Ciudad de Managua – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó su visita de trabajo a Nicaragua, la cual tuvo lugar del 17 al 21 de mayo de 2018. El objetivo de la visita fue observar en el terreno de manera preliminar la situación de los derechos humanos en el país en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril de 2018, documentar estos hechos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado.
Desde el inicio de las recientes protestas en Nicaragua, la CIDH utilizó sus diversos mecanismos para monitorear la situación de derechos humanos en el país, inclusive la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna.
Durante su visita en el terreno, a CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados. Lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana.
Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo con información disponible, como antecedente de las protestas diversas fuentes mencionaron el incendio en la reserva natural de Indio-Maíz; y como catalizador de la situación el hecho de que el 16 de abril el gobierno publicara en el Diario Oficial una reforma a la seguridad social que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y que también estableció una detracción del 5% a los pensionados. Lo anterior, sumado a la dispersión de una manifestación de personas adultas mayores, produjo protestas generalizadas lideradas por grupos de estudiantes y jóvenes, así como también sectores de trabajadores, campesinos, ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y ciudadanos en general. Sin perjuicio de que cinco días después el gobierno retiró la reforma al sistema de seguridad social, las protestas continuaron y se extendieron debido al descontento de amplios sectores de la sociedad con el gobierno actual. Posteriormente, la falta de reconocimiento y condena del gobierno en relación con la represión desatada también produjo una mayor indignación.
Los incidentes se registraron en la ciudad de Managua, León, Estelis, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otros.
La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático. Según información recibida, el 18 de abril se suspendieron las transmisiones de Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. El canal 100% Noticias estuvo 6 días sin transmisión, lo que le impidió sacar al aire programas percibidos como contrarios a los intereses del gobierno; y el 23 de abril, la edición digital del semanario Confidencial sufrió un bloqueo durante siete horas. El periodista Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras cubría los disturbios.
Asimismo, el 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. En los sucesos muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas. Uno de los cuales fue el adolescente Álvaro Conrado de 15 años de edad, impactado de bala en su cuello y cara cuando ingresaba agua a la universidad, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores.
Otro grupo de testimonios apuntan a que cientos de estudiantes habrían sido atacados en la explanada de la Catedral por decenas de agentes antimotines que habrían actuado en forma coordinada con grupos violentos irregulares. Estudiantes, familiares, personas que colaboraban y periodistas habrían sido agredidos, por lo que decidieron refugiarse en el interior de la Catedral. De acuerdo a decenas de relatos, un número de aproximadamente 600 personas ingresaron a este recinto donde permanecieron toda la noche rodeados, en donde encontraron la protección de sacerdotes de la Iglesia Católica.
Por otra parte, se tiene información de que en algunos casos los manifestantes hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas. El gobierno afirma que existen grupos vandálicos y criminales que operan en el marco de las protestas y tomas de universidades, y que han ocasionado daños a bienes públicos y privados. En la ciudad de León los estudios de Radio Darío, que transmitía las protestas fueron incendiados por completo y dos de los atacantes perdieron la vida al tomar fuego el combustible que transportaban. En la misma ciudad también fue incendiado el Centro Universitario (CUUN), en los hechos perdió la vida una persona.
También se recibió información sobre ataques de terceros armados a parroquias de la iglesia católica, como por ejemplo las parroquias de Matiguás y Sébaco.
La CIDH también documentó un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes. Según datos aportados por el Estado, 438 personas fueron aprehendidas mediante el uso de la fuerza y llevadas a unidades de policía, como El Chipote, de las cuales 209 fueron trasladadas a la Cárcel Modelo de Tipitapa, tras dos días de incomunicación y los restantes puestos en libertad. En muchos de los casos, los detenidos habrían objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Dentro de las denuncias recibidas destacan aquellas de víctimas que alegan haber sido objeto de golpes, insultos o bien no recibir alimentos y escasa provisión de agua. Las personas que se acercaron a la CIDH también presentaron quejas respecto al trato en el centro La Modelo, por haber sido rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes. En algunos de los casos, denunciaron haber perdido todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares que quedaron en manos de los agentes estatales.
Durante tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez, ni se comunicaron con los familiares.
De acuerdo con centenares de testimonios, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes. Por otro lado, la CIDH observó en su visita, según informan en el reporte preliminar, que el Ejército anunció que no participaría en el control de la protesta social y que realizaría la protección y seguridad a las entidades e infraestructuras vitales para el funcionamiento del país.
La CIDH constata qué hay un ambiente de intimidación en contra de estudiantes, manifestantes, periodistas y ciudadanos que manifiestan su rechazo al gobierno y a la actuación represiva de agentes del Estado. De acuerdo a la información recibida en el marco de la visita, la CIDH recibió denuncias de amenazas, incluidas de amenazas de muerte, por parte de agentes estatales y de tercero en contra de manifestantes, jóvenes, familiares de víctimas, testigos, religiosos y grupos opositores al gobierno; vigilancia a través de patrullajes policiales y motorizados particulares, así como hostigamiento en redes sociales. La Comisión además recibió múltiples testimonios sobre funcionarios estatales de diferentes instituciones que habrían sido forzados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos.
Los testimonio recibidos hacen concluir a la Comisión que estudiantes, personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. La especial vulnerabilidad de estos grupos exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.
La CIDH reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras, no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental de la sociedad. El Estado de Nicaragua debe garantizar en todas las circunstancias que defensoras y defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos, libres de cualquier restricción y sin temor a sufrir represalias.
La delegación a cargo de la visita estuvo liderada por la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua, quien estuvo apoyada por el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; y el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Además, fue asistida por Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo; María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos; los Relatores Especiales para Libertad de Expresión, Edison Lanza, y para DESCA, Soledad García Muñoz, y por los especialistas de la Secretaría Ejecutiva.