La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, FNSTU, forma parte de la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional (FUSINA), y estará conformada por 500 elementos, los que vigilarán las rutas del transporte urbano en la que las unidades cuenten con un botón de pánico que al momento que sea activado, las unidades motorizadas se trasladaran al sitio donde se dio la alarma.
Esta nueva fuerza contará con un número de 500 agentes, en Tegucigalpa y luego se extenderá a regiones del país como San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, entre otras. El Presidente, Juan Orlando Hernández y dirigentes del sector transporte estuvieron presentes en el acto de presentación de esta nueva fuerza de seguridad.
Uno de los objetivo será brindar protección y ofrecer mayor seguridad a los usuarios del servicio del transporte urbano, a motoristas y ayudantes de las unidades, también se busca disminuir la posible pérdida de vidas humanas (en especial de los motoristas y ayudantes), el pago de extorsión que exigen las maras y pandillas, y crear más seguridad.
Las personas afectadas podrán hacer sus denuncias, además, del centro de control que tendrá la nueva fuerza y que estará conectada al 911.
Las unidades del transporte urbano contarán además con cámaras de seguridad y se coordinarán las actividades con miembros de la policía, del ejército y de Inteligencia para coordinar las operaciones de esta fuerza.
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Los miembros de la nueva fuerza han sido capacitados durante varios meses para dar una respuesta inmediata, una vez que el botón de pánico de la unidad del transporte urbano ha sido activado los elementos miembros de la FNSTU se movilizarán en motocicletas para poder tener una reacción más rápida.
A pesar de la creación de fuerzas policiales adscritas a FUSINA como Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) no se puede frenar por completo el cobro de la extorsión, según la Encuesta Empresarial 2017 realizada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), más de 32 mil empresas han cerrado debido al cobro de la extorsión en los últimos seis años, consideran que la Policía no brinda suficiente seguridad y que las empresas gastan cada vez más en protección privada, a esto se suman los atentados y las muertes de conductores, ayudantes y el incendio de unidades de transporte como intimidación para que paguen el impuesto de guerra.
