El vocero de la Misión de Ayuda al Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, Juan Jiménez Mayor, anunció su renuncia el jueves citando la falta de apoyo de la OEA y del gobierno hondureño.
Juan Jiménez dejó saber en un comunicado que la falta de comunicación con el Secretario General, Luis Almagro, presiones que vienen desde el Congreso Nacional por el caso conocido como «La red de diputados», así como el papel de la misión en desnudar lo que llamaron el «Pacto de impunidad», habrían sido las causas para su renuncia.
El miércoles, Almagro envió una carta al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, expresando su decepción por los resultados hasta ahora producidos por la misión.
«Será necesario fortalecer el funcionamiento de la MACCIH dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad por parte de la Secretaría General no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuando a investigaciones y procesamientos de casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras», dijo Almagro en su carta al gobierno de Honduras.
Jimenez detalla por su parte un listado de logros de la misión en dos años de funcionamiento:
- Procesos llevados a condenas de funcionarios y particulares vinculados al caso del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
- Procesamiento y condena por tráfico de influencias del ex titular del Consejo de la Adjudicatura de la Corte Suprema de Justicia, Teodoro Bonilla.
- La creación del marco legal que permitió la construcción de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
- La ley de Política Limpia que dio paso a la creación de la Unidad de la Política Limpia.
Reconoce sin embargo los obstáculos que ha enfrentado la misión desde el Congreso Nacional para la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la reforma a la ley de presupuesto en donde se esconde lo que llamó Pacto de Impunidad.
«Nos han dejado solos,» parece reclamar entre líneas el ahora ex vocero de la MACCIH, al momento que da inicio de lo que parece ser la carrera del Secretario General por lograr la reelección en la dirección del organismo internacional.
Llama la atención, igualmente, el señalamiento que hace Jiménez Mayor por la renovación del contrato del señor Jacobo Domínguez, con un salario de 10 mil dólares mensuales sin tener claro el aporte que hace para la MACCIH desde la sede de la OEA en Washington y quien, según indica la misiva, salió del país por un reclamo de la ciudadanía.
De la misma manera, señala la visita del señor Luis Porto, en septiembre de 2017, cuando reunido con todos los funcionarios señaló que Jimenez Mayor no era jefe de misión.
«Sin liderazgo o hay posibilidad de éxito en ningún proyecto,» indica la carta, que no pierde la oportunidad de desnudar que la misión carece de infraestructura apropiada, resaltando la condición en que laboran los 93 oficiales de policía que dan seguridad a los funcionarios, que comen en la calle a la intemperie y solo cuentan con un un servicio sanitario.
«Debo recordar aquí que en mayo de 2017 uno de mis guardaespaldas murió de un disparo en la puerta del edificio de la MACCIH, en circunstancias difíciles de entender,» señala, como un recordatorio de los peligros que los funcionarios enfrentan al hacer la lucha contra la corrupción en el país.
La misión se estableció en 2016 después que Hernández respondiera a las protestas callejeras que pedían un organismo internacional para investigar la corrupción con el modelo de la CICIG, que recién había encarcelado al presidente Otto Pérez Molina y sus más cercanos colaboradores.
La CICIG, que sigue siendo modelo de inspiración para la oposición que durante dos años ha reclamado la inoperancia de la MACCIH (aunque ahora se rasgan las vestiduras defendiendo a Jiménez Mayor), tuvo en sus inicios un escenario similar al que hoy presenta la misión en Honduras.
Carlos Castresana, el jefe de la CICIG desde su funcación en 2007, renunció de su cargo en 2010 durante el gobierno de Álvaro Colom (otra vez Colom, ahora procesado por la CICIG). Los argumentos de Castresana eran parecidos a los de Jimenez Mayor: resistencia de las mafias acostumbradas a la impunidad, boicot por parte del Congreso Nacional, abandono de las Naciones Unidas y una campaña de desprestigio en contra del jefe de la misión que por poco termina con su matrimonio.
A la salida de Castresana, las élites corruptas de Guatemala celebraron su victoria sin imaginar que la baja solo sirvió para fortalecer la misión, que no es ni debe ser un proyecto de una persona, sino un proyecto de país.
A la CICIG llegó Iván Velazquez y las pesadillas comenzaron para los corruptos (algunos a lo menos) que comenzaron a pagar con cárcel sus acciones.
«Exhorto al pueblo hondureño a exigir la continuación de la misión y la selección de un nuevo jefe de misión que garantice la seriedad y la firmeza en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras», dijo Jiménez.
La MACCIH, con todos sus defectos, aciertos y desaciertos, debe seguir. Cambiar aquello que la debilita para mejorar su accionar, necesario para Honduras. Quien pida ahora que se elimine y se inicie de cero con una CICIH, lejos está de pensar en el bien del país.
