El gobierno de Guatemala gastó más de $13.6 millones de dólares para para consultar al pueblo sobre si llevar o no a la Corte Internacional de Justicia (ICJ) la disputa territorial con Belice. Una consulta que esconde, según activistas sociales, un trasfondo neoliberal, pues lo que busca es hacerse con el control del territorio maya para proyectos extractivistas.
Los críticos de la consulta, afirman que la intención del gobierno es llevar a cabo proyectos extractivistas en el territorio, en su mayoría habitados por personas Q’eqchi mayas que no fueron consultadas sobre la disputa territorial.
Las autoridades guatemaltecas están promoviendo la idea, que el control de Guatemala en la zona atraería inversión extranjera, comercio, turismo y seguridad para todos.
«Belice es un territorio con recursos significativos, y luego hay transnacionales británicas y estadounidenses interesadas en la minería y la explotación», dijo el historiador guatemalteco Roberto Landaverry a El Periódico.
«El Estado otorga los extranjeros a las empresas extranjeras», dice Ollantay, un activista quechua de derechos humanos que reside en Guatemala.
Además, el gobierno del presidente Jimmy Morales está utilizando la consulta para luchar contra su baja calificación de aprobación. De hecho, la CIJ no requiere ninguna consulta previa.
Al final, solo alrededor del 24 por ciento de la población votante de Guatemala acudió a las urnas. De ellos, el 95 por ciento aprobó la intención del gobierno de ir a la CIJ.
Después de la votación Morales dio unas palabras a la prensa, cometiendo un pequeño pero significativo error al decir, «para ir a la Corte Internacional de Justicia y encontrar una solución definitiva en la disputa territorial con México… quiero decir, Belice.»
