El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés y del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, junto a otros 5 exdirectivos del Consejo han sido acusados de cometer alrededor de 600 delitos de corrupción. Mediante un requerimiento fiscal interpuesto por la Fiscalía Especial Contra el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) se procedió a formalizar la acusación.
Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que Rivera Avilés y los otros exfuncionarios son imputados por 600 delitos de corrupción vinculados al manejo irregular de fondos públicos, justificados bajo la figura de viáticos, la desviación de dineros públicos sería de unos 13,5 millones de lempiras en concepto de giras nacionales y extranjeras.
Solamente Rivera Avilés es acusado de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos. Otro de los exfuncionarios acusados es Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial a quien se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad. Bonilla en 2017 fue declarado culpable del delito de tráfico de influencia a favor de dos familiares. Los otros acusados son:
Julio César Barahona, 67 delitos de malversación de caudales públicos.
José Francisco Quiroz, 3 delitos de malversación de caudales públicos.
Liliam Maldonado, es acusada de 67 delitos de malversación de caudales públicos.
Celino Arístides Aguilera, es señalado de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
Según las investigaciones, las cifras de giras nacionales e internacionales ascienden a 576 ocasiones en las que no realizaron los viajes ni devolvieron el dinero, según la calendarización que ellos tenían las supuestas giras de trabajo estaban agendadas para 46 semanas que incluían días feriados, vacaciones y fines de semana.
Un informe elaborado por la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones del Poder Judicial fue el inicio de la investigación. Durante dos años recolectaron evidencia técnica científica para acreditar la participación de los imputados en conductas ilícitas, apunta el comunicado del Ministerio Público (MP).
