Por Luis Alonso Pérez | huffingtonpost.com.mx

La Oficina en Washington para América Latina (WOLA) advierte que el proyecto de Guardia Nacional propuesto por AMLO no va a resolver los causas ni las consecuencias de la violencia en México.

Todos los presidentes mexicanos desde José López Portillo han prometido emprender reformas policiales, considerándolas como prioritarias en sus esfuerzos por fortalecer el estado de derecho y combatir la delincuencia en el país.

Por desgracia, todos han fallado, y en su lugar han ampliado el papel de los militares mexicanos en tareas de seguridad pública. La justificación prevalente es que la utilización de militares era necesaria hasta que se contara con una policía civil que pudiera asumir completamente su papel de seguridad pública.

Para la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) resulta preocupante que el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, intente seguir el mismo camino que ha fallado una y otra vez para resolver los problemas de violencia e inseguridad del país, al proponer la creación de una Guardia Nacional.

Durante más de dos décadas, la WOLA ha expuesto los graves riesgos que plantea la militarización de la seguridad pública en América Latina y ha abogado contra la utilización de la asistencia de los Estados Unidos para cumplir con estos fines».WOLA

A la luz del plan de seguridad propuesto por López Obrador y las audiencias que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados esta semana, WOLApresenta una serie de preocupaciones y observaciones con respecto a la propuesta de crear una Guardia Nacional.

Los militares y la policía no son intercambiables

Un problema fundamental con la militarización de la seguridad pública es que las fuerzas armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil. Las fuerzas policiales civiles están capacitadas para enfrentar las amenazas a la seguridad pública, utilizando la menor fuerza posible, con la confianza y la cooperación de la población.

En contraste, los soldados están entrenados para usar la fuerza para vencer a un enemigo en situaciones de combate, haciéndolos incapaces de estar en contacto cercano con civiles.

La Guardia Nacional propuesta, incluso bajo un liderazgo temporal de cinco años de la SEDENA, otorgaría poder y discrecionalidad adicional a las fuerzas armadas».WOLA

La militarización de la seguridad pública en México no ha reducido la violencia y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos.

Durante más de una década, el despliegue de soldados mexicanos en todo el país para patrullar las calles y acabar con la delincuencia organizada no ha reducido efectivamente la delincuencia y la violencia. El año pasado fue el año más violento registrado en México, y el número de víctimas fatales civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad sigue siendo alarmantemente alto.

La presencia de soldados mexicanos en las calles ha dado como resultado graves violaciones de derechos humanos. Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 10,000 quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Entre 2007 y junio de 2017, la CNDH emitió 148 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas de México por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza, entre otros.

La creación de una Guardia Nacional no aborda los débiles mecanismos de rendición de cuentas en relación con violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas

De acuerdo con las reformas constitucionales propuestas, los delitos cometidos por miembros de la nueva fuerza en el ejercicio de sus funciones serán investigados por las autoridades civiles correspondientes, mientras que los delitos relacionados con la disciplina militar serán investigados por las autoridades militares.

Sin embargo, existe un gran problema con esto: las autoridades civiles tienen un pobre historial en lo que respecta a la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Nuestra investigación, basada en estadísticas oficiales proporcionadas por las autoridades mexicanas, muestra que entre 2012 y 2016, el 96.8 por ciento de los abusos militares investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), permaneció impune.

La creación de la Guardia Nacional tampoco aborda la falta de rendición de cuentas dentro de la policía

Los controles internos y externos sobre la policía en México, incluida la Policía Federal, siguen siendo débiles, mientras hay amplias violaciones de derechos humanos por parte de estas fuerzas.

Como parte de la sentencia de los abusos de San Salvador Atenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno mexicano a establecer un observatorio independiente a nivel federal encargado de vigilar el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal y la policía del Estado de México. Con la participación de la sociedad civil, el observatorio también será responsable de dar seguimiento a las políticas establecidas para la rendición de cuentas de la policía.

Una Guardia Nacional militarizada no resolverá los problemas de violencia, inseguridad e impunidad de México

Antes de ser declarada inconstitucional, la Ley de Seguridad Interior fue ampliamente criticada por expertos en seguridad, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, ya que autorizó una mayor participación de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad pública y no preveía mayores controles o mecanismos de supervisión.

En lugar de reformar la Constitución mexicana para consolidar el papel de los militares en la seguridad pública, el gobierno de López Obrador debe desarrollar una estrategia encaminada al retiro gradual de las fuerzas armadas mexicanas en la seguridad pública, limitar estrictamente el tiempo y participación de las mismas en cualquier tarea de seguridad pública e invertir los recursos necesarios para crear instituciones policiales civiles sólidas y respetuosas de los derechos humanos que puedan prevenir y combatir la delincuencia con la confianza de la población mexicana.