Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.
Los depósitos se realizaron entre los años 2007 y 2012 en la Banca Privada de Andorra (BPA) en 37 cuentas corrientes a nombre de distintas sociedades panameñas. Luego saltaron a paraísos fiscales como Suiza o Belice.
La red estaba formada por los ex viceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, y directivos del gigante petrolero. Así, en esta trama aparece también Diego José Salazar, primo del otrora poderoso ex presidente de PDVSA y ex ministro de energía, Rafael Ramírez.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario El País, los funcionarios justificaron ante la Banca de Andorra el dinero como honorarios por asesoría a empresas.
Ese fue el argumento que ocupó el denominado departamento de cumplimiento, un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política lleguen a un depósito bancario bajo apariencia legal. Los investigadores alegan que los supuestos trabajos de asesoría nunca existieron.
La jueza de Andorra Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones de entre 10% y 15% a compañías extranjeras, especialmente chinas, que luego recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por Pdvsa y sus filiales.
