Por Noe LEIVA | AFP
Un tribunal hondureño suspendió este lunes el juicio contra ocho acusados del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, luego de que las tres juezas que lo integran fueron recusadas por representantes de la víctima, informaron fuentes del proceso.
Esa instancia se instaló en presencia de los ocho imputados, sus defensores y los abogados de las partes acusadoras, que incluye a la familia de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La jueza que encabeza el tribunal anunció la suspensión del juicio por tiempo indefinido porque «se presentó una recusación por la parte acusadora privada». El tribunal pidió a los periodistas no identificar a las magistradas por razones de seguridad.
Añadió que la Corte de Apelaciones debe decidir próximamente si acepta la recusación y nombra otro tribunal o la rechaza y ratifica al actual.
El abogado de la familia y del Copinh, Rodil Vásquez, dijo a la AFP que recusaron al tribunal porque cometió «abuso de autoridad» y otros delitos al desatender una petición de que la fiscalía presentara todas las pruebas que tiene contra los imputados.
Aseguró que la fiscalía se reserva pruebas «con el claro propósito de garantizar la impunidad» de los autores intelectuales del crimen.
Vásquez informó que organismos de derechos humanos, la familia de Cáceres y el Copinh presentaron recursos de amparo porque el tribunal se niega a que el juicio sea transmitido por radio y televisión y además rechazó las pruebas de la parte acusadora.
Asimismo, los jueces rechazaron la participación de abogados del Copinh como parte agraviada, pese a que Cáceres era coordinadora de esa organización cuando fue asesinada.
Cáceres fue asesinada a tiros la noche del 2 de marzo del 2016 en su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
El tribunal dijo en comunicado que los ocho acusados también enfrentan cargos por el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien acompañaba en la vivienda a Cáceres y sufrió «heridas de consideración».
Entre los acusados están dos empleados de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y su gerente ambiental , Sergio Rodríguez.
También fue acusado el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, quien afronta un juicio aparte de los ocho acusados.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por múltiples amenazas de muerte de partes del personal de DESA.
La Copinh denunció que las amenazas eran motivadas por su lucha con comunidades nativas para oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio de indígenas lenca.
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