Tal como lo dio a conocer EL PULSO hace unos días, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas GAIPE, presentó hoy un informe sobre el asesinato de Berta Cáceres. Si bien es necesario darle mayor tiempo al análisis profundo del texto del informe GAIPE, es importante comprender el contexto en el cual este grupo asesor llega, sus fuentes de financiamiento y por las posibles intenciones detrás para la construcción de su informe.
En la conferencia de prensa de la presentación del informe que reconoce la incapacidad del GAIPE de acceder a la información que maneja el juzgado y la fiscalía, se estableció a priori un juicio al definir a los procesados como «victimarios,» cuando no han sido vencidos en juicio.
«Hemos encontrado indicios que nos dicen que el señor Emerson Duarte Meza no tuvo participación en el asesinato,» dijo el abogado en representación del GAIPE.
Desde este medio hemos advertido en varias ocasiones sobre el peligro de mediatizar los procesos judiciales, crear imágenes de culpables o inocentes basados en especulaciones mediáticas lejos de fortalecer el sistema de justicia lo debilita.
El GAIPE reclama, y en esto hace eco de los abogados de la familia de Bertha Cáceres, de la falta de voluntad por parte del sistema de justicia de permitir a la acusación privada el conocer la causa en su totalidad (actualmente el caso Bertha Cáceres se encuentra bajo secretividad, dada la importancia del mismo y los actores que conforman el proceso). Que los abogados determinen inocencia y culpabilidad de los procesados, sin la información suficiente, lejos de ayudar complica el proceso y debilita aún más al sistema de justicia. Es, en cualquier caso, irresponsable.
Cabe entonces preguntarse quién financia al GAIPE y cuáles son sus intenciones. El GAIPE abiertamente ha mencionado que su financiamiento proviene del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, que a su vez recibe financiamiento de organizaciones de cooperación internacional. El COPINH, como organización de base, ha estado en crisis de financiamiento desde hace varios años. Ese no es un secreto. Como COPINH, muchas otras organizaciones del movimiento social se han visto en la necesidad de cerrar programas luego del retiro de fondos.
El COPINH ha tenido como bandera de lucha su oposición al proyecto Agua Zarca, muchos de sus fondos (los pocos o muchos que tengan) provienen para hacer frente a esos proyectos extractivos. El GAIPE, por su cuenta, afirma que «han sido las empresas estractivas las que han llevado la violencia a las comunidades,» confirmando la tesis de sus financistas, es decir, del COPINH. ¿O es que alguien se esperaría lo contrario?
Según el informa GAIPE, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se inició sin la consulta previa e informada que exige el convenio 169 de la OIT, el cual no forma parte de la legislación hondureña. Sin embargo, olvidó el grupo de expertos revisar un poco más atrás, en el archivo de vida de Bertha Cáceres, específicamente la entrevista realizada por Dick Emanuelsson el 16 de diciembre de 2013, en el cual Cáceres denunciaba a su expareja, Salvador Zúniga, Juan Vazquez y otras personas «disidentes» de COPINH, de haber usurpado el nombre de la organización y haberse sentado con la empresa como interlocutores de la comunidad.
Vea las declaraciones de Berta Cáceres en 2013.
Un estudio es creíble en la medida en que cuenta con el apoyo de quienes tienen intereses de por medio. Sin embargo, lo que hemos visto detrás del reporte de GAIPE es que solo COPINH y una de las hijas de Berta Cáceres han estado impulsando la generación de este estudio. En varias ocasiones la MACCIH anunció que investigaría a la empresa DESA y el proyecto Agua Zarca, curiosamente la Misión de la OEA no respalda el informe GAIPE, como tampoco lo hacen otros miembros cercanos a la familia de Berta Cáceres y del COPINH que no aparecen respaldando el reporte. ¿Dónde está Tomás Gómez Membreño, quien al igual que Bertha Cáceres sufrió persecución judicial?, ¿a dónde está Aureliano Molina, quien junto a Bertha se vio obligado a esconderse cuando tenían orden de arresto en 2010?
Es importante remarcar el momento político en el que aparece el informe GAIPE. El Grupo de expertos ha elegido dar a conocer su reporte en torno a la muerte de Berta Cáceres a menos de un mes de las elecciones en Honduras, con lo cual se podría inferir que buscan mover temas de discusión en la agenda con el fin de intervenir en el proceso electoral. Este reporte, al que más mal le cae es los cachurecos. Es necesario además mencionar que Marcela Zúniga Cáceres, hija mayor de Bertha Cáceres y quien en la fractura de COPINH se agrupara en torno a su padre Salvador Zúniga y formara el CINPH, paralela del COPINH, es ahora candidata a diputada por el departamento de Intibucá, en la planilla del partido Libertad y Refundación, LIBRE.
Un reporte investigativo, para que tenga una total credibilidad, precisa que incluya la voz oficial, es decir, la versión del Gobierno de Honduras. Sin embargo, es claro que el reporte de GAIPE no incluye la versión de la institucionalidad en Honduras, ya que estas personas no tuvieron la oportunidad de reunirse con ellos en noviembre pasado, dado que, al parecer, el Gobierno ya sabía que el GAIPE era parte de un montaje de cara a las elecciones.
El GAIPE es un grupo que se creó exclusivamente con el fin de construir un reporte que responda a la solicitud de sus contratistas, es decir, del COPINH. Sin embargo, eligieron incorrectamente su nombre, ya que el momento en que se definen a sí mismos como “grupo asesor”, automáticamente asumen una condición de acompañamiento que no es independiente, sino que responde a intereses ya establecidos. Dime cómo te defines y te diré quién eres.
