Organizaciones indígenas y garífunas publicaron esta semana un comunicado conjunto en contra de la nueva ley de Consulta Previa e Informada que impulsa el gobierno de la República.
Según lo expresado por los grupos originarios, en una asamblea con una asistencia de unas 700 personas de pueblos indígenas y garífunas, realizada el pasado 16 de agosto en Tegucigalpa, la nueva ley inclumple con el Convenio 169 (C169) sobre derechos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los Estados a consultar a los pueblos indígenas antes de autorizar cualquier proyecto en sus territorios, informándoles de los riesgos y beneficios.
La coordinadora general de la Organización Negra Fraternal de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, explicó que la ‘Ley de Consulta Previa Libremente Informada busca cristalizar la expropiación y entrega de los territorios y los recursos comunes de la naturaleza a las grandes empresas’.
«Ahora mismo hay comunidades en resistencia, personas que están siendo criminalizadas» por defender sus territorios de la industria extractiva, dijo Miranda en la asamblea.
El 23 de mayo pasado, el gobierno hondureño presentó al Congreso Nacional el último borrador de la nueva ley de consulta previa e informada, que según organizaciones indígenas y negras modificaría las obligaciones legales internacionales de Honduras de respetar los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, cuando de proyectos en sus territorios se trate.
El Convenio 169 fue ratificado en 1995 por el estado de Honduras, dando lugar desde esa fecha a una serie de compromisos, entre ellos la adopción de un mecanismo de consulta previa, piedra angular del Convenio 169, destinado a proteger los pueblos indígenas. No obstante es hasta el año 2012 que el Estado a instancias del Programa REDD de Naciones Unidas, inicia la elaboración de una ley CPLI.
En el 2016, el Estado acompañado por el PNUD, desdeñaron las versiones de ley en las cuales venían trabajando la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (DINAFROH), para elaborar una réplica de la actual Ley de Consulta del Perú.
Pero otras organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes reclaman que esta ley que llegó al Congreso Nacional, irrespeta la consulta previa de los pueblos indígenas ante proyectos que se ejecutarán en su territorio, pues escucharía únicamente a organizaciones y representantes electos por el gobierno, para aprobar proyectos de las compañías mineras, petroleras y de gas y otros inversores inmobiliarios.
Un representante de una de las organizaciones en la marcha de esta semana leyó una declaración colectiva en la que prometió que los pueblos indígenas continuarán defendiendo su autodeterminación y soberanía, porque han ocupado sus territorios desde que se fundó la República de Honduras.
«A donde sea que vayan sus proyectos de muerte encontrarán nuestra resistencia inspirada por nuestras hermanas, como Berta Cáceres, que camina con nosotros en las luchas», continuó la declaración.
El señor Forst, actual relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, relató en su primera visita a Honduras, que la falta de acuerdo sobre la consulta previa e informada es «una de las causas principales de las constantes violaciones de los derechos humanos en Honduras».
Un comunicado de la organización humanitaria Oxfam afirma que las negociaciones sobre esta ley comenzaron hace más de tres años. Se distribuyeron múltiples versiones, incluyendo versiones desarrolladas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras ( «COPINH») y la Organización Fraternal Negra Hondureña ( «OFRANEH»), que luego fueron ignoradas.
Denuncias de coerción y manipulación, así como cuestionamientos sobre la legitimidad de la representación indígena en el proceso de aprobación de la ley, se han dado lugar durante todo el proceso. Como resultado, muchos pueblos indígenas no reconocen las reuniones celebradas por el gobierno. La criminalización, la estigmatización y la violencia dirigida contra los líderes indígenas y afrodescendientes han agravado aún más las tensiones entre las organizaciones indígenas y el gobierno, lo que dificulta las negociaciones, afirma Oxfam.
La Organización Fraterna Negra de Honduras (OFRANEH) había advertido antes en un comunicado que rechazaría de forma categórica esta nueva propuesta de Ley, asimismo advirtió en mayo pasado a las demás organizaciones indígenas que la Ley se convertirá en un instrumento para legitimar el desplazamiento las comunidades «de aquellos territorios en las cuales el Estado entregara al capital nacional y transnacional para la implementación de proyectos de muerte tal como es el caso de Agua Zarca por el cual fue asesinada nuestra hermana Berta Cáceres.»
«Quieren desvanecernos a nosotros, los pueblos indígenas, de la Tierra porque somos un obstáculo», dijo Miranda en la ceremonia de apertura de la asamblea de pueblos indígenas. «Porque los últimos recursos, los últimos bienes comunes de la naturaleza, están en nuestros territorios. Somos un obstáculo para ellos, y esa ley que quieren aprobar es solo deshacerse de nosotros».
La ley fue desarrollada solo en español, excluyendo las lenguas indígenas de Honduras. Según un representante de los miskitos, Marlen Jackson, esto representa otra forma de discriminación contra ellos.
«Los pueblos indígenas no están dispuestos a dialogar y negociar sobre nuestros territorios. Para nosotros, la tierra no es un medio de vida, para nosotros, territorios significa comunidad y vida colectiva», se lee en el comunicado.
Foto de portada: Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
