Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MAD-J) en conferencia de prensa denunció amenazas y un plan criminalizador que atenta contra sus derechos y sus vidas planificado por la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) subsidiaria de la transnacional Aura Minerales que opera en el departamento de Copan, específicamente en el municipio de la Unión.
La problemática que la comunidad de Azacualpa está viviendo es la explotación y el desplazamiento de su cementerio que data de hace unos 200 años y en el que yacen aproximadamente unas 100 mil osamentas, afirma Fernandez, la gente entiende como cultura que en todo el país los cementerios son un campo santo donde se tiene un reencuentro con los ante pasados.
Según Fernández, las instituciones estatales se han coludido para favorecer a MINOSA para la explotación del cementerio, comprometiendo la sacralidad del lugar e irrespetando la soberanía del pueblo que ha dicho que no quiere que se expulse el cementerio de esa zona.
Fernández denunció una campaña en contra de los manifestantes que viene desde la empresa y tiene complicidad con el alcalde que ya los han declarado personas non gratas en la zona; afirmó que van a enfrentar a la empresa, que no se van a doblegar y pidió responsabilidad a los funcionarios para garantizarles sus derechos, porque ellos no están atentando contra la empresa, están ejerciendo su derecho como ciudadanos respaldando la lucha de las comunidades. Responsabilizó a empresa minera y al gobierno de cualquier consecuencia sobre sus vidas.
Hace meses, cuando se supo la noticia del conflicto del cementerio de Azacualpa, fuimos a la zona para conocer la historia de lo que pasaba con la mina, que tiene 40 años de explotación a cielo abierto. Le invitamos a leer en enlace:
http://elpulso.hn/pelea-por-cementerio-suspende-explotacion-de-mina-en-azacualpa/
Minerales de Occidente S.A. es de origen canadiense con operaciones en México, Colombia, Brasil y en Honduras, el gerente general es ciudadano estadunidense Monty Willy Ridex, un ingeniero geólogo, según datos la empresa obtiene ganancias por un monto de 100 millones de dólares por la explotación de oro y plata en estas comunidades.
El coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MAD-J) agregó que el gobierno canadiense maneja un discurso de respeto a la gente, a los gobiernos pero están siendo irrespetuosos de la dignidad de las personas y que ellos están determinados a hacerles frente.
Fernández manifestó que este tipo de industria está siguiendo un patrón de confrontar a la comunidad aprovechándose de la ausencia del gobierno. Un estado que no satisface derechos básicos se colude con estas empresas y regala el territorio en este caso a la industria minera, la de cielo abierto que “convierte todas nuestras bellezas naturales en escombros, la zona de Azuacalpa es un ejemplo, hay agujeros gigantes, contaminación de las aguas, existen estudios de personas enfermas producto de la contaminación por cianuro y otros químicos», también ha habido convulsión social, agresiones, amenazas entre familias familias por la operación de MINOSA porque hay gente -dice Fernández- que son empleados de la compañía y la defienden porque con ese trabajo resuelven el día a día.
Hay un riesgo permanente como luchadores y defensores de derechos humanos -explica Fernández- en Azacualpa y otras zonas porque la gente del Movimiento Amplio es agredida, ya tiene mártires en la lucha del pueblo Tolupan, a pesar de entender el riesgo asumen la responsabilidad que les corresponde, cuenta Fernández.
La administración de los cementerio corresponde a las municipalidades y al gobierno local así lo establece la ley de municipalidades y la Secretaria de Salud en materia sanitaria, el cementerio de Azualpa está en manos de la justicia porque se acudió a recursos de amparo para se respete su existencia por el valor histórico y porque es una decisión soberana de la comunidad -dice Fernández- para que se tutele el derecho de la familia y para que se respete la integridad.
Este es el segundo cementerio que desplazan, el primero fue el la comunidad de San Andrés donde no hubo ningún control antropológico o sanitario, las osamentas fueron extraídas con palas de construcción sin nada de protección de los esqueletos, una situación de total abuso y ahora la problemática se ha agudizado porque existe una oposición de la comunidad por el territorio, dice Fernández.
Desde 2016, MINOSA ha venido retirando más de 350 cadáveres del cementerio de la aldea, para hacer espacio la explotación de la mina de oro a cielo abierto San Andrés, otorgada bajo un concesión por el gobierno hondureño.
Hasta el momento, una docena de osamentas permanecen en el cementerio ante el rechazo de los familiares para su reubicación.
