Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), es de la idea de continuar con las tomas y acciones de protesta para deslegitimar el gobierno del presidente reelecto Juan Orlando Hernández. También se resiste a participar en un diálogo sin un mediador internacional como primera condición para participar y que lo único que se discuta sea lo que ellos llaman un fraude electoral, que en palabras de Ríos, los representantes de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la UE (Unión Europea) pudieron observarlo.
El llamado al segundo paro nacional comenzó en la mañana del 20 de enero como estaba planeado, acciones de toma en las carreteras principales, quema de llantas y desalojo de manifestantes con el saldo de un muerto en la zona de Sabá en el departamento de Colón, una persona de la tercera edad que murió por disparos, Anselmo Villareal se convierte en una nueva víctima innecesaria de un conflicto de intereses políticos.
Para la semana previa al sábado 27 de enero, día de la toma de posesión de un segundo periodo consecutivo en la vida política y presidencial de Honduras, la Alianza ha llamado a una semana de protestas contra el oficialismo del partido en el gobierno, aunque Gilberto Ríos expresó que para los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de enero no se han programado acciones, queda a criterio e iniciativa de cada colectivo hacer las protestas.
Entrevista a Gilberto Ríos.
¿Cuáles serían las acciones a tomar por parte de la Alianza después de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández el 27 de enero?
No creemos que la historia este escrita en ese sentido, hay una oportunidad de que en los días del paro nacional del 20 al 27 de enero se pueda reconsiderar la toma de posesión porque los sectores opuestos a que él asuma de nuevo el poder son bastantes y esas acciones van a paralizar la economía nacional y podrían tener un impacto. Si el asume el 27 vamos a desconocer todas las instituciones y a entrar en desobediencia civil a partir de ese día como lo han planteado el Coordinador General de la Alianza Manuel Zelaya y el candidato presidencial Salvador Nasralla han dicho.
¿Cómo sería un gobierno de 4 años que no sea reconocido por un sector de la población?
Así fue este periodo, cada vez vamos ganando más sectores, la crisis está afectando a más sectores, la crisis tocó ya a la clase media y a los empresarios. Va a ser un país de ingobernabilidad cada vez con políticas que favorezcan a una pequeña elite y que marginan a la mayoría de la población, por tanto vemos la posibilidad de mayores protestas publicas con más respaldo y legitimidad.
En la manifestación del viernes 12 se dieron disturbios ¿En la Alianza tienen un comité de seguridad para evitar que sucedan esos hechos?
No. Lo tuvimos con el Frente Nacional del Resistencia, teníamos un equipo de seguridad de la resistencia que custodiaba las manifestaciones, creo que vamos a optar por organizarlo -no es fácil- ya hay alguna experiencia ganada de esas movilizaciones contra el Golpe de Estado. Ahora es el momento porque ahora estamos viendo con mayor incidencia la infiltración de la policía para distorsionar y desnaturalizar el sentido de las marchas.
¿Tienen algún mecanismo para reconocer a los infiltrados antes de los disturbios, y por qué no los capturan y los entregan a la policía cuando está causando los daños?
En el momento de los disturbios es difícil porque eso llama a que personas que no tienen orientación política se sumen a romper vidrios para poner un ejemplo, es algo atractivo en un momento en que caen las bombas lacrimógenas, la gente tiende a reaccionar de esa manera. Antes si se hacía eso, durante las movilizaciones se sacaba a los policías encubiertos, hasta hay fotos, yo mismo entregue una vez un par de agentes de la DGIC (Dirección Nacional de Investigación Criminal) infiltrados en el entierro de Pedro Magdiel que fue el segundo entierro de la Resistencia, ya tenemos esa experiencia, ahora lo que tenemos que hacer el retomarla porque no pensamos que estas movilizaciones iban a llegar a estos extremos, y estamos seguros que van a llegar a mucho más porque se agudizan las contradicciones políticas y posiblemente la violencia en el país.
¿Cuando dice que las movilizaciones van a llegar a más se refiere al tiempo de duración de las tomas o más afluencia de gente o más fuertes?
Ambas. Desde el sábado enfrentamos una semana de paro nacional pero además con mayor participación de la población y con acciones de toma de carretera a nivel nacional sin duda va a haber represión y presencia de la Policía Militar y Nacional y de otros organismos represores del Estado y por tanto es mucho más probable que exista una incidencia de ataque hacia los manifestantes.
¿Qué ha pasado con los gremios como los sindicatos y maestros que no tienen la beligerancia que tuvieron en el 2009?
Recordemos los movimientos sindicales de los años 80, eran muy fuertes hasta que entró el gobierno de Callejas y comenzó una política antisindical que quebró sindicatos, compró dirigentes, asesinó y desapareció dirigentes, lo mismo paso después del Golpe de Estado; una política en contra de las instituciones públicas; desapareció el IHNFA mil empleados a la calle, intervinieron y privatizaron la energía eléctrica en el país, despidieron a más de 3 mil empleados, desapareció la DEI despidieron mil empleados, y no es solo que no hayan estructuras sindicales sino que hay amenazas y persecución laboral para las personas que se manifiestan del lado de la Alianza o con un pensamiento progresista, hay toda una política del Estado para desmembrar, desarticular o desnaturalizar el trabajo de los sindicatos y gremios organizados, por ejemplo el COPIHN (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas) que asesinaron a Berta Cáceres, los estudiantes universitarios que hay seis dirigentes en el exilio porque participaron no solo en el derrocamiento de Julieta Castellanos, sino que comenzaron a participar en las protestas del fraude electoral y se vino una persecución política. No se da el vaciamiento del movimiento popular no se da de manera ausente a la realidad, sino como principal víctima del Estado para eliminar a sus opositores políticos, ahora mismo hay 40 prisioneros políticos que están en las cárceles de máxima seguridad después de haber cometido el delito de la protesta pública que supuestamente es una garantía constitucional.
¿De esos 40 prisioneros políticos, la Alianza está haciendo algo para ayudarlos?
La Alianza como tal no es una institución, son varias instituciones, para el caso el partido Libertad y Refundación que tiene un grupo de abogados que eran los abogados en resistencia, por ejemplo en abogado Madrid que lleva la mayoría de los casos en la zona norte, y también del ERIC Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de los jesuitas en Honduras que dirige el padre Melo, y otras organizaciones como CIPRODEH (Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos) o COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) que también se han dado a la tarea de dar seguimiento a las víctimas y los perseguidos por el Estado.
