Por Alex Yablon
El esfuerzo del gobierno por debilitar la supervisión de las exportaciones de armas podría empeorar la crisis de refugiados en América Central.
Cuando el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue reelegido en noviembre de 2017, en una votación que los observadores externos calificaron como contaminada por fraude, los manifestantes de todo el país salieron a las calles. El primer término de Hernández estuvo marcado por delitos violentos y corrupción; Muchos votantes querían el cambio.
En los días siguientes, la Policía Militar abrió fuego contra los manifestantes, matando a más de 30 personas e hiriendo a cientos. Las fotos publicadas en el Miami Herald mostraron a los oficiales disparando a algunos manifestantes por la espalda. También revelaron algo más: las tropas utilizaban rifles M4 de fabricación estadounidense, la versión militar del AR-15.
Los Estados Unidos proporcionan más armas pequeñas y municiones a Centroamérica que cualquier otro país. El mercado en la región se expandió constantemente durante el mandato del ex presidente Barack Obama y parece que también aumentará bajo el presidente Donald Trump, según los datos de aduanas recopilados por el programa Comtrade de las Naciones Unidas. Aunque las transacciones parecen pequeñas en comparación con los acuerdos multimillonarios de armas con los que Estados Unidos realiza, por ejemplo, Arabia Saudita —los Estados Unidos aprobaron entre $2 y $4 millones en ventas de armas por año a Honduras entre 2015 y 2017, el impacto de tales ventas puede ser sustancial en un país pobre con una población pequeña y un gobierno débil o corrupto.
Algunas de esas armas fueron a las autoridades que las usaron en contra de civiles inocentes, como muestran las protestas de 2017. Las armas que se ven en las fotos parecen haber sido exportadas por Colt’s Manufacturing, un fabricante de armas con sede en Connecticut. La empresa no devolvió las llamadas telefónicas en busca de comentarios. Otras armas terminaron en manos de delincuentes, a través de acuerdos ilícitos con oficiales del ejército corruptos, según un informe de 2017 realizado por dos grupos no gubernamentales que investigan la aplicación de la ley y la corrupción en América Latina. Cualquier otro país lo hace.
La violencia, la corrupción y el abuso en los países centroamericanos tienden a ser los principales factores que impulsan la migración a los Estados Unidos, un fenómeno que la administración de Trump se ha dedicado a frenar. Desde que las ventas de armas alimentan la violencia y la corrupción, Estados Unidos ha socavado sus propios objetivos al permitir los acuerdos con armas, según los expertos.
A principios de febrero, la administración de Trump finalizó un cambio de regla que facilitará aún más los tratos, lo que terminará con la supervisión del Congreso de muchas ventas de armas en el extranjero. El presidente está dispuesto a transferir el proceso de control de exportaciones del Departamento de Estado al Departamento de Comercio, que se encarga principalmente de aumentar las ventas de las empresas estadounidenses. Como resultado, los burócratas ya no tendrán que notificar al Congreso de muchas ventas de armas por valor de $1 millón o más. Lo único que impide que el cambio entre en vigencia es una suspensión del senador demócrata Robert Menéndez, y los expertos no están seguros de cómo puede evitar que la regla entre en vigencia. «El hecho de que la tasa de homicidios haya aumentado tanto en los últimos años debería ser un indicador de que este no es el momento de centrarse en las ganancias para las compañías de armas, en lugar de la seguridad de los ciudadanos de estos países», dijo la senadora republicana Norma Torres, originaria de Guatemala y fundadora de la Cámara de Representantes de América Central. «Viajando a México y al Triángulo del Norte y hablando con los políticos allí, este es el tema número uno que nos llama la atención», dijo, refiriéndose a los países del Triángulo del Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Exportaciones de armas de fuego de Estados Unidos a América Central
Según el analista Nicholas Marsh, Estados Unidos es el mayor proveedor de armas a nivel mundial, por lo que tiene sentido que domine el mercado en su propio patio trasero, quien realizó un seguimiento de los datos de la ONU sobre la Iniciativa Noruega sobre Transferencias de Armas Pequeñas, una organización no gubernamental. La proximidad geográfica reduce los costos de envío, lo que hace que las exportaciones a los países vecinos sean más rentables. Pero el negocio de exportación de armas de Estados Unidos también está profundamente vinculado al papel del país en la política regional. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos suministraron armas a los insurgentes anticomunistas, a los gobiernos y a sus paramilitares asociados, que usaron para cometer abusos contra los derechos humanos y en ocasiones, masacres. Al servicio de la guerra contra las drogas, Estados Unidos ha armado fuerzas policiales cada vez más militarizadas en todo el hemisferio. Más recientemente, los presidentes de ambos partidos han armado regímenes antidemocráticos y corruptos: el gobierno de Obama aprobó aumentar las ventas de armas a Honduras después de un golpe de estado en 2009, y el gobierno de Trump abrazó públicamente al presidente de Guatemala y le vendió armas a pesar de su abierta oposición a la ONU en los esfuerzos anticorrupción.
Bajo las reglas actuales de los EEUU, que la administración de Trump está a punto de eliminar, una compañía de armas que busca vender armas en el extranjero debe solicitar una licencia de exportación y proporcionar información sobre el comprador. Los funcionarios del Departamento de Estado examinan la solicitud en busca de señales de tráfico, como clientes desconocidos o en listas negras. La guía oficial del departamento sugiere tener en cuenta cómo el envío de armas podría afectar los objetivos de la política exterior de los EEUU, Incluido el contraterrorismo. También exige la consulta con las embajadas y la aplicación de la ley. Si el solicitante desea vender $1 millón o más en armas (o $14 millones o más en equipo militar más grande), el Departamento de Estado debe notificar al Congreso. Los funcionarios electos pueden entonces retrasar o cancelar tratos. Los oficiales del servicio extranjero también realizan controles de uso final para confirmar que la persona o entidad que recibe las armas coincide con el cliente en la solicitud. Los críticos en el Congreso y en agradecimiento argumentan que el proceso de exportación del Departamento de Estado todavía permite que se vendan demasiadas armas en áreas donde podrían usarse para dañar a civiles o para abastecer a los delincuentes, incluido el Triángulo del Norte.
Según John Lindsay-Poland, activista de Global Exchange que se centra en la política de comercio de armas de Estados Unidos en México, John Lindsay-Poland, activista de Global Exchange que se centra en la política de comercio de armas de EE. UU. Centroamérica. Las regulaciones de los EEUU para otorgar licencias de exportación simplemente dicen que el Departamento de Estado debería «tener en cuenta» riesgos como los abusos de los derechos humanos o la trata de personas. Un veterano del Departamento de Estado insistió en que las reglas eran más que solo escaparates. «Ciertamente, no fue el caso que estas transacciones fueran autorizadas y aprobadas de ninguna manera», dijo Ed Peartree, quien trabajó como director del departamento para la política de controles de comercio de defensa de 2013 a 2017. Peartree dijo que, bajo su supervisión, las solicitudes de licencia se denegaban de manera rutinaria, que se reducía el tamaño de las exportaciones y que se imponían amplias condiciones para el uso final de armas de fuego. A pesar de la legítima preocupación por la corrupción, Peartree dijo que había visto pocos casos documentados en los que las organizaciones criminales mexicanas o centroamericanas utilizaban las armas estadounidenses exportadas legalmente a fuerzas policiales o militares. Aun así, América Central «puede ser un entorno poco fiable para vender armas de fuego», y los esfuerzos de monitoreo requieren la cooperación de los gobiernos anfitriones, dijo. «Siempre se ha dado cuenta de que no sabemos lo que no sabemos» sobre lo que sucede con las armas de EEUU una vez que se envían.
Christina Arabia, que rastrea las exportaciones de armas pequeñas para el Centro para la Política Internacional, un grupo de expertos con sede en Washington, señala que el programa de monitoreo que Peartree describe tiene un alcance limitado. Según los informes anuales, solo alrededor del 1 por ciento de las exportaciones de armas reciben un cheque adicional para determinar si el usuario final es realmente la entidad que solicitó la compra de los productos en primer lugar. Los controles no examinan si los compradores pueden haber cometido abusos contra los derechos humanos. Incluso teniendo en cuenta estas limitaciones, una cuarta parte de todas las exportaciones investigadas cada año en todo el mundo violan la política de los EEUU.
Un informe de febrero de 2019 realizado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado encontró que los empleados a menudo no siguen las reglas existentes. Los auditores revisaron 21 solicitudes para exportar armas entre diciembre de 2017 y agosto de 2018. Aunque faltaba información de 20 aplicaciones, y los auditores dijeron que cinco estaban tan incompletos que deberían haber sido devueltos, todos excepto uno fueron aprobados. El Departamento de Estado no alertó al Congreso como se requiere en 17 de los 21 casos. Los auditores también encontraron que el Departamento de Estado no tiene una capacitación estándar para los oficiales que realizan verificaciones de uso final.
Pero el informe no condujo a un endurecimiento de la supervisión. El 4 de febrero, los funcionarios de los departamentos de Estado y Comercio informaron a los miembros del Congreso sobre el cambio de Trump, que está destinado a debilitar la supervisión de exportación de armas existente. Treinta días después, se suponía que el Departamento de Estado debía ceder a la responsabilidad del Departamento de Comercio de revisar las solicitudes para exportar todas las armas de fuego para disparar rondas de calibre .50 y más pequeñas, excepto las ametralladoras, aunque por ahora Menéndez ha puesto una suspensión en la implementación final de la regla.
Como resultado, los revisores de solicitudes de licencias ya no tendrán que notificar al Congreso sobre la mayoría de las ventas de armas grandes. Las personas que tienen la última palabra sobre las exportaciones tendrán menos experiencia que la que tenían normalmente sus contrapartes en el Departamento de Estado. Quizás lo más importante es que el Departamento de Comercio tiene el mandato de aumentar el negocio de las empresas estadounidenses por encima de las preocupaciones humanitarias. Según un informe publicado la semana pasada por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EEUU, El Departamento de Estado ha realizado cientos de controles cada año desde 2013 sobre cómo se utilizan las armas de fuego exportadas. El cuarenta por ciento de esos controles se realizaron en el hemisferio occidental. Pero el Departamento de Comercio no tiene empleados en la región que se especialicen en llevar a cabo tales controles ni planea contratarlos. Inmediatamente después de que el Congreso recibió su informe sobre el cambio final, dos representantes demócratas, Torres y Eliot Engel, anunciaron planes para introducir una legislación que revirtiera la política. Menéndez, junto con un grupo de copatrocinadores, presentó un proyecto de ley similar en el Senado.
La industria de las armas, mientras tanto, lleva meses preparándose. La revista comercial Shooting Wire publicó un artículo en junio pasado alentando a los negocios de armas a aprovechar las reglas más flexibles, señalando que ya no tendrán que lidiar con las notificaciones del Congreso y no necesariamente tendrán que revelar la cantidad de armas que envían a los clientes habituales. «[T] aquí ya no será un desincentivo regulatorio de los EEUU aceptar pedidos de compra de varios millones de dólares», señaló la revista. Cuando la administración de Obama consideró realizar un cambio similar en 2009, los funcionarios organizaron reuniones informativas con expertos de varios grupos de expertos centrados en el control de armas. Entre los participantes se encontraba Colby Goodman, un experto de larga data sobre política de comercio de armas de fuego que ha trabajado para Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. Goodman dijo que los funcionarios de la Casa Blanca le dijeron que creían que «el sistema de control de exportaciones en su conjunto era demasiado complicado y perjudicaba las ventas de la industria de defensa en un momento de recesión». Dijo que los funcionarios le explicaron que no tenía sentido someter la exportación de pernos y tornillos al mismo nivel de escrutinio que los aviones de combate. Pero a Goodman le preocupó descubrir que la administración de Obama también quería alentar las ventas de armas de fuego, no solo los componentes de hardware.
El Departamento de Estado de Obama abandonó la idea tras el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en diciembre de 2012. Los funcionarios de Trump no se acercaron a los expertos en comercio de armas para discutir el cambio de la regla. Jeff Abramson, el fundador del Foro sobre el Comercio de Armas, tuvo que exigir una reunión. «[La administración de Trump está] interesada en más y más ventas y [ha expresado] ninguna preocupación por los derechos humanos», dijo. Peartree tiene una impresión similar de la actitud de los funcionarios de Trump hacia los derechos humanos y el tráfico de armas. Ellos «no podían dar una cogida voladora», dijo.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: “Es importante tener en cuenta que independientemente del departamento que controle la exportación, todos los artículos seguirán sujetos a los requisitos de licencia de exportación, revisión interinstitucional y supervisión de las entidades comerciales involucradas en la exportación y las ventas. Se requerirá una autorización del gobierno de los EEUU para todas las exportaciones de estas armas de fuego ”. El Departamento de Comercio respondió a una solicitud de comentarios con un correo electrónico con un enlace a una pregunta frecuente.
Traducción El Pulso
