ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Alberto Hernández, expresó que “es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de investigación criminal y las capacidades profesionales del recurso humano que labora en ellas, especialmente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”.
Gisselle Vásquez, analista del Fondo Social de la Deuda Externa en Honduras (Fosdeh), considera que “el sector justicia tiene menos presupuesto que los de seguridad y defensa, por eso la diferencia en impunidad, no se pueden dar soluciones coyunturales a problemas estructurales”.
