Por Lester Ramírez Irías
El sistema político hondureño muestra su máxima disfuncionalidad en tiempos de elecciones, y eso se debe a que la democracia electoral desde el Golpe de Estado de 2009 aún sigue buscando su identidad. A pesar de estar llegando al décimo proceso electoral consecutivo (más elecciones que Chile, por ejemplo), seguimos estando entre los países más políticamente inestables de América Latina. Y unas de las razones de origen están en las reglas de la democracia electoral; y por regla, no solo me refiero al marco jurídico, sino también a la cultura política.
Actualmente, nos encontramos inmersos en el período electoral con las cíclicas tensiones y crispaciones que nos caracterizan, pero con una marcada secuela “post-Golpe”, donde las reglas electorales se alejan cada vez más del pacto entre el Bipartidismo tradicional y se acerca a la hegemonía política, dado la falta de una oposición consolidada y articulada. Esa misma hegemonía política, explica el hecho que no se hicieron reformas electorales y tampoco se materializó el plebiscito en torno al tema de la reelección presidencial, pues mientras un partido político se beneficie de las debilidades y fracturas de los demás, no habrá necesidad de reformar o consultar.
Para los que buscan un cambio en las relaciones de poder, representados principalmente por el Partido Liberal y la Alianza de Oposición, rechazar la hegemonía del Partido Nacional, implica la estrategia de anunciar un fraude electoral. Además del momento político –a un mes de los comicios- lo confuso de todo esto es que siguen siendo las mismas reglas electorales de la elección pasada; e inclusive, las mismas del 2005 en las que el ex Presidente Mel Zelaya salió electo.
Denunciar un fraude es reflejo de la necesidad de hacer reformas profundas a la legislación electoral y al mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero también es una muestra de lo que nos depara después del 26 de noviembre en el caso que el Partido Nacional salga adelante con su reelección, en donde la oposición mantendrá el argumento de lo ilegal, fraudulento e ilegitimo que serán los resultados electorales y esto se trasladará al gobierno que surja –no nos debe sorprender entonces la estrategia de descalificar o enaltecer el rol de los observadores internacionales.
Uno de los fenómenos más políticamente complejos en estos últimos cuatro años, han sido las relaciones interpartidistas en el Congreso Nacional. Ahí han confluido manifestaciones de hegemonía política, ingobernabilidad y los tradicionales pactos entre rivales políticos cuando ha habido intereses y botín por compartir (por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Unidad de Política Limpia). Parece ser que esa misma confluencia de poderes antagónicos se ha trasladado al sistema electoral, magnificado aún más por el riesgo de cuatro años más en la “llanura” o cuatro años más de “continuismo”. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿seguirá la ruta de la hegemonía política o se darán los tradicionales pactos de “gobernabilidad”? Al final, no se trata de qué es lo que se gana con no negociar y pactar, sino más bien, qué es lo que se pierde.
Mientras tanto, nosotros los ciudadanos estamos en la línea de fuego. Esperemos que la sensatez y la madurez prevalezcan…
