La semana pasada la sala IV del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dejó en libertad al exalcalde sampedrano, Óscar Eduardo Kilgore López, luego de declararlo absuelto por el delito de enriquecimiento ilícito durante su mandato del 2002 al 2006. Se cierra la etapa de 12 años que el ex alcalde sampedrano calificó como una de sus peores pesadillas, que lo mantuvo dos años seis meses encarcelado. Kilgore, ahora inhabilitado para participar en política, buscará un retiro tranquilo lejos de las cámaras y reflectores que le permitan disfrutar del resto de su vida. Eso si no se levanta otro fantasma que podría entorpecer la vida tranquila del exalcalde, así como enturbiar aún más el “exilio” del otro exedil sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri, ahora prófugo luego de una orden judicial que ordenó su encarcelamiento por malversación de caudales públicos.
De cinco alcaldes que administraron la capital industrial los último veinte años, dos han pasado por los tribunales de justicia por temas relacionados con el manejo de los fondos públicos. Pero está aún sin tocar el caso Sulambiente, que trasciende el periodo de esos cinco alcaldes sampedranos, desde 2001 hasta la fecha, cuando los modernos camiones recorren la capital industrial recolectando los desechos sólidos a un alto costo para la ciudad.
Más de 400 millones de lempiras ha costado a San Pedro Sula un contrato de recolección de basura con la empresa que dicen pertenece a reconocidos políticos del Partido Nacional, entre ellos el alcalde capitalino Nasry Tito Asfura, y apenas tiene un año de funcionar. Un escandaloso desfalco que involucra a personalidades del mundo empresarial como de las mafias paramilitares de Colombia.
Si halamos la línea asquerosa que suelta una bolsa de basura en la calle del centro de San Pedro Sula, veremos que nos lleva por un largo recorrido hasta el mismo Vicente Castaño Gil, comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, supuestamente asesinado en el 17 de marzo de 2007, si bien hay fuertes rumores que indican que la muerte del último de los Castaños fue fingida.
SULAMBIENTE: LAS MAFIAS POLÍTICAS Y EL PAGO DE 200 MILLONES POR HACER NADA.
El 23 de Mayo del año 2001, a 8 meses de terminar su mandato, el Alcalde Roberto Larios Silva decidió licitar la Concesión de los Desechos Sólidos de la ciudad de San Pedro Sula. Entre las 3 empresas que participaron en la licitación, el contrato se aprobó para la empresa Sulambiente, la misma compañía que hace poco había ganado la licitación de la empresa de Aguas de San Pedro: AGACC Y OTROS, pagando al alcalde Larios, según lo manifestara el ex regidor de la alcaldía sampedrana (2010-2014) Wilfredo Flores, tres millones quinientos mil dólares por la adjudicación de la compañía de aguas y un millón quinientos mil dólares por la de basura.
“Esa era la prisa de Larios Silva por sacar el contrato a cinco meses de terminar su período”, afirma Flores.
En el acta N° 90 del 28 de Septiembre del 2001, la Corporación Municipal de SPS de ese entonces, precalifica y adjudica la licitación, y en la sesión ordinaria N° 91 del 1 de Octubre del 2001 se ratifica la adjudicación de la licitación y se hacen las respectivas publicaciones.
El contrato, que excedía el período del alcalde, debió ser aprobado por el Congreso Nacional, pero el tema no llegó al mismo pues el pleno estaba en campaña presidencial para las elecciones de noviembre de 2001.
El 25 de Enero del 2002 tomó posesión Oscar Kilgore y en Febrero de ese año la empresa ganadora AGACC Y OTROS solicitó al nuevo alcalde la ratificación del contrato que deriva de la licitación adjudicada de los desechos sólidos y así solicitar al Congreso Nacional que presidía Porfirio Lobo Sosa, su aprobación.
Pero la nueva administración decide violentar la Ley de Contracción del Estado que rige el proceso de licitaciones, que obliga a un dictamen legal de la Procuraduría General de la República y la denuncia del mismo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo y obtener sentencia de tal anulación. El alcalde Kilgore cancela de manera ilegal el contrato con la nueva empresa recolectora (que ya había pagado coima al alcalde anterior), causando un grave daño a las finanzas de la capital industrial.
Según el regidor Wilfredo Flores, “la basura ha sido siempre el negocio de los alcaldes.”
Hasta la fecha, 100 carros recolectores de un sin número de propietarios recogían los desechos sólidos en la capital industrial, a un precio de 100,000 lempiras mensuales (de los cuales debían devolver el 25% al alcalde). Los contratos eran otorgados a activistas del partido del alcalde ganador como pago a sus aportaciones en la campaña. Roberto Larios Silva era un alcalde del Partido Liberal, Oscar Kilgore del Partido Nacional y los activistas eran distintos, la basura, pues, debía ir a personas distintas.
Con la decisión tomada por la Corporación Municipal de cancelar de forma ilegal el contrato a Sulambiente, la abogada Maribel Espinoza Turcios, actual vice presidenta del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal, a Nombre de HOLDING ELECTRICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD POR ACCIONES (HECA, S.P.A.), AGAC, SOCIEDAD POR ACCIONES (AGAC S.P.A.) ACEA SOCIEDAD POR ACCIONES (ACEA S.P.A.), AMA SOCIEDAD POR ACCIONES (AMA S.P.A.) Y ETERNA, S.A., empresas que conforman el consorcio AGAC Y OTROS, S.A., o SULAMBIENTE, impugna primero ante el pleno corporativo la resolución y obtiene respuesta negativa a dicha, y posteriormente presenta demanda con reclamación de daños y perjuicios ante el Juzgados de los Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula el 4 de Febrero del 2004 reclamando lo siguiente:
Que se anule el acto administrativo de fecha 27 de Febrero del año 2003, donde esa corporación municipal acuerda declarar fracasada la licitación adjudicada el 28 de septiembre del 2001.
Al pago de daños y perjurios por la cantidad de SEIS MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS DIECINUEVE DÓLARES ($6,682,919.00), justificando dicha solicitud en que el consorcio AGAC Y OTROS, había pagado una comisión de éxito por dicho proceso licitado a un banco N+1 la cantidad de $1,000,000.00 (Un Millón de Dólares) y además habían inversiones en garantías bancarias por $1,500,000.00 (Un Millón Quinientos mil dólares ) y en compra de equipo.
Pago de Costas y
Que se obligue a la firma del contrato.
El 25 de Enero del 2005, un año antes de terminado el período municipal, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, presidido por el Abogado Mario Augusto Peraza Zelaya, emite sentencia sobre ese juicio donde se condena a la Municipalidad de San Pedro Sula, al cumplimiento de las solicitudes de la parte demandante, agregando las costas del juicio por UN MILLÓN, QUINIENTOS MIL DÓLARES ($1,500,000.00.) Dio inicio entonces la etapa de negociación y arbitraje entre la administración de la alcaldía de San Pedro Sula y la empresa Sulambiente, modificando luego de forma arbitraria las tarifas a favor de la empresa que aún no arrancaba operaciones.
El nuevo contrato fue firmado el 10 de Noviembre del año 2005, a dos semanas de las elecciones y a pesar que el Juez de lo Contencioso Administrativo mandaba a firmar el contrato original y cumplir la sentencia, la alcaldía compromete a la nueva administración de la ciudad a pagar a la empresa Sulambiente la cantidad de L.1,989,631,687.68 (Un mil, novecientos ochenta y nueve millones, seiscientos treinta y un mil, seiscientos ochenta y siete lempiras con 68/100) más los costos de inflación anual en 14 años.
El nuevo contrato debió haber sido aprobado por el nuevo Congreso Nacional, esta vez presidido por Roberto Micheletti Bain, pero para obviar el trámite, el 16 de enero del 2006, a apenas once días para que terminara su gobierno, el Alcalde Óscar Kilgore remitió a la Secretaría del Congreso Nacional dichos documentos y sin ser conocido por ese poder del Estado publica en la tabla de avisos legales del diario La Gaceta, el contrato modificado, siendo publicado en la edición N° 30903; además dejó emitida la orden de inicio de limpieza de la ciudad con fecha 19 de enero de 2006 y efectiva a partir del 25 de enero del 2006 sabiendo que ese día terminaba su período de gobierno.
Rodolfo Padilla Sunseri, al igual que Kilgore, decidió no cumplir con el contrato y mantener la tradicional práctica edilicia de dar contratos a pequeños recolectores que distribuye entre activistas liberales.
Durante todo el proceso que duró la conciliación durante el gobierno de Zelaya Rosales, la empresa poco movió para presionar para iniciar operaciones. No querían que el tema se volviera asunto del gobierno del poder ciudadano y prefirieron moverse bajo el radar; aparecieron sí los nuevos socios de la empresa, entre los que se mencionan a los señores Nasry Asfura, hoy alcalde de la Ciudad de Tegucigalpa, dueño de una de las empresas que forma parte del consorcio HOLDING ELECTRICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD POR ACCIONES (HECA, S.P.A.) y el señor Johny Kafati.
El día 3 de Febrero del 2010, afirma el regidor Wilfredo FLores, ya cuando había una nueva corporación municipal, notifican al nuevo Alcalde Dr. Juan Carlos Zúniga que incluya en el presupuesto de la Municipalidad el valor de la condena $6,615,794.00 (seis millones, seiscientos quince mil, setecientos noventa y cuatro dólares), más las costas del juicio. El Dr. Zúniga decide hacerse el desentendido de lo que la empresa SULAMBIENTE reclama y en Junio del 2012 embargan a la municipalidad.
En Noviembre del 2012 el Congreso Nacional autoriza a la municipalidad un préstamo de L.400,000.000.00 (cuatrocientos millones de lempiras) cuyos fondos deberían servir para el desarrollo de la ciudad; en conjunto eran de aproximadamente L.112,000,000.00 anuales. La influencia de los grandes socios de SULAMBIENTE se puso en evidencia cuando en ese decreto se consignó el pago de dichos fondos.
La actual corporación Municipal de Armando Calidonio (2014-2018) nombró una comisión que revisara la situación del contrato y recomendara una solución por el daño al patrimonio municipal.
Esta comisión, queriendo justificar la firma del contrato y decir que está favoreciendo al pueblo, detecta que en vez de recolectar 1000 toneladas métricas de desechos sólidos diarias, como se había venido diciendo por todos esos años, se recolectan entre 550 y 600 toneladas diarias.
Ese fue el preámbulo para que esta comisión recomendara al pleno corporativo actual, la firma de un contrato modificando sus tarifas a valores actuales .
El contrato se aprobó en el Congreso Nacional en 2014, en una sesión en donde solo hubo 49 diputados presentes, sin la presencia de la oposición que había mantenido una fuerte campaña en contra del contrato.
Entre los diputados de la oposición que sí aprobaron el contrato e hicieron campaña a favor de la empresa, resalta el diputado de Libre Edgardo “Chele” Castro, que según manifiesta Wilfredo Flores recibió $100,000.00 (cien mil dólares) para aprobarlo.
EL REY DE LA BASURA: LA CONEXIÓN CON COLOMBIA Y LOS PARAMILITARES.
El 28 de diciembre de 2016 una nota en el portal kenworthcolombia.com anunciaba la entrega desde la ciudad Hidalgo en México a la compañía hondureña Sulambiente, empresa filial del grupo Ethus Interaseo Colombia de 26 unidades Kenworth, 20 con chasis dobletroque T800 6X4 y caja compactadora de basuras de 25 yardas cubicas marca Usimeca, y 6 con chasis T370 4X2, con caja compactadora de basuras de 17 yardas cubicas marca Usimeca, modelos 2017.
La nota del portal afirmaba que la negociación y venta fue realizada por Carlos Ivan Duque, Gerente de la Línea Vocacional de la compañía, y se llevó a cabo con el corporativo del grupo Interaseo con sede en Colombia, quienes por la fidelidad y confianza que les ha generado la marca en Colombia, y donde se les brindó total respaldo, a través de la capacitación y entrenamiento de todos sus conductores y el personal técnico que suministrará el servicio posventa a la flota de Sulambiente, con todas estas garantías decidieron continuar trabajando con la marca KW como equipo aliado.
Llama la antención como el portal kenworthcolombia.com afirma que la empresa Sulambiente que recoge la basura de los sampedranos, es filial del grupo Ethus Interaseo Colombia, empresa que pertenece al “paisa” Colombiano William Velez Sierra (que no hay que confundir con el senador también colombiano William Velez Mesa, cercano amigo del narcotraficante Pablo Escobar).
Vélez Sierra es conocido en Colombia por su estrecha amistad con el expresidente Alvaro Uribe Vélez. Es conocido también en su país como el Rey de la Basura, propietario de una de las empresas más importantes de Colombia, maneja el rubro de la construcción de aeropuertos, represas, compañías eléctricas y recolección de basura. Tiene bajo su control los desechos sólidos de Medellín y Bogotá, entre otras ciudades pequeñas de Colombia y desde 2011 controla todo el mercado de la basura en Panamá. Ahora parece moverse hacia Honduras.
A la muerte de Vicente Castaño Gil, comandante de las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vélez Sierra se vio inmerso en un escándalo al encontrarse en un computador personal de Castaño el memorándum del bloque norte, que indicaba un reporte financiero de las empresas que manejan los rellenos sanitarios en Medellín, en la cual aparece como testaferro de Castaño Gil, el señor William Vélez Sierra.
El caso ha pasado al olvido en Colombia, si bien vuelve de forma recurrente cuando aparece una nueva licitación en el rubro y se conoce a Vélez Sierra y sus empresas como licitante.
Su práctica empresarial, conocida en Colombia y Panamá, ha sido entrar a las empresas como un socio minoritario y desde adentro ir acaparando espacios de poder hasta hacerse con el control total de la misma; luego moverse a controlar el rubro a nivel local y nacional.
Así hizo Veléz Sierra en Medellín y Bogotá con la basura, así hizo con la construcción del aeropuerto El Dorado en Bogotá; en empresas de producción de energía eléctrica, como el control de todos los desechos sólidos ahora en Panamá.
Sulambiente, empresa que vincula a José Alberto Díaz Lobo, ex designado presidencial de Ricardo Maduro, propietario de la empresa Eterna SA, a cargo además de la construcción del aeropuerto de Comayagua; a Roy Morales Hawit, amigo íntimo del alcalde Calidonio, al mismo Tito Asfura, alcalde de Tegucigalpa y empresario del rubro de la recolección de desechos sólidos, y al empresario Jhonny Kaffati entre otras personalidades del país, tiene ahora entre sus socios al Rey de la Basura, el colombiano Vélez a quien los alcaldes sampedranos han abierto el camino y llega al país conquistar nuevos territorios y hacerse con el control total de todo lo que botamos.
