San José, Costa Rica
Indígenas miskitos del Caribe de Nicaragua denunciaron este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) graves abusos y violencia por parte de invasores de sus tierras, sin que el Estado atienda medidas previas para garantizar su protección.
Representantes de las comunidades miskitos describieron un cuadro de asesinatos, desapariciones, violencia sexual y desplazamiento forzoso en sus comunidades, dos años después de que la Corte IDH ordenó a Nicaragua garantizar la protección de las comunidades del Caribe Norte.
«La falta de cumplimiento (de las medidas de protección) ha generado que los hechos de violencia continúen hasta el día de hoy», declaró al tribunal Lotti Cunningham, una abogada y activista de derechos humanos en la región.
Precisó que desde 2015 las comunidades han sufrido 12 asesinatos, nueve secuestros, 19 agresiones con lesiones graves, dos violaciones sexuales y seis casos de amenazas a pobladores.
Agregó que desde 2011 hay cuatro comunitarios desaparecidos por conflictos de tierra, mientras que la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de 3.000 personas.
Representantes del Estado de Nicaragua defendieron en la audiencia la adopción de protocolos para resguardar a los pobladores, en particular a los activistas de derechos humanos, que alegan sufrir amenazas por denunciar lo que ocurre en la zona.
La pobladora Irma Quebral, hablando en lengua miskito, dijo: «No tenemos buenos hospitales ni buena educación, muchos niños tienen temor de ir a la escuela. Por toda esta situación, muchas personas se fueron a Honduras y otros lugares y no han regresado por el temor».
Quebral representa a la comunidad Esperanza Río Coco, una de las más golpeadas por la violencia de los invasores de tierras.
Los representantes comunitarios señalaron que las amenazas a la región se agravaron desde 2015, con una intensa llegada de colonos que intentan apropiarse de sus tierras.
La Corte IDH ordenó en 2016 al Estado de Nicaragua garantizar la protección de las comunidades frente a las amenazas de los invasores de sus tierras, e iniciar un proceso de conversación entre todas las partes involucradas para garantizar la paz en la zona.
Los activistas aseguraron ante el tribunal que las medidas no han sido acatadas.
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