Un grupo de mujeres misquitas, acompañadas por la organización MASTA, representante del pueblo mosquito y representantes de organizaciones de Derechos Humanos, se apersonaron el día de ayer a las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la muerte de sus familiares, hecho ocurrido en la comunidad misquita de Warunta, en el municipio de Ahuas, por militares que luego detuvo la Policía en la zona.
Según el informe preliminar de la Policía Nacional de Gracias a Dios, el hecho se produjo el sábado 19 de mayo en horas de la tarde, cuando los militares dispararon contra los 3 hombres quitándoles la vida.
En el relato que MASTA distribuyó entre la prensa frente al Ministerio Público, el vecino Simón Castillo tenía prisa por llevar a su esposa al hospital y no hizo el alto que ordenaron los militares al entrar a la zona, resguardada en operaciones contra el tráfico de narcóticos. Los seis soldados del reten, viendo que un picante con motor ingresaba sin hacer el alto, abrieron fuego con sus armas de reglamento para disuadir a la embarcación a detenerse.
“Castillo, viendo su vida amenazada, detuvo el picante y esperó que tres elementos militares abordaran e hicieran la inspección física para asegurar que no haya droga en dicho medio en transporte,” afirma el relato, que describe como otros tres militares se desplazaron rápidamente por tierra rumbo a donde se dirigía el picante con intención de interceptarlo más adelante.
Estos tres oficiales no sabían que la embarcación ya había sido detenida. Al llegar al embarcadero, continúa el relato entregado a la Fiscalía de las Etnias, encontraron que unos familiares de Castillo y otros miembros de la comunidad esperaban.
Para esa hora era ya oscuro, pues el relato de MASTA describe que los militares alumbraron con sus luces y empezaron a disparar. El reporte distribuido luego por Las Fuerzas Armadas indica que los militares no tenían luces y no sabían a quién disparaban. Los vecinos señalan al soldado que llaman “el chaparro”, como responsable de los tres asesinatos.
Las víctimas fueron Jobal Damacio Becam (25 años), Patricio Pravia Kiblan (34) y Darly Tadeo Soto (23).
El pipante que causó toda la confusión no había llegado aún. Cuando los tres militares arribaron con Simón Castillo, la población estaba enardecida por las muertes.
“A causa de la indignación, una mujer, familiar de los asesinados, tomó un arpón de pesca y lo clavó a uno de los militares” que acababa de llegar y que no era el hechor de los asesinatos.
Los cuerpos de las tres víctimas quedaron a la orilla de la laguna Warunta. Los militares se refugiaron en las instalaciones de Las Fuerzas Armadas y la población, indignada, se unió para protestar contra los militares, amenazando incluso con quemar el destacamento militar de la zona, si no hacían justicia.
Según testigos, la población se acercóa las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, en donde un oficial les atendió. El oficial les dijo que solo podía entrar una persona, pero los manifestantes querían entrar en grupo. La tensión se incrementó al punto que los pobladores comenzaron a tirar piedras en contra de los militares provocando que estos dispararan contra la población.
El enfrentamiento entre los pobladores de Warunta y los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta duró hasta las 12 de la noche. Nueve personas resultaron heridas por armas de fuego.
Ante la presión de los pobladores de Warunta que pedían justicia, las autoridades policiales detuvieron a lo tres militares que supuestamente dispararon contra los tres misquitos. También les decomisaron los fusiles de reglamento para ser remitidos a la Fiscalía, que determinará si procede con la acusación en su contra.
Varias protestas violentas se generaron ese día. Los ciudadanos de la comunidad, tras la molestia por el crimen, le prendieron fuego a las oficinas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y saquearon las sucursales de Banco Atlántida y Banasupro, mientras que un carro apagafuegos del Cuerpo de Bomberos que intentaba controlar el siniestro en Hondutel también fue atacado a pedradas.
MASTA hizo saber a través de su comunicado, que “no avala ni protege a los delincuentes que irrumpieron las instalaciones de Banco Atlántida y BANASUPRO, en la noche del domingo 20 de mayo” y exige una investigación para dar con dichos delincuentes.
Los agentes detenidos, a quienes se responsabilizan por la muerte de Orban Coban, Darlin Soto y Patricio Pravia, permanecen en poder de las autoridades y están bajo investigación.
Las viudas y madres de los fallecidos que llegaron a las instalaciones del Ministerio Público, dejaron claro, que sus familiares no son ni han formado parte alguna de actividades relacionadas con el narcotráfico.
“Mi esposo en ningún momento ha estado en actividades ilícitas, sino que era una persona trabajadora -dijo en su idioma una de las viudas, al ser abordada por la prensa.
