Un tribunal con Jurisdicción Nacional declaró anoche inocentes a 22 personas a quienes el Ministerio Público (MP) acusaba de asesinato, asociación ilícita, ocultamiento de vehículo robado, uso de armas y municiones prohibidas.
A través de un comunicado el MP reaccionó a este hecho considerándolo extraño y denunció algunas anomalías en la decisión tomada.
“Dicho fallo absolutorio se dictó por mayoría y no por unanimidad, este juicio se realizaba por segunda ocasión, luego que hace año se anulara el primer debate en el que se detectaron una serie de irregularidades cometidas por parte del Tribunal de Sentencia que en ese momento dejó en libertad a varios miembros de esa estructura criminal, y ahora, de nueva cuenta absuelve al resto de imputados”.
Además reclamaron que el órgano jurisdiccional retrasó por más de un año el desarrollo del juicio, lo que afectaba el caso en lo atinente al vencimiento de la prisión preventiva de los imputados.
El presidente de la república, Juan Orlando Hernández, reaccionó con molestia a la noticia a través de un medio de comunicación considerando el hecho como indignante y de alguna forma lo hizo ver como sospechoso.
“Sentimos indignación y mucha molestia, pero tenemos que conocer más detalles y si detecta que hubo debilidad en el manejo de la situación pues que nos expliquen, pero si existe un manejo turbio o una triquiñuela también tenemos que saber porque esto no puede seguir así”, expresó Hernández.
Anunció que se le dará atención al hecho y se investigará a profundidad la causa, “primero quiero enterarme con FNA (Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas), el Gabinete de Seguridad para después conversarlo con el Consejo de Defensa y Seguridad, una investigación exhaustiva va a comparar y contrastar y sacar conclusiones para saber que ocurrió”.
Recalcó que si se encuentran responsables del hecho estos serán castigados “conocemos que se dieron eventos que normalmente no se dan en otros juicios, pero tenemos todavía que conocer los detalles, si encontramos anomalías se llevaran a los tribunales a quienes sean responsables, pero si es debilidad técnica que le dio otro tratamiento pues también, es demasiado grave lo que está en juego”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, expresó que “creemos que los jueces actúan de manera apegada a la ley, tenemos una Inspectoría de Tribunales que se encarga de castigar en caso de que haya irregularidades, si se conociera que se cometió un delito como fuere pues se deben de deducir las responsabilidades”.
“Si hay anomalías de empleados judiciales, jueces u otros miembros que sufrieron de presiones o coacciones serán llevados a los tribunales, hay que considerar si los elementos probatorios fueron débiles o no se llevaron con la convicción necesaria para lograr convencer al tribunal”, concluyó Argueta.
El abogado penalista, Félix Antonio Ávila comentó que “siento que quieren de alguna forma confundir y justificar su trabajo y errores, los órganos encargados de la persecución penal deben de analizar por qué este fallo, no es responsabilidad de los jueces fallar a favor del estado, si una persona es absuelta porque no hay méritos en su contra debe de ser absuelta y eso también es impartir justicia”.
Contrario a Ávila, el exjuez de sentencia de San Pedro Sula, Ramón Barrios expresó que “el sistema ha fallado porque ahora resulta que cabecillas de pandillas andan en la calle, lejos de fortalecerse el estado de derecho se debilita, estos pandilleros ya habían sido condenados, subió en casación y la CSJ detecto una irregularidad y se ha ordenado que se vuelva a realizar el juicio donde fueron absueltos.
El fallo se dictó por mayoría y no por unanimidad ya que un juez emitió un voto disidente, el MP desde ya anunció que presentará un recurso de casación para revertir la decisión.
