Los miles de migrantes centroamericanos que salieron en caravana huyendo de la pobreza y violencia se enfrenta a varias disyuntivas, la primera es quedarse en México, otra es cruzar la frontera ilegalmente y por la que la mayoría opta, solicitar asilo en Estados Unidos, este es un proceso largo y complicado que en la mayoría de casos es denegado y se determina en gran parte por la respuesta a la pregunta «¿Tiene miedo de regresar a su país?»
Bessia Martínez salió junto a sus dos hijas de cuatro y cinco años el pasado sábado 14 de octubre desde San Pedro Sula junto a unos cuatro mil hondureños más, abandonando su país y esperando una oportunidad en los Estados Unidos, luego de un mes y medio de viajar por Guatemala y México, esta oportunidad le fue brindada en menos de 48 horas luego de haberse entregado a inmigración al saltar el muro de la frontera sur.
“Saltamos el muro y migración llegó y nos detuvo, nos llevaron a un centro de retención, ahí nos trataron mal, nos dijeron piojosos, pero gracias a Dios nos liberaron y ya estamos adentro de Estados Unidos que era nuestra meta”, expresó a medios de comunicación Martínez.
Al ser interrogada por autoridades en un centro de detención Martínez aseguró que tomó la decisión de abandonar su país porque no tenía comida para sus hijas y temía por sus vidas debido a las pandillas, ante la pregunta ¿Tiene miedo de regresar a su país? Su respuesta fue afirmativa y esto le basta para optar por el asilo, esta libre pero su audiencia de asilo puede tardar varios años, aunque afirma que lo prefiere ante el riesgo de morir en Honduras.
Según la ley de los Estados Unidos, una vez que alguien ingresa a su territorio tiene derecho a solicitar asilo, el gobierno no está obligado a concederlo, pero tampoco puede rechazarlos y obligarlos a regresar a México o deportarlos.
En 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de personas desplazadas que albergó a unos 350.000 refugiados de Europa por los siguientes cuatro años. En 1967 firmaron los protocolos de refugiados que los definen como personas que están fuera de su país y temen regresar debido a un temor fundado de persecución basado en religión, raza, nacionalidad o pertenencia a un grupo social o político en particular. En 1980 aprobaron la Ley de Refugiados dejando un sistema integral para otorgar asilo en caso de cumplir los criterios descritos en el protocolo de refugiados.
ESCALADA DE SOLICITUDES DE ASILO
En el año 2008 menos de cinco mil personas detenidas por agentes fronterizos expresaron temor de regresar a sus hogares, pero actualmente ese número ha aumentado en casi un dos mil por ciento, a más de 97,000.
El aumento exponencial en la migración comenzó en 2014 durante la presidencia de Barack Obama cuando una afluencia de menores no acompañados y familias cruzó la frontera sur, esto en parte debido a la facilidad con que las personas eran detenidas y liberadas, logrando un estatus legal temporal y trabajar por unos años mientras esperan su turno en corte para determinar su solicitud de asilo o deportación.
La administración del presidente Donald Trump expresa que este es precisamente el problema, que después de que los solicitantes de asilo pasan sus entrevistas de temor creíble, son liberados de la custodia para esperar su cita en el tribunal de inmigración. A esto Trump le llama «captura y liberación», dejando un sistema saturado con un atraso de 791,821 casos, otorgando fechas para presentarse a corte meses o años en el futuro.
En el año fiscal 2018 aproximadamente el 89% de los más de 34 mil casos de los solicitantes de asilo pasaron esta evaluación inicial de «miedo creíble», los jueces concedieron asilo en solo el 17% de los casos al final, pero los solicitantes estuvieron durante al menos un año en Estados Unidos.
Mantener a los solicitantes de asilo es costoso, en promedio cuesta 319 dólares diarios por persona mantener a cada miembro de las familias migrantes, costo que se debe de multiplicar por miles al día, por semanas, por meses o incluso podría ser por años.
Las Cortes de Migración dependen del Poder Ejecutivo, específicamente de la oficina del Fiscal y al ser un caso civil el gobierno no está obligado a proveer un abogado, si no lo puede pagar el solicitante de asilo tiene que defenderse por sí mismo.
Elena, una mujer de San Pedro Sula explica que se fue en el año 2015 de Honduras porque no soportaba el acoso de las pandillas en la zona en que vivía, en tan solo tres años mataron a dos de sus vecinos y otro pandillero violó a su mejor amiga la cual quedó embarazada, debido a esto huyó del país y logró llegar a los Estados Unidos, pero no logró sustentar su caso en la corte y el juez en tan solo un minuto y 43 segundos de audiencia decidió deportarla, esta es la transcripción de su audiencia en la corte:
- Juez: Leí que el oficial de asilos dijo que usted alega que los miembros de maras y pandillas estaba obsesionado con usted, que quería obligarla a estar con usted y que abriera una cuenta de banco para que depositaran ahí el dinero de la pandilla y usted se negó
- Elena: Sí, yo dije que no
- Juez: Se mudó a otra ciudad en Honduras antes de ser detenida
- Elena: No
- Juez: El gobierno de los Estados Unidos no puede darle protección por este tipo de razón, confirmo la decisión del oficial de asilo
Al ser deportada continuó siendo acosada por los pandilleros y se tuvo que mudar de ciudad, pero solo estuvo tranquila seis meses y nuevamente estos la encontraron y amenazaron, cuando sucedió la audiencia de Elena el Fiscal General era el republicano Jeff Sessions, quien considera que la violencia doméstica y la violencia de pandillas no debe de ser un causal para dar asilo.
Elena intentó este año volver a Estados Unidos pero fue deportada en México y asegura lo volverá a intentar el próximo año, esto coincide con las estadísticas que indican que a pesar de ser deportados, los hondureños hacen en promedio cuatro intentos por llegar a Estados Unidos.
Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, solo un 37 por ciento de los solicitantes de asilo tiene un abogado defensor, y los demás se tienen que representar solos y por increíble que parezca, incluso niños de 2 a 17 años se representan solos en la corte, siendo una práctica legal y tolerada.
El presidente Trump y muchos de sus partidarios argumentan que las leyes de asilo están siendo explotadas, que los migrantes que solicitan el estatus de refugiado o asilado solo pretenden huir de la violencia como una forma de colarse en el país a través de una puerta trasera legal.
La administración Trump está librando una guerra política contra los solicitantes de asilo, intentó evitar la masiva migración con la política de separación familiar diseñada para disuadir a las familias solicitantes de asilo, pero con esto granjeó mucho rechazo al separar a unos 2600 niños de sus padres y en algunos casos mantenerlos en jaulas y en condiciones precarias, prometió una reunificación familiar que desde el mes de junio no ha logrado cumplir totalmente, habiendo al menos 80 niños de los que se desconoce el paradero y no han sido reunidos con sus padres.
En junio, el exfiscal general Jeff Sessions redujo los criterios de asilo para descalificar a las víctimas de pandillas o violencia doméstica. En octubre, la administración Trump ordenó a miles de soldados en servicio activo en Texas, California y Arizona que se movilizaran a la frontera para detener la caravana de centroamericanos que se dirigía en a la frontera a pie, autorizándolos a usar fuerza letal de ser necesario.
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En noviembre emitió una nueva regla que prohibirá a todos los migrantes durante 90 días la búsqueda de asilo si no llegan a través de los puertos de entrada designados, pero esta decisión fue revocada por un juez federal.
Lo que se ha vuelto más efectivo durante los últimos meses es la práctica de limitar el número de solicitantes de asilo que pueden ingresar a los EEUU mediante una política que denomina «medición». Diciendo a quienes intentan entregarse y solicitar asilo que no hay lugar para ellos y les ordenan que esperen, esta práctica fue también implementada por Obama en el 2016 para limitar el ingreso de haitianos.
No existen cifras oficiales de la cantidad de personas que permiten entrar como asilados cada día, pero por ejemplo en el puerto de Nogales, Arizona desde mediados de mayo hasta finales de julio solo se permitía la entrada a unas tres familias por día mientras que en El Paso, Ciudad Juárez, los solicitantes de asilo que son admitidos en los Estados Unidos tienden a decir que han estado esperando unos cinco días, según Shaw Drake de la Universidad de Arkansas.
Esta política tiene a más de cinco mil centroamericanos esperando su cita en el puerto de entrada en la ciudad de Tijuana, donde se han instalado en carpas, aunque muchos no se mueven del puente a la espera de ser llamados para entregarse a las autoridades y pedir asilo.
Las personas que buscan asilo, ya en territorio de EEUU se encuentran bajo custodia federal hasta que pueden someterse a una entrevista de selección con un oficial de asilo, y necesitan verificación médica y de antecedentes.
La encrucijada para la administración Trump es que buscan asilo «de la manera correcta», amparados bajo la ley se enfrentan a un presidente que rutinariamente dice que todos los solicitantes de asilo deben darse la vuelta e irse a casa, y una administración que ha intentado reducir radicalmente el alcance de este estatus, el uso de la medición encaja muy fácilmente en una estrategia general de intentar reducir Inmigración a los Estados Unidos.
El comisario de Aduanas y Protección Fronteriza Kevin McAleenan declaró que «No estamos rechazando a la gente, les estamos pidiendo que esperen».
Es un juego de paciencia el que se desarrolla en la frontera sur, si los migrantes se cansan de esperar y ser rechazados, se hartan de estar en el limbo, aunque Trump anunció que «vamos a instalar carpas en todo el lugar, pero no los vamos a dejar andar por Estados Unidos», lo cual sería muy honeroso para su gobierno y rechazado por los demócratas.
Los abogados de inmigración y los defensores argumentan que la detención prolongada de los solicitantes de asilo simplemente no funciona, es inútil aunque admiten que la detención puede disuadir a algunos migrantes. Organizaciones que velan por el derecho de los migrantes han argumentado en los juicios que la detención prolongada de solicitantes de asilo viola tanto la directiva del servicio de Inmigración y Fronteras (ICE) así como la Convención de Refugiados de Estados Unidos.
También entra a debate el trato que se le da a los migrantes a la espera de ser escuchados en corte, se destaca el caso de Roxana Hernández Rodriguez, una mujer transexual que huyó del acoso y violencia por su orientación sexual en Honduras para morir tan solo 9 días después de ser enviada a un centro de detención en Nuevo México; la autopsia indica que murió por una deshidratación severa agravada por padecer de VIH, pero también tenía moretones típicos de las esposas y traumas causados por golpes, por lo que habría sido víctima de abusos físicos mientras estaba en custodia de los Estados Unidos.
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Yazmin Suárez, madre de una niña de un año llamada Mariee, demandó a ICE por 60 millones de dólares, ya que su hija murió seis semanas después de estar detenida en Texas y su madre alega que contrajo la enfermedad en el centro de detención, sus abogados consideran que el fallecimiento es responsabilidad del gobierno de Trump, ya que «decidieron encarcelar a una pequeña niña por lo que el gobierno es el responsable de darle al menos condiciones de vida decentes así como la seguridad e higiene apropiadas».
Una de las soluciones que aplicó Obama, pero que Trump rechaza, es liberar a los migrantes con monitores de tobillo e inscribirlos en programas de administración de casos. Esto ha demostrado ser más barato y más efectivo que la detención.
