El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), por la supuesta malversación de 25 millones de Lempiras, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el exministro de Finanzas Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez en su gestión en el año 2013.
A través de su presidenta, Gabriela Castellanos, el CNA anunció el haber descubierto una red para drenar fondos destinados a la erradicación de la pobreza y que en cambio fueron usados para otros fines.
Castellanos detalló que: “desde el despacho de la presidencia y el despacho de la primera dama se enviaban solicitudes de fondos al Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (CODEPANI), estos aprobaban los fondos en sesiones ordinarias o extraordinarias y luego eran trasladados a la Secretaría de Finanzas”.
Según Castellanos, a través de esos procedimientos se traspasaron más de 310 millones de Lempiras provenientes del PANI y el entonces Secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato Rodríguez les daba trámite a las peticiones de la pareja presidencial, de estos 160 millones fueron transferidos a solo 12 días antes de las elecciones generales y 3 meses antes de terminar la presidencia de Lobo.
Continúa explicando que “tanto el expresidente Lobo Sosa como la exprimera dama (Rosa Elena de Lobo), solicitaron en un mismo día en dos notas diferentes la cantidad de 150 millones de lempiras al PANI, 100 millones del bono diez mil y 50 millones para el programa calzando y vistiendo a los niños de Honduras”.
De estos, según el CNA se dio el uso incorrecto de al menos 25 millones de lempiras que eran destinados a programas sociales y que fueron empleados para la seguridad del expresidente Lobo, específicamente a la Guardia de Honor Presidencial,
Castellanos fundamenta expresando que “la denuncia presentada contiene todos los indicios racionales suficientes que determinan la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos por cambio de destino, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios que fueron ejecutados tanto por el expresidente de la República 2010 – 2014 y el secretario de estado de la gestión financiera, Lobo envió una solicitud al exsecretario de Finanzas requiriendo la transferencia de 25 millones de Lempiras que serían utilizados para seguridad presidencial”.
En su defensa, el expresidente Lobo detalla que ese tipo de transferencias son normales y legales y detalla el por qué la realizaron “el 2013 era un año de elecciones y corresponde a la Guardia de Honor presidencial dar seguridad a todos los candidatos desde un año antes, de manera que si algo más se ocupaba tocaba hacerlo, había que decirlo para qué era, jamás tocaría un centavo de los pobres”.
Cabe destacar que según el CNA el presupuesto de la Guardia de Honor Presidencial para el año 2013 era de 120 millones de Lempiras, por lo que no considera necesaria la millonaria transferencia que solicitó Lobo.
Lobo considera que él y su familia son víctimas de persecución política y califica la acusación en su contra una “canallada”, porque «se acusa con pruebas y quienes han sido acusados los han enfrentado en los tribunales generalmente sin ninguna razón ni justificación por no decir casi total”.
“No le encontramos más que una canallada de este gobierno, una canallada más contra mi familia, contra nosotros, vendrán más seguramente, pero a nosotros nos enseñaron a estar firmes contra las adversidades”, declaró Lobo.
Denuncia que las acusaciones llegan del más alto nivel, aunque sin dar nombres expresa que “lo que digo y ataco es la falta de lealtad de una persona que el partido nacional hizo presidente y hoy esta persiguiendo a sus líderes, y eso está clarito … por qué solo (se acusa) el gobierno de 2010 2014, mi partido es noble, solo es por un malo que anda por ahí, ustedes bien saben quién es, algo inédito anda por ahí, como decían caiga quien caiga, pero no caigo yo”.
Por su parte, el presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, expresa su solidaridad para con el exmandatario, pero asegura que deben de enfrentar la justicia si han cometido delitos “es un momento difícil para él y su familia, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho al buen nombre se deben de garantizar, pero nadie está por encima de la ley ya sean nacionalistas, liberales o de libre, hasta que no sean vencidos en juicio no se debe de considerar culpable a nadie”.
Actualmente guarda prisión en Estados Unidos por narcotráfico uno de los hijos del expresidente Lobo, y enfrentan la justicia por corrupción su esposa Rosa Elena de Lobo por el caso denominado «Caja chica de la dama» y su hermano Ramón Lobo Sosa por el caso «Caja Chica del Hermano», donde también se acusa a Wilfredo Francisco Cerrato Durón, padre del otro acusado en este caso y actual presidente del Banco Central de Honduras.
Lea la denuncia completa del CNA aquí:
