Por Óscar Esquivel
Una asamblea nacional constituyente no es más que un grupo de personas que son elegidas para crear o modificar un nuevo pacto social, o lo que es lo mismo, una constitución, que contiene acuerdos en materia política, económica y social para regir a los ciudadanos hondureños. La asamblea constituyente puede ser originaria o derivada. Es originaria cuando no existe una constitución o cuando la existente requiere cambios radicales, que podrían ser nuevos órganos de gobierno. Además estipula que sus constitucionalistas sean elegidos directamente del pueblo. La constituyente derivada no es más que hacer modificaciones a la ya existente y, dentro de los límites ya establecidos, dentro de la misma carta magna. Su modificación es realizada por miembros de las instituciones ya establecidas. En nuestro caso, hablaríamos del Congreso Nacional.
La Constitución de la República en vigencia es la que se aprobó en 1982, después que las Fuerzas Armadas entregaron el poder político a los civiles. El pacto social actual contiene artículos referentes a la forma de gobierno: alternabilidad en el ejercicio del poder, prohibición de la reelección, territorio nacional, y período presidencial. Estos artículos no se pueden modificar y por lo tanto se llaman pétreos, o «escritos en piedra». En el caso de considerarse una modificación o derogación de estos artículos, se requeriría una nueva constitución. Quien los modifique o derogue al margen de la ley será considerado traidor a la patria e inhabilitado para participar en cargos públicos.
El 28 de junio de 2009 se le dio un golpe de estado al presidente Manuel Zelaya Rosales bajo el supuesto (GOLPE DE ESTADO BAJO UN SUPUESTO) que mediante una consulta popular, a llevarse a cabo en noviembre de ese año, deseaba crear una nueva constitución con el objetivo de quedarse en el poder, según sus detractores. En abril de 2015, magistrados de la sala constitucional daban lugar a un recurso interpuesto por el ex presidente Rafael Callejas (actualmente preso en EEUU) contra el artículo 239 que prohíbe la reelección. Esta acción fue utilizada para que el actual presidente Juan Orlando Hernández buscara la reelección.
El gran abanderado de una asamblea nacional constituyente ha sido el ex presidente Manuel Zelaya, quien justifica que la actual constitución ha sido tantas veces modificada y violentada que urge un
nuevo pacto social. Sin embargo, una nueva constitución, desde una oposición sin poder de influir en la misma, respondería a los intereses de la clase dominante. Una nueva constitución serviría para modificar o cambiar temas de interés de la clase política tradicional y no para abordar los problemas de las grandes mayorías. Se legalizaría la reelección para blanquear el delito cometido por Juan Orlando Hernández y daría luz verde a quienes creen que la salvación de Honduras en materia política y económica depende únicamente y exclusivamente de ellos. Una nueva constitución daría la ilusión de cambio a un pueblo, pero en realidad seria oxigenar una clase política parasitaria que se niega a morir. Una nueva constitución con los mismos actores políticos sería colocar un pedazo de tela nuevo en vestido viejo. Ya el ex presidente Carlos Flores apareció en los medios de comunicación hablando de un pacto social.
Alimentación, salud, educación y empleo siguen siendo los temas que son prioridad para las mayorías de la población hondureña. Estos temas no son del interés de la clase política tradicional, como sí lo es asegurar sus pactos y sus comodidades. Reformas electorales y una posible nueva constitución ajena al interés de las mayorías parecen ser el canto de sirenas que harán que el pueblo hondureño acuda
nuevamente a elecciones en el 2021, salvo que ocurra algún evento social extraordinario que rebase los cálculos de la clase política tradicional.
