Este pasado jueves 21 de Junio, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) de la American University, que desde la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha monitoreado sus actividades, presentó un informe sobre los dos primeros años de la misión en el país, centrándose en el papel desempeñado por el ex vocero de la misión, Juan Jiménez Mayor, quien renunció de su puesto a mediados de Febrero de este año, dos meses antes de cumplir el segundo aniversario de la instalación de la misión en el país.
El primer elemento analizado por el investigador Charles Call fue la puesta en marcha de la misión, cuya instalación se llevó a cabo el 19 de abril del 2016. Cuatro coordinadores de la misión se hicieron presentes en el país: Jan Michael Simon, quien había sido integrante de la CICIG en Guatemala y que había sido autor en gran parte de lo que llegaría a ser la MACCIH en sus aspectos técnicos; Jacobo Domínguez, quien sería el responsable de la división de política electoral y del proyecto más importante de la MACCIH a su llegada, la aprobación de la Ley de Política Limpia; Juan Pablo Corlazzoli, a cargo del observatorio ciudadano, quien luego sería reemplazado por Marta Pacchiotti; y Juan Jiménez Mayor, vocero de la misión y Representante Especial del Secretario General, Luis Almagro. La primera gran frustración de Jiménez Mayor, según el informe del CLALS, fue que el gobierno de la república tratara a los cuatro coordinadores con la misma autoridad, lo que permitía que cada coordinador actuara de manera independiente. Los enfoques no unificados permitieron la cercanía de Jacobo Domínguez con la cúpula del Congreso Nacional, lo que después desembocaría en que se trastocara la Ley de Política Limpia.
Tras la instalación en abril del 2016 de la misión con sus tres coordinadores, Jiménez Mayor abrió la convocatoria para contrataciones en Junio de ese mismo año, y fue tres meses después, en Julio del 2016, que se hicieron las primeras contrataciones de personal. Según reportes a lo interno de la MACCIH, el vocero Juan Jiménez Mayor arribó al país sin si quiera un asistente ejecutivo privado. Del informe del CLALS obtenemos, «Fue hasta julio del 2016 que otros expertos internacionales se unirían al personal. El personal hondureño también tomó tiempo en contratarse. (…) Algunas de estas contrataciones terminaban socavando el propósito de la misión o no estaban calificadas para sus posiciones. Además, algunas de estas contrataciones implicaron negociaciones internas prolongadas. Así, un año después que las protestas de Los Indignados alcanzaran su apogeo en agosto del 2015, la misión de la OEA apenas estaba arrancando. Antes de octubre del 2016, MACCIH únicamente había logrado contratar a diecinueve de sus 70 funcionarios y en diciembre estaba investigando sólo cuatro casos, uno de los cuales ya había sido avanzado significativamente por la oficina del Fiscal General.»
Debido a la falta de personal y de organización en la misión, la MACCIH tuvo que recaer en el trabajo que realizaban el Ministerio Público y los investigadores privados del Consejo Nacional Anticorrupción hasta la entrada en funciones, en octubre del 2017, de la UFECIC, unidad especial de fiscales que trabaja con la MACCIH y reporta su trabajo directamente con el Fiscal General, Óscar Chinchilla. El rol que desempeñó la MACCIH, entonces, tuvo mayor énfasis en la presencia mediática y la influencia sobre el Ministerio Público y el poder judicial, centrándose en la figura de Juan Jiménez Mayor ante los medios de comunicación. Del informe del CLALS extraemos, «(…) el primer Representante Especial en dirigir a MACCIH, Juan Jiménez Mayor, fue(…) elogiado(…) y criticado(…) por mantener un alto perfil público, utilizando los medios deliberadamente, aunque quizás excesivamente, para mantener su perfil político y el espacio de la misión ante los escépticos y los obstáculos.» La vocera interina, Ana María Calderón, durante su intervención en el evento de presentación del informe de CLALS, enfatizó que bajo su gestión el enfoque del trabajo de la misión se ha concentrado en el esfuerzo técnico y no en la presencia mediática, poniendo como ejemplo de ello su escasa aparición en los medios (el día de la presentación del informe fue la tercera ocasión en la que la vocera se dirigía a la población general) y los tres casos que se han avanzado y anunciado durante su interinato: el caso Caja Chica de la Dama, el caso Pacto de Impunidad y el caso Pandora, que hasta el momento es el caso de mayor impacto en estos dos años de la misión.
Las diferencias dentro de la MACCIH se expresaban en dos vertientes en particular: la de los miembros internacionales de la misión afines al Secretario General, Luis Almagro, y la de los miembros internacionales de la misión afines al representante del Secretario General, Juan Jiménez Mayor. Esto generó una serie de intrigas y conflictos que en su mayor parte se manifestaron en la lucha por colocar dentro de la misión cuadros representativos de los respectivos intereses de cada facción, en lugar de construir la capacidad técnica de la misión. En el caso de Jiménez Mayor, su mayor insistencia fue la contratación del oficial de seguimiento Julio Arbizú, personaje que tomaría un papel importante en representación de Jiménez Mayor dentro y fuera de la misión. Según detalla el informe de CLALS, «Jiménez Mayor tampoco fue inmune a este tipo de problemas. Su frustración con el SG se hizo muy aparente cuando, en el 2017, un proceso basado en mérito rechazó la contratación de su colega peruano Julio Arbizú. Arbizú formó parte de la investigación que derribó la gestión corrupta y abusiva del presidente Alberto Fujimori cuando era un procurador en Perú. Sin embargo, Arbizú no tenía experiencia como fiscal. Otros candidatos si tenían esta experiencia, y por lo tanto Arbizú no calificaba para el puesto y no fue contratado como fiscal, pero continuó en su rol de oficial de seguimiento.» Otro de los cuadros afines a Jiménez Mayor, que junto a Arbizú tomaron un papel preponderante en defensa del ex vocero, fue el juez internacional chileno Daniel Urrutia. Tanto Arbizú como Urrutia venían precedidos de una fama de «problemáticos», por sus protagonismos en exabruptos mediáticos. Dentro de la misión, ambas facciones se antagonizaron una a la otra. Esto fue más evidente en el caso de Arbizú, quien entabló relaciones con varias organizaciones no gubernamentales que luego salieron en su defensa y antagonizaron a los miembros de la facción de Almagro dentro de la misión. Asimismo, fue Arbizú quien hizo público el contrato de Jacobo Domínguez en febrero de este año luego de su renuncia, en una campaña contra el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Tras la renuncia de Juan Jiménez Mayor, Arbizú y Urrutia se enfrascaron en un constante ataque mediático contra la OEA, apareciendo en medios de comunicación para denunciar presuntos actos de corrupción, mientras que Juan Jiménez Mayor se reincorporaba al espectro político peruano en defensa de Ollanta Humala, quien está en proceso por acusaciones de desbalance patrimonial y sobornos.
Otro de los elementos que rescata el informe de CLALS es la poca capacidad que tuvo la MACCIH de articular aliados en la sociedad civil, con pocas excepciones. El sustento de organizaciones de sociedad civil que tiene la MACCIH está ubicado, dentro de la estructura que aún se maneja, dentro del Observatorio de Justicia Penal, que según el informe de CLALS no ha logrado hacer mucho. Dentro de las organizaciones con las que la MACCIH ha logrado tender puentes está el CNA, que en su momento tuvo una relación tensa con la MACCIH, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Coordinadora Estudiantil Anticorrupción, muy cercana al ex oficial de seguimiento Julio Arbizú y fundada por la lideresa indignada Gabriela Blen y su hermana Regina, así como otros movimientos que emergieron de los indignados. Es hasta la renuncia de Juan Jiménez Mayor cuando más organizaciones de sociedad civil comienzan a apoyar la gestión de la MACCIH.
A pesar de todas las situaciones adversas que enfrenta la MACCIH en Honduras, entre las que se cuentan la renuencia de los tres poderes del estado en apoyar el mandato de la misión, el informe del CLALS evidencia que hasta la salida de Juan Jiménez Mayor uno de los elementos que más debilitaba la misión era la desorganización y la falta de retención del personal profesional, así como las pugnas a lo interno de la misión y los conflictos -llevados luego al espectro público por Jiménez Mayor- entre el ex vocero y el Secretario General, Luis Almagro. Del informe de CLALS extraemos, «Hasta la fecha, el progreso de MACCIH en los casos contra funcionarios corruptos no está mal, dado el tiempo que lleva en operaciones y los recursos limitados de la misión, pero tampoco es abrumadoramente impresionante. (…) El impacto en las investigaciones no será conocido hasta que por lo menos el plazo de cuatro años de MACCIH haya finalizado.» Éste es el contexto con el que se encontrará el nuevo vocero, Luis Antonio Guimaraes Marrey.
