Después de 6 días de protestas, saqueos y muertes en Nicaragua por una polémica reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que pretendía un aumento del 2% a las empresas y del 5% a los empleados, el presidente Daniel Ortega revocó la reforma que había anunciado el miércoles anterior y que iba a ser aplicada a partir del mes de julio.
En un ambiente de protestas y enfrentamiento de estudiantes con las fuerzas del orden del gobierno de Nicaragua, lo que llevó al país centroamericano a la ingobernabilidad y a pedir la salida de Ortega, este concluyó que era mejor revocar la reforma que conllevo a las manifestaciones.
La participación de la empresa privada que alzó la voz sumándose a la población que permanece en la lucha contra el posible aumento de la cotización al INSS, el gobierno en primera instancia llamó a una mesa de diálogo para concertar una solución pero el sector empresarial representado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) pidió tres condiciones para sentarse:
- El cese inmediato de la represión de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque afines al Gobierno.
- La liberación de los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a expresarse libre y pacíficamente.
- La garantía de la libertad de prensa.
El mandatario ha contestado que:
“un diálogo no se puede condicionar, un diálogo debe ser abierto.” Dejó en claro el presidente que el primer tema debe ser el «restablecimiento de la seguridad, estabilidad y la paz de las familias nicaragüenses,» después de eso se podrán tratar temas del orden de las reformas tributarias y otros temas.
Ante esta problemática, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha actualizado la alerta de viaje a Nicaragua con la advertencia:
«reconsideren viajar a Nicaragua debido al crimen y los disturbios civiles.»
También ha retirado al personal de la misión diplomática acreditada en el país centroamericano justificando la acción con que:
«la delincuencia violenta, como la agresión sexual y el robo a mano armada, es común y que -se lee en el comunicado- la presencia policial y la respuesta de emergencia son extremadamente limitadas fuera de las principales áreas urbanas».
Todo parece indicar que la crisis en Nicaragua continuará, pese a las acciones de Ortega.
Las muertes hasta el momento se calculan de 25 a 30 dependiendo de la fuente, la Cruz Roja desde el comienzo de las protestas contabiliza 9 muertos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dijo que al menos 25 personas murieron y hay 120 personas arrestadas, en estas cifras se ubica un periodista muerto, Miguel Ángel Gahona en el área costera de Bluefields.
La comunidad internacional ha pedido el cese a la violencia y han solicitado al gobierno de Daniel Ortega le permita a la prensa realizar su trabajo.
