Por Óscar Esquivel
La carretera que va de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula fue reparada hace muchos años con fondos de la Corporación del Desafío del Milenio del gobierno estadounidense. Esta iniciativa fue puesta en marcha para contribuir al desarrollo de países en vías de desarrollo. Honduras fue excluida de la iniciativa Desafío del Milenio en el 2010, sin que hasta la fecha se haya podido acceder a sus recursos nuevamente por no cumplir con uno de los indicadores: control sobre la corrupción.
La dependencia del Estado que supervisa las obras de infraestructura a nivel nacional – entonces bajo el nombre de SOPTRAVI, ahora llamada INSEP–, es responsable de la apertura, reparación y mantenimiento de las carreteras. Los hondureños, por lo tanto, se ven obligados al pago de sus impuestos para que esta Secretaría del Estado de Honduras pueda cumplir con esa misión. Sin embargo, la administración que preside Juan Orlando Hernández, concesionó por veinte años prorrogables la carretera CA-5 a COVI Honduras, a través de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas, mejor conocida como Coalianza. Éste es un corredor logístico de suma importancia para la vida comercial de Honduras, puesto que comprende el trayecto de Tegucigalpa a San Pedro Sula hasta llegar a Puerto Cortés.
Según un comunicado de COVI, la concesionaria es la encargada de la “operación, mantenimiento, inversión en obras de ampliación a cuatro carriles y prestación de servicios de grúa, ambulancia y auxilio mecánico”. Según una fuente periodística datada en el 2017, COVI recaudó 550 millones de lempiras, y se calcula que en el 2018 habría recaudado el doble o más de la cantidad mencionada en el 2017 debido al incremento de las tarifas en las casetas de peaje. De acuerdo al contrato suscrito con el Estado de Honduras, a partir del 15 de enero de cada año las tarifas serán revisadas según el índice de precios del consumidor de Estados Unidos de Norteamérica.
Son tres las casetas de peaje en el corredor logístico. Una se encuentra situada a la altura de Zambrano, la otra está ubicada en Siguatepeque y una tercera se halla en Santa Cruz de Yojoa. Las tarifas van desde veintidós lempiras por el paso de un carro liviano hasta 260 lempiras por el paso de un vehículo de 6 ejes en cada caseta. De acuerdo a varios expertos, al día transitan un aproximado de 20,000 automóviles, que pueden llegar a los 40,000 en temporada alta, como lo fue la recién pasada Semana Santa. ¡Tremendo botín!
Hasta el momento se desconoce la nacionalidad de los dueños de COVI Honduras. No se sabe si son extranjeros u hondureños. Diputados del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación han mocionado para que se revise el contrato de concesión, sin que sus iniciativas hayan logrado tener eco. Esperamos que más temprano que tarde se revise el contrato y se deduzcan responsabilidades
en caso de encontrarse anomalías que afecten a la mayoría de los hondureños. No dudamos que cuando lleguemos a ser una verdadera república con una verdadera independencia entre poderes del Estado y libres de injerencias extranjeras, este tipo de “vejámenes” que hoy nos ocupan serán el recuerdo de un pasado oprobioso. Mientras tanto, el pueblo hondureño tiene la palabra.
