“Más restricciones, menos violencia,” dijo Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de Honduras a través de un post de Twitter el 20 de septiembre, celebrando la aprobación de una nueva ley de tenencia y portación de armas en un país que le pertenece al triángulo norte de Centroamérica, considerado por las Naciones Unidas como una de las zonas más violentas del mundo.
La necesidad de actualizarse surge 18 años después de funcionar con una ley que se fue desactualizando, muchos muertos después, muchos lamentos y burocracia expedita y descuidada para la entrega de armas; de ahí nace esa necesidad de crear una nueva ley que regule la tenencia y portación de armas de fuego en tiempos violentos. Fueron varios los indicadores que sirvieron para actualizarse: los nuevos métodos de la violencia, las nuevas máscaras de la inseguridad, las tasas de homicidios en el país que contribuyeron -se asume- en la discusión y aprobación de la nueva ley:
“Las condiciones de seguridad en el país en 18 años cambiaron, necesitábamos un instrumento jurídico que nos permitiera reducir los índices de criminalidad cometidos con arma de fuego, incorporar nuevos elementos, incorporar elementos de tratados internacionales establecidos por Naciones Unidas” dijo Héctor Osorio, secretario del gabinete de Seguridad y Defensa.
Para Mauricio Oliva, las restricciones en la nueva ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, recién aprobada en el Congreso Nacional tras seis meses de discusión, ayudará no solo al control de las armas sino a un uso más racional de estas.
En una de las medidas se contempla que los que tengan permiso de portación exhiban sus armas de fuego a manera que la población pueda verlas, ya no escondidas en la camisa sostenidas en el pantalón como había sido la costumbre aunque tuvieran permiso. La legalidad le gana la partida a la vulnerabilidad a la que se somete la persona que tiene licencia ante los que no tienen licencia y poco puede importarles tener o no permiso de tenencia y portación legal de armas de fuego.
Pareciera que no se toma en cuenta la criminalidad en el país.
Esta medida contribuirá a la separación de los que porten armas legales y los que no -los clandestinos- dijo Luis Suazo, coordinador general del gobierno adjunto para la prevención, seguridad y defensa; Suazo añadió que la medida ayudará en los “esfuerzos de brindar y regresar la paz y la seguridad a los hondureños”, paz y seguridad en un país violento parecen palabras dispares y sin un sentido más que el eufemismo político en un discurso efectivamente usado por sus funcionarios.
La nueva ley reduce la tenencia a tres armas -como máximo- y a la portación -visible- de dos, en una región en la que los crímenes y las víctimas muchas veces se realizan o caen con armas que no están registradas ni legalizadas.
La nueva ley también contempla que ya con 18 años cumplidos cualquier persona puede tramitar un permiso de portación y tenencia -legal- de armas.
La multa por infringir la nueva ley podría ser hasta de L.17,820 por no andar el arma visible o portarla en lugares prohibidos como: hospitales, centros educativos, estadios, canchas deportivas, centros de esparcimientos y bancos, también en actos sociales, religiosos, del gobierno, desfiles y políticos.
Durante el primer semestre del 2018, 1,848 (un 12 por ciento menos que el año anterior) personas murieron de forma violenta. Estos números, si bien es cierto reflejan una baja en comparación con el mismo periodo en el 2017 (2,032 muertos), aún así la tasa de homicidios hasta junio se registra en 23.1 muertes por cada 100 mil habitantes, existiendo una ley de tenencia y portación de armas en vigencia.
Según datos Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 77 por ciento de las muertes violentas que se producen en el país son por armas de fuego.
Los congresistas que aprobaron la ley esperan una reducción de un 50 por ciento de los homicidios. Entre los elementos nuevos en la ley está la espera de cinco días para la entrega del arma, para poder practicarle a los solicitantes pruebas psicológicas, toxicológica y psicométricas previas a entregar el permiso y el arma.
En el país hay un registro de más de 600 mil armas de fuego legales, se asume que el doble de armas no están registradas.
