El día de ayer hicimos réplica de una nota escrita por Marco Cáceres y publicada por el huffingtonpost.com que titulamos “Flores Lanza destapa el carretillazo”. En ella se enumera una serie de funcionarios del poder ciudadanos que habrían (según declaraciones de Enrique Flores Lanza) recibido dinero del “carretillazo” para hacer uso de él en el proceso de la malograda Cuarta Urna que iba a realizarse el 28 de junio de 2009. Hoy publicamos esta aclaración a la lista que parece incompleta.
La cuarta urna, declarada ilegal por el Ministerio Público y el Fiscal General de Honduras del 19 al 20 de mayo de 2009 e inconstitucional por la Corte Suprema el 27 de mayo de 2009, es ampliamente considerada como la chispa que condujo al derrocamiento de José Manuel Zelaya. La razón más argumentada por los oponentes de Zelaya es que se había excedido en su autoridad y había abusado de su poder, por lo que cedió automáticamente su cargo.
El caso, bautizado por la prensa como el carretillazo, consiste en un retiro de cincuenta millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras, cuarenta millones de lempiras en efectivo que se llevó en un carro (y que fue captado en la cámara de seguridad del BCH) el 24 de junio de 2009 desde el Banco Central bajo la supervisión, según indica Flores Lanza, del Ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero y un adicional de diez millones de lempiras retirados el 26 de junio de 2009 por Coronel Edgardo Mejía Murillo, jefe de guardia de honor del señor Zelaya.
Según la nota del huffingtonpost.com, el Sr. Flores brindó información sobre cómo se distribuyeron los L. 50 millones. Dijo que el dinero se destinó a representantes del gobierno de Zelaya en los 18 departamentos de Honduras.
Luego de la crisis generada por el golpe de Estado del 28 de junio, que llevó a la movilización de miles de hondureños y hondureñas que se mantuvieron en Resistencia por más de seis meses en todo el país y luego de intensas negociaciones entre Lobo Sosa y Manuel Zelaya, con la mediación de los presidente Santos y Chávez de Colombia y Venezuela, respectivamente, el gobierno de Honduras, presidido por Porfirio Lobo Sosa firmó el 22 de mayo de 2011 el acuerdo Cartagena de Indias que para muchos representa el final de la crisis.
El acuerdo Cartagena permitió la creación del Partido Liberta y Refundación, así como el retorno del Presidente Zelaya que salió al exilio el 27 de enero de 2010 y que hasta entonces residía en República Dominicana.
En sus puntos 3 y 4 indica que los acuerdos se hacen con el fin de 3: “Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los ex funcionarios del gobierno del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras; Y 4: Saludar la decisión de las autoridades competentes de anular los procesos judiciales en contra del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales, subrayando la presentación de los documentos por la Fiscalía General de la Republica y de la Procuraduría General de la Republica ante el Tribunal de Apelaciones ad hoc, según los cuales ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva.”
En medio de la crisis política, los procesos judiciales iniciados en contra de los funcionarios del poder ciudadano se cubrieron con la contienda. Es aún creencia de los militantes de Libertad y Refundación que todo escándalo de corrupción de que se acusa a alguien del poder ciudadano es una campaña de desprestigio y de persecución política (no así los que sucedieron durante la administración de Roberto Micheletti). Todos los casos de corrupción que hubo durante esos 6 meses de crisis y aislamiento internacional, así como los que sucedieron en los tres y medio años anteriores al golpe de Estado se dieron por cubiertos por el acuerdo Cartagena adentro del punto 4: “anular los procesos judiciales en contra del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales.”
La Amnistía cubrió a todos, o a casi todos.
Por la razón que sea, el señor Enrique Flores Lanza quedó afuera de la negociación y ha tenido que enfrentarse a múltiples procesos judiciales que lo mantienen en el exilio. El más sonado de esos procesos ha sido “el carretillazo”.
Después de publicada la nota de Marco Cáceres, varios exfuncionarios se han comunicado con este medio haciendo conocer los desaciertos en las declaraciones de Flores Lanza que salen publicadas en la nota. Al parecer, varios de los mencionados en la nota han aclarado en diversas ocasiones que ellos no recibieron plata y piden se les elimine de la lista de Flores Lanza.
El señor Daniel Zambrano, para el caso, aclaró que él no recibió ni distribuyó en Olancho dineros de la cuarta urna; que quienes distribuyeron ese dinero fueron Carlos Zelaya, hermano del expresidente de la República, Manuel Zelaya; su esposa Evelin Rosales y el señor Santos Cruz.
Igual lo hizo el señor Armando Sarmiento, que en la época fungía como director de la DEI y aclaró en una publicación de diario La Tribuna, que no participó en la repartición de Flores Lanza.
“Mi visión particular era en desacuerdo con el proceso”, aseveró el ex funcionario quien detalló que inicialmente el presidente Zelaya le pidió que coordinara el departamento de La Paz, junto con Raúl Valladares, pero no participó.
“De la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no salió ni un centavo para combustible ni viáticos para respaldar el proceso de la realización de la Cuarta Urna, tal vez hubo algunos funcionarios de la DEI que al final participaron en el proceso, pero lo hicieron a título personal,” afirmó, agregando que “de mi parte, yo no tuve ninguna participación en el proceso de la Cuarta Urna porque uno; un juez la había declarado ilegal y el Ejecutivo debía acatar esa sentencia, le gustase o no”.
“Tampoco trabajé como “coordinador” de actividades relacionadas a este tema en el departamento de Olancho”, dice Sarmiento, que aclaró que “esta función correspondió a Carlos Zelaya, hermano del presidente Zelaya.”
“Desconozco el origen de la lista —afirma Armando Sarmiento al consultársele por la razón por la cual Flores Lanza lo nombraba en ese listado—, si es producto de algún esbozo inicial para organizar el proceso que nunca fue actualizado con los nombres de los verdaderos actores o si se debe a la torpeza, problemas de memoria o una mala intención de una fuente periodística.”
Han pasado casi ocho años desde la crisis que llevó al golpe de Estado en Honduras y seis desde el acuerdo Cartagena, este y otros casos de corrupción nunca aclarados gracias al mal entendido acuerdo como una licencia para la impunidad siguen saliendo a la prensa, manchando el nombre de personas inocentes.
Y seguirán saliendo, una y otra vez, como Sísifo, los funcionarios del poder ciudadano deberán aclarar a la prensa que ellos no participaron en tal o cual actividad. Pero lo cierto es que ese dinero salió del Banco Central, no fue un invento de la derecha golpista para manchar el nombre de Zelaya Rosales. Ese dinero se repartió entre varias personas que aún no han dado cuentas de su uso.
Si son o no los de la lista de Flores Lanza, solo una investigación criminal puede aclararlo. Si el dinero se usó para la Cuarta Urna o si fue a parar a bolsillos privados debe investigarse y si Flores Lanza no está en el país para actualizar la lista, porque considera que el país no presta las condiciones jurídicas para hacerle justicia, allí está Carlos Zelaya Rosales, hermano del presidente Zelaya, varias veces mencionado en este caso, actual diputado por Olancho en el Congreso Nacional. La investigación puede comenzar preguntándole a él, por el destino de esos dineros.
