El gobierno de Estados Unidos separó a 81 niños migrantes de sus familias en la frontera con México desde la orden ejecutiva de junio, que detuvo la práctica en medio de la represión de cruces ilegales, según datos oficiales obtenidos por The Associated Press.
A pesar de la orden y la decisión posterior de un juez federal, a los funcionarios de inmigración se les permite separar a un niño de los familiares en ciertos casos, alegando razones que van desde cargos criminales graves contra un padre, inquietudes sobre la salud y el bienestar de un niño o inquietudes médicas.
Esta disposición se implementó antes de la política de tolerancia cero que provocó las separaciones anteriores en la frontera.
El gobierno decide si un niño encaja en las áreas de preocupación, lo que ha preocupado a abogados de familias y a grupos que abogan por los inmigrantes acerca de que los padres sean falsamente etiquetados como criminales.
Desde el 21 de junio, un día después de la orden del presidente Donald Trump, hasta el martes pasado, 76 adultos fueron separados de los niños, según los datos del gobierno.
De ellos, 51 fueron procesados penalmente, 31 con antecedentes penales y 20 por otros motivos no especificados, según las cifras a las que accedió AP.
De acuerdo con los datos de inmigración, nueve fueron hospitalizados, 10 tenían afiliaciones de pandillas y cuatro tenían órdenes de extradición. Dos fueron separados debido a violaciones de inmigración anteriores y órdenes de expulsión.
«El bienestar de los niños bajo nuestra custodia es primordial», dijo Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos.
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«Como ya dijimos y los números muestran: las separaciones son raras. Si bien hubo un aumento rápido durante la tolerancia cero a medida que más adultos fueron procesados, las cifras han regresado a sus niveles anteriores», señaló.
En su apogeo durante el verano, más de 2.400 niños fueron separados. La práctica provocó la indignación global de los políticos, humanitarios y grupos religiosos que la calificaron de cruel e insensible. Imágenes de niños llorando y padres angustiados y confundidos estaban en titulares de periódicos y en los noticieros de la televisión.
Un juez federal que escuchó una demanda presentada por una madre que había sido separada de su hijo prohibió más separaciones y ordenó al gobierno reunir a las familias.
Pero la jueza, Dana Sabraw, dejó las advertencias en su lugar y dio la opción de desafiarlas con la posibilidad de más separaciones de forma individual.
El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt, quien presentó una demanda en nombre de la madre, dijo que esperaba que el juez ordenara al gobierno que los alertara sobre cualquier nueva separación, porque en este momento los abogados no saben de ellos y por lo tanto no pueden impugnarlos.
«Estamos muy preocupados de que el gobierno pueda separar a las familias basándose en vagas acusaciones de antecedentes penales», dijo Gelernt.
Según los datos del gobierno, desde el 19 de abril hasta el 30 de septiembre, se separaron 170 familias porque se encontró que no estaban relacionadas, lo que incluía a 197 adultos y 139 menores.
Eso podría incluir a los abuelos u otros familiares si no hubiera pruebas de la relación. Muchas personas que huyen de la pobreza o la violencia abandonan sus hogares apresuradamente y no tienen certificados de nacimiento o documentos formales con ellos.
Otras separaciones se debieron a que los niños no eran menores, según los datos.
De acuerdo con la información, durante el año fiscal 2017, que comenzó en octubre de 2016 y finalizó en septiembre de 2017, se separaron 1,065 unidades familiares, lo que generalmente significa un niño y un padre: 46 debido a fraude y 1,019 por motivos médicos o de seguridad.
Waldman dijo que los datos muestran «de manera inequívoca que los contrabandistas, traficantes de personas y actores infames están intentando usar a cientos de niños para explotar nuestras leyes de inmigración con la esperanza de ingresar a Estados Unidos».
Miles de inmigrantes centroamericanos han llegado en caravanas a México con la intención de solicitar asilo a Estados Unidos.
El presidente Trump, que se opone a la inmigración ilegal, usó sus poderes de seguridad nacional para establecer regulaciones que niegan el asilo a cualquier persona atrapada cruzando ilegalmente, pero un juez ha detenido ese cambio a medida que avanza una demanda.
La política de tolerancia cero durante el verano estaba destinada, en parte, a disuadir a las familias de cruzar ilegalmente la frontera. Los funcionarios del gobierno del presidente Trump dicen que el gran aumento en el número de familias centroamericanas que se encuentran entre los puntos fronterizos ha tensado enormemente el sistema.
Pero la política -y lo que significaría para los padres- sorprendió a algunas agencias federales. No había ningún sistema establecido para rastrear a los padres junto con sus hijos, en parte porque después de 72 horas los niños son entregados a una agencia diferente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que tiene la tarea de cuidarlos.
Un informe de octubre realizado por el regulador de Seguridad Nacional descubrió que los funcionarios de inmigración no estaban preparados para manejar las consecuencias de la política.
La confusión resultante a lo largo de la frontera llevó a la desinformación entre los padres separados que no sabían por qué les habían quitado a sus hijos o cómo llegar a ellos.
El informe halló que los retrasos en los puntos fronterizos pueden haber empujado a algunos a cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
Fuente: VOA
