Los empresarios Piero Coen, Carlos Pellas, Roberto Zamora y Ramiro Ortiz, cabezas visibles de algunas de los principales grupos empresariales de Nicaragua, abogaron por separado, por la realización de elecciones adelantadas, como una forma de encontrar una salida rápida a la profunda crisis que vive el país desde hace ya seis semanas.
Unas horas después todos los representantes del gran y mediano capital organizado en Cosep, AmCham y la Asociación de Bancos, envió una carta a Daniel Ortega en la que le instan a permitir el nombramiento de “asesores y garantes” internacionales, de los acuerdos a los que lleguemos los nicaragüenses.
Este martes, Piero Coen, presidente del Grupo Coen, que incluye empresas en los sectores financiero, agroindustrial, ganadero, agrícola, bienes raíces, y soluciones de ID, declaró en una entrevista a Confidencial que el país necesita que haya “una salida constitucional, democrática y pacífica”.
Esa solución se hace más urgente en la medida en que el país se ha visto afectado “política, económica y socialmente”. En lo político, porque “el pueblo está demandando justicia, institucionalidad y democracia y… eso se logra con un cambio de Gobierno”.
En lo económico, porque afecta “la inversión, el turismo, las exportaciones y porque el desempleo crece día a día. Los bancos están restringiendo créditos y servicios por temor” por lo que sus repercusiones aumentarán en la medida en que esta situación se prolongue, mientras que en lo social, porque tanto el desempleo como el daño económico, causan “preocupación y estrés en las familias”.
Coen asegura que los derechos humanos no han sido una prioridad para el Estado. “Por el contrario, se han documentado violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas tanto en el ámbito nacional como internacional, a lo que se suma que “la población siente que sus demandas contra tales violaciones, no han sido atendidas por las instituciones estatales correspondientes”.
Pellas: nuevo modelo de nación
Un dìa después Carlos Pellas, cabeza del Grupo Pellas, dijo al Diario La Prensa, que “hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional, que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua, para una fecha acordada entre la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia y el Gobierno, que permitan elegir por medio de un proceso libre y transparente a nuevas autoridades”.
Para ello, hay que comenzar exigiendo “a lo inmediato, la renuncia de todos los miembros del Consejo Supremo Electoral”.
Además de lamentar la pérdida de más de 80 vidas, y el conteo de más de 800 heridos, Pellas advierte que la imagen del país se está deteriorando vertiginosamente, y que la caída del turismo podría significar la pérdida de más de 100,000 empleos. “El drama humano empeorará en la medida que la economía se contraiga y las oportunidades de empleo desaparezcan”, lamentó.
El empresario reconoce que “el modelo que traía el país se agotó… se necesita de forma urgente acordar un nuevo modelo de nación que permita la convivencia inclusiva, democrática, institucional y pacífica de todos los nicaragüenses”.
Zamora: respetar voluntad popular
Roberto Zamora, dueño de Latin America Financial Services (Lafise, con presencia en toda Centroamérica más Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y República Dominicana), dijo en una comunicación interna dirigida “a todas las madres y colaboradores de la Familia Lafise”, que “es importante lograr una pronta salida a esta crisis nacional”.
El banquero reclama que esa salida sea “sin más sufrimiento y derramamiento de sangre, por lo que seguiremos brindando nuestro máximo apoyo a la Alianza Cívica y a la Conferencia Episcopal”.
Zamora opina que estamos en un “proceso de cambios que necesitamos todos los nicaragüenses”, y que debe ser “la voluntad popular a través de elecciones anticipadas, la que establezca la justicia, la democracia y la libertad en nuestra patria”.
Ortiz: proceso transparente y supervisado
El también banquero Ramiro Ortiz, dijo en una entrevista publicada en el sitio web de El Nuevo Diario, que los integrantes del dialogo nacional deben acordar “las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones, pero de una manera ordenada y bajo un proceso justo, claro, transparente, supervisado y constitucional”.
Ortiz invitó a “la implantación inmediata de las recomendaciones” que hizo la CIDH, y que se le dé a esa entidad, la oportunidad de continuar la investigación y culminar el proceso que conlleve a poner a todos los culpables ante la justicia.
A la par, “que se logre la completa democratización del país y se fortalezcan las instituciones, que se abran los espacios políticos, que sean participativos, transparentes y supervisados”, pero sin destruir la economía. Es clave que el motor de la economía, que ya ha sido dañado sustancialmente, esté listo para echarlo a andar, para crear empleos y crecer, dentro de un renovado marco institucional y democrático”.
Ortiz rechazó que la cúpula empresarial nicaragüense sea aliada del gobierno y por ello, “de alguna forma responsable de la situación política que conllevó a esta crisis”. En vez de eso, aseguró que “el desmantelamiento de las estructuras democráticas fue resultado de los pactos y arreglos de los partidos políticos, en los que nunca participó ni estuvo de acuerdo el sector privado”.
Consejeros del Cosep: elecciones anticipadas
Los consejeros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), junto con todas sus cámaras, más la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham), y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), enviaron una carta al presidente Daniel Ortega.
En la misiva, los firmantes le dicen a Ortega que consideran “urgente implementar las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado”, especificando que los plazos para ambas tareas deben ser acordados en el diálogo nacional.
Para aclarar su posición, el gran capital le dice al mandatario que “el sector privado está de acuerdo y apoya los aspectos fundamentales relativos a garantizar la institucionalidad democrática, así como los temas asociados a la justicia y los derechos humanos planteados en la agenda de la Alianza Cívica en el seno del diálogo nacional”.
Por ello, le instan a reunirse con la Conferencia Episcopal; a involucrar “como asesores y garantes de los acuerdos”, a representantes de la CIDH y la Unión Europea; y a adoptar las 15 recomendaciones de la CIDH, en especial, la referida a cesar los actos de violencia.
La carta está firmada por Alberto Chamorro, César Augusto Lacayo, René Morales Carazo, José Antonio Baltodano, Jaime Rosales, Carlos Pellas Chamorro, Ernesto Fernández Holmann, Miguel Gómez, Ramiro Ortiz, Juan Bautista Sacasa y Jaime Montealegre, así como los directivos de AmCham, los presidentes de Cosep, Funides y Asobanp, además de los titulares de 26 cámaras del Cosep.
Fuente: Confidencial
