SEGÚN LA ONU, MARAS Y PANDILLAS ESCLAVIZAN MUJERES Y NIÑAS EN EL SALVADOR

ALG11 octubre, 2018

La Relatoría Especial de las Naciones Unidas, en el 33er período de sesiones, presentó el Informe sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, relativo a su misión a El Salvador, llevada a cabo del 18 al 29 de abril de 2016.

Durante su estadía en El Salvador, la Relatora Especial recibió múltiples informes según los cuales, en el contexto de la violencia cada vez más generalizada de las maras, existían prácticas análogas a la esclavitud que se manifestaban de varias formas.

Una de esas prácticas, indica el informe, consiste en la esclavización de mujeres jóvenes y niñas.

La Relatora Especial fue informada de la existencia de niveles extremadamente altos de discriminación de género y violencia ejercidas por las maras sobre las mujeres. Indica el informe, indicando que existe una práctica entre estos grupos criminales que obligar a mujeres jóvenes y a niñas a convertirse en parejas sexuales de miembros de las maras.

Aquellas que se niegan a ello pueden ser objeto de severas represalias, como el asesinato de toda su familia o amenazas en ese sentido.

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Según las descripciones de los interlocutores presentadas a la Relatora Especial de Naciones Unidas, una de las formas más comunes de explotación sexual o de otra índole por extorsión consiste en forzar a esas mujeres o niñas a prestar servicios sexuales a miembros de las maras encarcelados.

Al parecer, los miembros de las maras amenazan a las mujeres y sus familias con recurrir a actos de violencia o con matarlas para obligarlas a realizar visitas conyugales periódicas a líderes y miembros de las maras que se encuentran en prisión. En muchos casos, las mujeres también se ven forzadas a introducir teléfonos y armas en las cárceles de manera encubierta, señala el informe.

Agrega el informe de Naciones Unidas, como a algunas niñas de corta edad escolarizadas les dicen que han sido seleccionadas como “obsequio” para el líder de una mara, detallando el caso de una madre de niñas de corta edad que dijo a la Relatora Especial que no permitiría que sus hijas asistieran a la escuela secundaria por temor a que acabaran cayendo presas de las maras que buscaban niñas en las escuelas.

La Relatora Especial señala en su informe las medidas legislativas que se han adoptado para robustecer las disposiciones relativas a las visitas en las cárceles que figuran en el capítulo III de la Ley Penitenciaria de 2015 de El Salvador, incluida la facultad para suspender las visitas en las cárceles y realizar controles para comprobar el estado civil de quienes soliciten visitas conyugales.

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La Relatora Especial celebra esa disposición, como una forma de prevenir este tipo de esclavitud sexual, sin embargo informa que hasta la fecha, miembros de las maras podían recibir la visita de mujeres víctimas en las cárceles sin que se procediera a una supervisión y reglamentación suficientes.

Por consiguiente, la Relatora Especial insta al Gobierno de El Salvador a velar por la aplicación plena y efectiva de las disposiciones pertinentes de la Ley Penitenciaria de 2015.

La Relatora Especial también recibió información según la cual se habían observado en el país otras prácticas análogas a la esclavitud sexual entre los miembros de las maras. Por ejemplo, vino en conocimiento de casos en los que miembros de las maras habían invadido el domicilio de mujeres, desalojado o matado a los hombres del hogar y obligado a las mujeres a trabajar en condiciones de servidumbre doméstica y sexual.

La Relatora Especial también recibió datos sobre prácticas análogas a la esclavitud a las que las maras habían sometido a niños y otras personas reclutándolos por la fuerza en sus estructuras.

Según se informa, las maras buscan niños de corta edad por el hecho de que, al no haber alcanzado aún la edad de responsabilidad penal, son menos vulnerables a ser enjuiciados. Al parecer, esos niños son reclutados en sus escuelas y comunidades.

Las maras recurrían a la violencia y a las amenazas de violencia contra los niños y sus familias para forzarlos a incorporarse en las maras y realizar actividades delictivas, como observar los movimientos de la policía, recaudar el dinero exigido mediante la extorsión y transportar drogas. Indica el informe.

Según la Relatora Especial, la participación forzada en las actividades de las maras también afecta a las mujeres. En más de una ocasión, se informó a la Relatora Especial de que una vez que los niños y las mujeres eran reclutados por la fuerza en las estructuras de las maras, no tenían posibilidad alguna de salir de ellas, por lo que permanecían atrapados en situaciones peligrosas, de explotación e inhumanas.

La Relatora Especial afirma en ese informe, estar alarmada por esos informes y cree que se trata claramente de prácticas contemporáneas de la esclavitud.

La obra «Made In El Salvador» presentada en el teatro Memorias el año pasado, retrata el drama de las tejedoras en un contexto bastante parecido a la esclavitud. Protagonistas: Paola Miranda, Egly Larreynaga, Ana Ruth Aragón y Alicia Chong. Foto El Heraldo.

OTRAS PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD EN EL SALVADOR

En relación al Trabajo forzoso, la Relatora Especial recibió información según la cual había condiciones de explotación laboral extrema en determinados sectores, entre ellos el sector de la maquila, el bordado a domicilio y las empresas de seguridad privada. La Relatora Especial tuvo la impresión de que algunas prácticas de esos sectores se basaban en una explotación extrema, por lo que teme que podrían ser un indicio de trabajo forzoso.

Las maquilas son instalaciones de fabricación de prendas de vestir, habitualmente ubicadas en zonas francas industriales, donde las empresas pueden establecer instalaciones de producción en condiciones favorables. Las zonas francas industriales se establecieron después de la guerra civil como un medio para atraer la inversión internacional hacia El Salvador. Esta práctica ha dado paso al desarrollo del sector de la maquila, que, según la información proporcionada, emplea actualmente a unas 70.000 personas y representa aproximadamente el 12% del PIB. Según se informa, las maquilas de El Salvador forman parte de las cadenas de suministro de importantes fabricantes internacionales de prendas de vestir. El uso extendido de maquilas se viene observando en toda Centroamérica, donde la mayor parte de la mano de obra del sector se compone de mujeres jóvenes.

Según las informaciones disponibles, en El Salvador, las mujeres representan el 78% de la mano de obra en las maquilas. Esas mujeres proceden a menudo de comunidades desfavorecidas ubicadas en zonas rurales con bajos niveles de instrucción. Aunque algunas personas que se reunieron con la Relatora Especial afirmaron que las condiciones laborales de las mujeres que trabajaban en la maquilas habían mejorado en los últimos años, como consecuencia de la atención prestada por la comunidad internacional a ese sector, muchas otras denunciaron la persistencia de la explotación y la existencia de prácticas que, a juicio de la Relatora Especial, son indicios de trabajo forzoso.

Entre estas prácticas que la Relatora Especial presenta en su informe, cabe señalar las jornadas de trabajo extremadamente largas y la imposibilidad de tomarse descansos entre medio; la imposición a los trabajadores de altas cuotas de producción que aumentan constantemente; la no remuneración de los trabajadores que no alcanzan las cuotas de producción, y el cierre repentino de fábricas sin previo aviso ni pago alguno de los salarios pendientes.

La Relatora Especial manifestó haber quedado preocupada por la información de que los derechos de las personas que ejercen la libertad de asociación y de reunión pacífica se ven coartados en el sector de la maquila por prácticas radicalmente antisindicales, condiciones laborales peligrosas y el impago de las cotizaciones a la seguridad social del Estado, pese a que se realicen deducciones equivalentes del salario de los trabajadores.

También en relación con la fabricación de prendas de vestir en el marco de las cadenas de suministro mundiales, la Relatora Especial recibió informes preocupantes de mujeres que son contratadas para realizar actividades de bordado en su propio domicilio. Al parecer, esas trabajadoras, que, al igual que en las maquilas, son sobre todos mujeres, están en la base de la cadena de suministro para la fabricación de prendas de vestir.

Según la información recibida por la Relatora Especial, estas mujeres suelen ser contratadas por pequeñas empresas de fabricación o intermediarios que visitan su domicilio y les asignan material y objetivos de producción. Esas trabajadoras no son empleadas declaradas, por lo que no pueden acogerse a ningún derecho laboral y asumen muchos de los gastos de producción, como los relacionados con la electricidad, el agua y el espacio de trabajo.

Estas mujeres, al igual que las mujeres que trabajan en las maquilas, deben alcanzar cuotas de producción extremadamente elevadas, que aumentan con el tiempo. Si no cumplen con las exigencias de producción, no son remuneradas por el trabajo finalizado, y en algunos casos, el trabajo realizado es incluso destruido frente a ellas como castigo por no haber alcanzado la cuota de producción.

Algunas mujeres denunciaron otras formas de maltrato que les infligen los supervisores, como agresiones verbales, la obligación de trabajar aun cuando acaban de dar a luz, y el cese del trabajo sin previo aviso ni pago alguno por las labores realizadas, debido a que la empresa que las contrata cierra sus actividades y desaparece de la noche a la mañana.

La Relatora Especial también quedó preocupada por el hecho de que esas prácticas podrían contribuir al trabajo infantil en la medida en que los objetivos de producción extremadamente altos que las empresas imponen a las trabajadoras parecen forzarlas a recurrir a la ayuda de sus hijos.

Santa Ana. Los agremiados a la C‡ámara de Comercio invierten cerca de medio milló—n de d—lares para contratar agentes de seguridad. Datos de dicha filial santanecla estiman que el 95 por ciento de los negocios asociados a ellos han sido v’íctimas de la delincuencia, por lo que deben de cancelar a empresas de seguridad para que les brinden vigilancia.
Foto Digital: EDH/Cristian D’az

Otro sector del que se informó a la Relatora Especial como un entorno en el que imperan condiciones de explotación laboral extrema es el de la seguridad privada.

En El Salvador, las empresas de ese sector son generalmente contratadas para prestar servicios de protección contra la violencia relacionada con las maras.

Los hogares y las empresas privadas gastan un porcentaje considerable del PIB en la contratación de servicios de seguridad privada.

La creciente demanda de esos servicios ha resultado en una gran demanda de trabajadores en ese sector. Según se informa, los trabajadores son objeto de prácticas de explotación laboral extrema que, según la Relatora Especial, podrían ser un indicio de trabajo forzoso.

Esas prácticas comprenden períodos de trabajo extremadamente largos que, al parecer, pueden llegar a 24 horas, e incluso superarlas; salarios sumamente bajos; condiciones laborales peligrosas; deducciones salariales para cubrir los gastos en armas y uniformes, y la imposibilidad de tomarse un descanso durante las horas de trabajo.

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