En una carta dada a conocer el jueves por la noche, Juan Jiménez Mayor, un ex primer ministro peruano y vocero de la MACCIH en Honduras, presentó renuncia a su puesto y dijo que su pequeño grupo de fiscales había sido abandonado debido a la creciente hostilidad del gobierno hondureño.
Según argumenta, el secretario general del organismo regional, Luis Almagro, quien nombró al Sr. Jiménez, se negó a reunirse con él en Washington hace dos semanas. El Sr. Jiménez había planeado discutir los casos de corrupción que perseguían sus fiscales y la resistencia, incluidas las amenazas, que bloqueaban su trabajo.
«No deberíamos estar solos, y él lo sabe», escribió Jiménez Mayor en su carta.
Junto a Jiménez, el principal fiscal del panel, Julio Arbizu, un ex fiscal anticorrupción en Perú, y un juez chileno, Daniel Urrutia, también renunciaron.
Unas dos docenas de expertos continuaría sus investigaciones en la MACCIH.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, expresó en un comunicado que aceptaba la renuncia de Jiménez Mayor.
«He aceptado la renuncia de Juan Jiménez a la MACCIH en el deseo de que la misma se convierta en una oportunidad para fortalecer el trabajo de la misión», expresó el diplomático en una carta pública divulgada en el sitio oficial de la OEA.
El funcionario de la OEA informó además que «hasta tanto se designe un nuevo vocero» para la MACCIH quien estará a cargo de la transición será la fiscal peruana Ana María Calderón.
En la misiva, Almagro afirmó que las razones expuestas por Jiménez para renunciar «adolecen de faltas graves a la verdad», y recordó que el funcionario peruano es objeto de una investigación interna por «irregularidades administrativas, malas prácticas y mal funcionamiento de la MACCIH«.
El secretario general de la OEA negó que haya evitado recibir a Jiménez en Washington y cuestionó punto por punto los argumentos esgrimidos por el exvocero de la MACCIH.
De acuerdo con Almagro, «a pesar de lo imprevisto e inconsulto de esta renuncia y las dificultades que esto pueda traer, la MACCIH seguirá adelante, espero que con una mayor eficiencia administrativa y resultados más profundos y significativos».
Los grupos gubernamentales en Honduras respondieron a las noticias con consternación. «Este es el comienzo de una ofensiva política contra los pilares fundamentales que están en contra de la corrupción en Honduras», dijo Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción.
Por su parte Edmundo Orellana, abogado liberal, ex fiscal del Estado y ex ministro del gobierno de Manuel Zelaya, preguntó en un twitt de su cuenta si «¿Exigirá la comunidad internacional rendición de cuentas a Almagro por el desvío de fondos asignados a la MACCIH?»
En su carta Jiménez Mayor señaló el desvío de fondos de la MACCIH para contratación de Jacobo Dominguez quien salió del país luego de su lamentable papel en la aprobación de la Ley de Política Limpia y ha logrado renovar su contrato con la OEA a un costo de 250,000 lempiras mensuales, según afirma Jiménez.
Las tensiones entre el Sr. Almagro y el Sr. Jiménez fueron aumentando durante meses, pero la gota que colmó el vaso parecía ser una carta que el Sr. Almagro envió al presidente Juan Orlando Hernández el miércoles pasado. En él, se quejó de que la MACCIH «no había podido producir los resultados y enjuiciamientos de casos de corrupción que hubiésemos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras».
Pero la afrenta más directa se produjo el mes pasado, después de que la nueva unidad de corrupción del fiscal general, que trabajaba con la MACCIH, acusó a cinco legisladores de embolsarse dinero destinado a proyectos sociales. En respuesta, el Congreso hondureño aprobó un decreto presupuestario que congeló todas las investigaciones sobre el dinero para esos proyectos sociales, y un juez desestimó el caso contra los legisladores.
Jiménez y el fiscal general, Oscar Chinchilla, anunciaron en rueda de prensa el 11 de diciembre del 2017 que habían acusado a cinco diputados de haber recibido fondos del poder Ejecutivo para proyectos sociales pero que los desviaron a cuentas personales.
En su renuncia, Jiménez lamentó que el Congreso modificó el 18 de enero la ley del presupuesto «que señala que no procede la apertura de juicios» hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSE) concluya las auditorías de los fondos, por lo cual la justicia desistió del proceso contra los diputados.
Furioso, el Sr. Jiménez dijo entonces que la investigación se había extendido a unos 60 legisladores actuales y anteriores, incluido el poderoso presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera, un aliado cercano del presidente.
La investigación también pareció ampliarse más allá del Congreso. El mes pasado, los investigadores de la MACCIH y la oficina del fiscal general allanaron una fundación de la cual la suegra del presidente Hernandez, Carlota Carías, fue directora ejecutiva.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, también se convirtió en un enemigo entre los líderes empresariales cuando el año pasado comenzó una investigación contra altos funcionarios del Estado y de la Empresa Privada sobre una concesión para una represa con la oposición de miembros de la comunidad indígena lenca.
