El proyecto de ley de Cyber seguridad que conoce el Congreso hondureño perjudicaría severamente la libertad de expresión al obligar a las compañías que brindan servicios de internet a censurar el contenido, dijo hoy Human Rights Watch en un comunicado. El Congreso hondureño debería rechazar el proyecto de ley, que fue aprobado durante una votación inicial el 8 de febrero de 2018 y enfrenta dos rondas más de discusión y votación antes de que se convierta en ley.
Conforme a la ley propuesta, dichas empresas deberán bloquear o eliminar el «contenido ilegal» que los usuarios puedan publicar en las plataformas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de una queja, un período que podría extenderse a siete días si está «debidamente justificado». Si la compañía no actúa, su sitio web podría ser bloqueado o suspendido, privando a todos los hondureños del acceso a la plataforma debido a la presunta conducta ilegal de unos pocos. Los plazos ajustados y las sanciones graves brindan a las empresas un incentivo para errar al lado de la censura, al igual que nuevas categorías de «contenido ilegal». Incluyen «incitación a la discriminación» para «dañar la dignidad» e «incitación al odio», «Promover o alimentar el discurso con «connotaciones discriminatorias»». La ley no contempla ninguna consideración judicial ni órdenes antes de que se elimine el contenido, ni una revisión judicial de las decisiones de censura empresarial.
«El proyecto de ley permitiría al gobierno utilizar empresas que brindan servicios de Internet para imponer restricciones inaceptables a la libertad de expresión que irían más allá de lo que podría ser legítimo según el derecho internacional de los derechos humanos», dijo José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch.
La versión original del proyecto de ley fue presentada el 1 de febrero por un congresista del Partido Nacional titulado: Ley que regula los actos de odio y discriminación en las redes sociales e Internet. El proyecto de ley era prácticamente idéntico al presentado por el entonces presidente, Rafael Correa, a la Asamblea Nacional de Ecuador en marzo de 2017. El proyecto original fue duramente condenado por organizaciones no gubernamentales, el Consejo Hondureño de Empresa Privadas y el relator especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, entre otros.
En un esfuerzo por justificar el proyecto de ley, la comisión especial del Congreso que lo revisó agregó varias disposiciones sobre el tema de «ciberseguridad», sosteniendo que la ley busca proteger la seguridad nacional de Honduras. Sin embargo, la esencia del proyecto original permanece, dijo Human Rights Watch. Además de proporcionar nuevas definiciones vagas para las categorías de «contenido ilegal», la ley propuesta no especifica cómo se establecerá el organismo encargado de imponer sanciones y qué criterios se utilizarán. La ley prevé la creación de un comité compuesto por representantes de 19 instituciones estatales, la mayoría de las cuales forman parte del poder ejecutivo. El comité tiene la tarea de establecer una dirección encargada de evaluar si las empresas de Internet cumplen con la ley e imponer sanciones en caso de que fallen, incluidas multas sustanciales y suspender o bloquear sus sitios.
«Dar estos poderes de ejecución a un organismo controlado por el poder ejecutivo es una receta para la censura política», dijo Vivanco. «Esto desenmascara cualquier esfuerzo realizado para presentar la ley como un medio para proteger la seguridad nacional, cuando en realidad es un mecanismo tosco que el Poder Ejecutivo puede usar para controlar la libertad de expresión».
En junio de 2011, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones Unidas emitieron la «Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet», que establece directrices sobre cómo regular Internet en una manera que sea compatible, entre otros, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Honduras es parte.
La declaración establece que «nadie que simplemente proporcione servicios técnicos de Internet, como proporcionar acceso, buscar o transmitir o almacenar en caché la información, debe ser responsable del contenido generado por otros, que se difunde utilizando esos servicios». Sin embargo, el proyecto de ley parece imponer el deber de remoción y de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet, incluso en ausencia de una orden judicial o cualquier intervención de la compañía en el contenido ilegal que sus usuarios publican.
Fuente original en inglés: www.hrw.org
Traducción: El Pulso
