Por Regina Fonseca
Múltiples organizaciones sociales y mujeres activistas asistieron a la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para brindar información sobre las vulneraciones de derechos humanos que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, las adolescentes y las niñas en
Honduras.
Dicho impacto, que tiene la violencia y la violencia institucional frente a ellas, las pone en especial situación de vulnerabilidad, y enfrentan todo tipo de riesgos para su vida y su salud, principalmente por las necesidades básicas insatisfechas, el limitado o nulo acceso a la información y la violencia que se vive en el ámbito público y privado.
La visita de la CIDH se llevó a cabo para registrar evidencia y testimonio sobre violaciones a derechos humanos. El 30 de julio, las organizaciones y mujeres defensoras presentaron pruebas que reflejan la problemática que enfrentan las mujeres en Honduras: 4.000 mujeres asesinadas desde 2010, 21.000 mujeres víctimas de violencia sexual desde ese mismo año y 194.000 nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 desde el Golpe de Estado en 2009, fecha en la que también se prohibió la anticoncepción de emergencia.
Igualmente, la interrupción del embarazo sigue siendo penalizada en todas sus formas, lo que obliga a muchas mujeres a enfrentar con dolor, miedo y silencio embarazos forzados o abortos clandestinos. Es importante recordar que Honduras es uno de los únicos 8 países del mundo que criminaliza el aborto en todos los casos. También, el año pasado en Honduras hubo 28.000 partos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años.
El Estado hondureño no ha logrado reflexionar sobre el impacto que tiene en la vida de las mujeres y las niñas negarse a acatar recomendaciones, medidas o reformas sugeridas desde las diversas instancias y mecanismos internacionales que tienen el objetivo de hacer que en Honduras se vele por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Como telón de fondo están los fundamentalismos religiosos y su influencia sobre la institucionalidad hondureña que impactan negativamente sobre las políticas que involucran la protección sobre el cuerpo, la salud de las mujeres y, aún más difícil, el derecho a decidir.
Además de la visita de la CIDH de este año, desde 2015 a la fecha el Estado de Honduras ha sido examinado por otros órganos que monitorean los tratados que ha suscrito el país. En este sentido, ha recibido recomendaciones para hacer cambios que permitan la garantía de los derechos humanos por siete de los diez órganos especializados en violaciones a los derechos humanos: niñez, derechos económicos, sociales y culturales, comité contra la tortura, comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para la protección de los derechos de trabajadores migratorios y sus familiares, de personas con discapacidad, y el comité en derechos humanos.
El golpe de Estado marcó el reforzamiento de una narrativa para confundir a la opinión pública con estigmas sobre los derechos de las mujeres, y la defensa de los mismos, presentándolos erróneamente como una agenda impuesta por intereses occidentales o iniciativas extranjeras sin ninguna vinculación con
Honduras. Es una pena que en pleno siglo XXI, en Honduras no se ha logrado visibilizar la importancia de la sociedad civil para señalar las violaciones a los derechos humanos y que más bien ha resultado en la criminalización de esta labor, con consecuencias sobre la vida y la dignidad de las personas.
La democracia real solo existe si el Estado se responsabiliza y cumple con sus compromisos internacionales y si es capaz de garantizar los derechos de los habitantes. Por eso, es urgente que el mismo Estado sea capaz de recopilar la diversidad de sus habitantes y cómo esto impacta en la garantía de los derechos humanos para las mujeres. Debe reconocer el impacto que constituye desconocer el esfuerzo de la sociedad civil organizada, las activistas y los testimonios de las víctimas y sobrevivientes que enfrentan diariamente la dura realidad de un sistema que no ofrece alternativas para frenar las vulneraciones que enfrentan las mujeres en Honduras.
