El aviso de la sación del Departamento de Estado norteamericano haciendo uso de la Ley Global Magnitsky Act contra tres altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción, debe servir como alerta para lo que podría pasar en Honduras con funcionarios vinculados a escándalos de corrupción como el caso Pandora, actualmente en investigación por la Misión de Apoyo al Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras.
Anteriormente el gobierno de los Estados Unidos hizo uso de la Ley Magnitsky en contra de senador dominicano del Partido de la Liberación Dominicana –PLD-, Félix Bautista, figura en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala con relación a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y la empresa brasileña Odebrecht.
La Ley Magnitsky, formalmente conocida como la Ley de Rendición de Cuentas de Rusia y Moldavia, y la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Serguéi Magnitsky de 2012, fue un proyecto de ley bipartidista aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y firmado por el Presidente Obama en diciembre de 2012, con la intención de castigar a los funcionarios rusos responsables por la muerte del contable fiscal ruso Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú en 2009.
En diciembre de 2016, el Congreso amplió el alcance de la Ley Magnitsky para abordar los abusos contra los derechos humanos a escala mundial. La actual Ley Global Magnitsky (GMA) permite al gobierno de los Estados Unidos sancionar a funcionarios corruptos del gobierno implicados en abusos en cualquier parte del mundo.
En septiembre de 2017, un grupo de ONG y organizaciones anticorrupción identificaron quince casos internacionales en los que se cometieron presuntos crímenes. Individuos de países, incluyendo Azerbaiyán, Bahrein, China, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Liberia, México, Panamá, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam, fueron nominados para recibir sanciones.
El 21 de diciembre de 2017, se agregaron 13 nombres adicionales a la lista de personas sancionadas. Esto incluyó a Yahya Jammeh, ex presidente de Gambia y Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
El 12 de junio de 2018, Félix Bautista, miembro del Senado de la República Dominicana y cinco compañías de su propiedad o controladas por él, fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en virtud de la Ley Magnitsky Global debido a su participación en una corrupción significativa. Bautista presuntamente cometió sobornos en relación con su posición como senador, y presuntamente estuvo involucrado en corrupción en Haití, donde utilizó sus conexiones para obtener contratos de obras públicas para ayudar a reconstruir Haití luego de varios desastres naturales, incluido un caso en que a su compañía le pagaron más de $10 millones de dólares por el trabajo no completado.
Ahora se suman a la lista de personas sancionadas con la Ley Magnitsky, el comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN.
Todo indica que en Centro América comenzaremos a escuchar más de funcionarios y exfuncionarios sancionados con Ley Magnitsky por casos de corrupción. Su efecto se traduce en congelar todos los activos de los sancionados en Estados Unidos, y prohibirles cualquier clase de transacción comercial y financiera, a través de sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro.
