Carlos Roberto Cálix Hernández (47) originario de Santa Bárbara es otro candidato auto propuesto al cargo de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Publico (MP). Abogado, con título de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un post grado en administración de justicia penal por la Universidad Nacional de Heredia de Costa Rica y notario público por la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
De filiación liberal y con 27 años de experiencia profesional en el ámbito público, 18 años como juez, 7 años como magistrado y 7 años como Docente.
Entre los cargos desempeñados están:
Juez de Paz del Municipio de Guarita, Lempira (1991-1994)
Juez de Paz del Municipio de Nueva Arcadia, Copán (1994-1996)
Defensor Público, asignado al Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán (1996-1997)
Juez de Letras Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán (1997 1999)
Juez de Letras Titular del Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán (1999-2011)
Magistrado de la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara (2011-2012)
Magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara de Copán (2012-2018)
Docente de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (2014-2018).
Su puntuación curricular fue del 91% y en audiencia pública de 86%.
Hermano de Soraya Cálix, quien en 2015 se convirtió en la primera mujer al frente de la dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DCLN) del Ministerio Público. Es primo de Jacobo Cálix, ex Magistrado de Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Penal.
En el 2016 se solidarizó con el movimiento estudiantil de la UNAH y lamentó la criminalización de estudiantes, también que se debe escuchar a los protestantes.
Ha participado en sesiones de la Corte Suprema de Justicia en sustitución de magistrados que no han asistido a las sesiones.
Entre sus propuestas del plan de trabajo si fuese seleccionado al cargo están:
El aumento de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la creación de dos complejos de ciencias forenses en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La construcción de sedes fiscales exclusivas para el personal del Ministerio Público.
