El día lunes 4 de diciembre, a 8 días de haberse celebrado las elecciones generales 2017 en Honduras, el ambiente postelectoral no es el mejor en un sistema democrático que quiere o intenta cambiar de rostro, luego de una crisis política sin precedentes generada por el Golpe de Estado de 2009. Los sectores populares y afines a la Alianza de Oposición han salido a las calles a exigir se respete el resultado de las elecciones que a pesar de que han sido las más observadas, también han sido las más cuestionadas debido a múltiples factores que generan desconfianza.
Ayer lunes, en un hecho que sorprendió a la sociedad completa, efectivos de la Policía Nacional se amotinaron, lo que suscitó una cadena de especulaciones, que iban desde comunicados falsos, una posición política en contra del gobierno, exigían un aumento salarial y más beneficios laborales.
Inmediatamente el tema fue politizado y mediatizado, con lo que se agregó más leña a un fuego que está a punto de descontrolarse y que tiene su raíz en la crisis político electoral. Algunos felicitaron a los policías en huelga por tomar posición en la crisis política, y añadieron que se suman a la lucha de un pueblo que está en las calles defendiendo sus derechos. Enunciados en parte correctos y en parte no, porque los policías están en huelga de brazos caídos por razones más humanas que políticas, porque son una institución apolítica:
“Esto no es una huelga, esto no se trata de salarios o dinero. Es que tenemos familia. Estamos cansados. Y nuestro trabajo es dar paz y seguridad al pueblo hondureño, no reprimirlos. Queremos que todos los hondureños estén a salvo.» dijo uno de los efectivos en medio de la espontánea protesta que comenzó al filo de las 4 de la tarde y se mantiene hasta el día de hoy martes 5 de diciembre.
Piden los policías, a través de los organismos de Derechos Humanos, se detengan las ordenes de los altos mandos de reprimir al pueblo. Defensores de DDHH y decenas de personas que se apostaron en la entrada de la estación Cobra de Tegucigalpa en la colonia 21 de octubre, donde los miembros de la Policía Nacional, Policía de Tránsito y del escuadrón COBRA (Comando Especializado Cobra) se atrincheraron. Las especulaciones también incluían un ataque de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y un corte de energía, lo que agregó más expectación a los que se encontraban en el lugar. Más policías se sumaron a la huelga en San Pedro Sula, Comayagua, y en varios puntos del país, con la aclaración de que no es por un aumento, pero tampoco es una cuestión política, únicamente advierten:
“No estamos con una ideología política. No podemos seguir confrontando a las personas, y no queremos reprimir y violar los derechos del pueblo hondureño.»
Ante esta acción, hasta el cuartel se movilizaron altos mandos de la policía pero no lograron entrar porque los policías aún no estaban en disposición de iniciar negociaciones. El clima se tensó tanto que el toque de queda decretado durante 10 días de 6 de la tarde a 6 de la mañana se alteró, comenzando a las 8 de la noche y terminando a las 5 de la mañana. La poca o nula presencia de la Policía Nacional en las calles fue como una invitación al saqueo de varios negocios ubicados en la zona de Comayagüela, los que lograron ser disueltos por la acción de miembros del ejército y de la Policía Militar.
«Nosotros no somos máquinas, ni robots y no estaremos exponiéndonos a que nos maten en las calles y a reprimir al pueblo. Además a nuestra familia nadie la está cuidando,» dijo uno de cobras que se mantiene en protesta.
El día de hoy martes 5 de diciembre se presentó el subcomisionado Javier Díaz Herrera con 5 puntos para negociar el cese de la huelga, prometiendo el pago del aguinaldo, bonos, aumentos de salarios (se negó a dar el monto por la presencia de la prensa) en una improvisada conferencia de prensa, lograron un acercamiento con las autoridades de la institución al que se unieron Defensores de Derechos Humanos quienes aseguraron que lo que necesitan y exigen no es en materia económica sino, en mejoras de su calidad laboral, mejores tratos, y que en no debieron haber politizado a la institución.
Solicitan una mesa de diálogo con presencia de miembros de Derechos Humanos y un notario público para que levante una acta de los puntos o acuerdos en los que logren una conciliación porque la comunicación se tergiversa, porque quieren la paz para el pueblo y el fin del conflicto político.
«Que los políticos resuelven sus problemas políticos porque nosotros somos una institución armada y jerarquizada no tendríamos que estar en esta situación.»
En un comunicado aclaran sus exigencias:
Para calmar a la ciudadania expresaron que van a regresar a cumplir su mandato constitucional de brindar seguridad, que cada policía regresará a sus funciones. Esto es un avance lógico en una situación que podría desencadenarse en un explosión social de más violencia.
Ante la pregunta de si la prensa podía asistir a la mesa de diálogo para avalarla la respuesta fue:
«No, en este caso no, porque se trata de nuestra institución y tenemos que ser responsables, los problemas internos de nuestra institución tenemos que resolverlos nosotros.»
Con un diálogo supervisado prometen resolver esta crisis, el portavoz agregó que el toque de queda no es responsabilidad de ellos sino del gobierno, el deber que cumplen como institución es brindar seguridad. Aunque contradictoriamente afirman que van a cumplir los mandatos y disposiciones, pero aseguran que no van a reprimir a nadie, porque ningún policía está obligado a cumplir ordenes arbitrarias, agregan que no quieren represalias en su contra.
«Somos ciudadanos antes que policías, no se trata de colores políticos ni de partidos.» Concluyeron los efectivos que tomaron el rol de portavoces del movimiento.
