Una larga lista de 78 víctimas declararon los Cachiros en el tribunal de Nueva York. La lista ya trasciende en la prensa hondureña e incluye desde delincuentes locales, contrincantes, miembros de bandas rivales, guardaespaldas, abogados, comerciantes, periodistas (como Aníbal Barrow), hasta el General Arístides Gonzales y el asesor en materia de lucha contra el narcotráfico, Alfredo Landaverde. Esa es la lista que reconoce Devis Leonel Rivera Maradiaga como víctimas directas de sus actividades delictivas, pero no es descabellado suponer, que la gran mayoría de los 60,000 muertos registrados en el país durante la década del 2004 a 2014, tiempo del reinado de terror de los Cachiros en el territorio nacional, son víctimas colaterales del narcotráfico.
Para que el reino de los Cachiros lograra consolidarse, fue necesario el sacrificio de miles de familias en todo el país, la destrucción de redes sociales de las comunidades y hasta las mismas estructuras formales del Estado hondureño, que con tanto sacrificio construimos todos durante la segunda mitad del siglo XX. Porque los Cachiros infectaron con su dinero sangriento y corrupto a oficiales de la policía, soldados, periodistas y miembros de las élites empresariales y políticas que allanaron el camino para la droga a través de nuestros territorios.
Diputados, alcaldes, gobernadores, jueces, policías y hasta el mismo expresidente Lobo salen señalados como colaboradores de los Cachiros según la prensa norteamericana. El artículo del New York Times, “After 78 Killings, a Honduran Drug Lord Partners With the U.S.” señala que la corte de Nueva York cuenta además con evidencia que involucra al expresidente Porfirio Lobo Sosa, de haber recibido sobornos a cambio de proteger a los narcotraficantes, y sugiere incluso que dinero de la droga podría haber ayudado en la campaña del actual presidente Juan Orlando Hernandez.
“Ningún político ha sido acusado aún y han negado reiteradamente las acusaciones”, afirma el Times.
«No hay absolutamente ninguna evidencia creíble para apoyar las denuncias hechas por un asesino en masa admitido y un narcotraficante convicto», dijo Brian H. Bieber, abogado del ex presidente Lobo, agregando que el ex presidente no tenía «absolutamente ninguna» relación con los Cachiros.
Bieber dijo además que su cliente sigue siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Afirma que la situación ha sido frustrante para el Sr. Lobo, que ha sido «fuerte y claro en su negación enfática» de las denuncias de Rivera.
Según Devis Rivera, el presidente Lobo designó a su hijo Fabio, «como intermediario que podría protegernos, ayudarnos».
«El presidente me dijo que le dijera a mi hermano que no se preocupara», afirma Devis Rivera Maradiaga en sus declaraciones vertidas en marzo pasado, «porque durante su mandato de cuatro años nadie sería extraditado”.
Y no fueron extraditados, por lo menos no durante el gobierno de Lobo Sosa. Para finales de 2013, con el cambio de gobierno, los Cachiros reconocían que su protección oficial estaba llegando a su fin. En diciembre de 2013, Devis y su hermano Javier comenzaron a hablar con el D.E.A. buscando un acuerdo que les favoreciera.
«Tenía miedo por mi vida. Tenía miedo por mi familia «, declaró Rivera. «Podría matarme porque había trabajado con políticos, policías”.
En 2014 inauguró su gobierno Juan Orlando Hernandez. Desde un inicio comenzó con la campaña de extradiciones que aterrorizó a los capos de la droga. Luego arrancó el proceso de depuración policial. El gobierno de Juan Orlando Hernández reconoce que la lucha de su administración contra los narcotraficantes ha resultado en 14 extradiciones y la destrucción de 150 pistas de aterrizaje clandestinas. Anuncia además, orgulloso, la reducción de la tasa de homicidios en Honduras. Alrededor de un tercio de la fuerza policial ha sido depurada tras revelaciones de algunos funcionarios de papel en los asesinatos relacionados con las drogas.
Devis Rivera, en sus declaraciones a la corte en Nueva York, afirmó haber grabado secretamente una conversación con otro traficante hondureño, que afirmó haber hecho un pago de 250.000 dólares destinado a la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. “El documento no indica que el señor Hernández haya recibido el dinero”, afirma el artículo del New York Times. Hernández respondió que no estaba enterado de la acusación, hasta que salió en la investigación del New York Times. Atribuyó sin embargo el señalamiento de los narcotraficantes, como consecuencia de sus acciones para destruir las estructuras criminales.
«Es lógico e incluso predecible que los criminales que han sido dañados por las acciones de nuestro gobierno sientan odio y resentimiento contra aquellos que han tomado esas decisiones», escribió la oficina del Presidente Hernández en un comunicado.
En todo caso la declaración del Cachiro no tiene fuerza legal contra el presidente Hernandez y la supuesta grabación del narcotraficante que admite haber pagado efectivo para la campaña presidencial podría tener algún valor legal, si existe prueba física de haberse hecho. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo la palabra de un narcotraficante convicto contra el gobierno que lo acorraló.
Inicia ahora la campaña para hacer que los narcotraficantes sentenciados en Estados Unidos paguen luego, otras penas en cárceles hondureñas.
Omar Rivera, dirigente de ASJ, que forma parte de la comisión depuradora de la policía, pidió a las autoridades del Ministerio Público (MP) continuar realizando averiguaciones y pesquisas en torno a las actividades criminales y delincuenciales que los capos del narcotráfico extraditados a los Estados Unidos de América, realizaron en el país en los últimos años, a fin que estos -también- sean debidamente juzgados y castigados en el territorio nacional de acuerdo a ley por los órganos jurisdiccionales.
“Cuando un traficante de drogas de nacionalidad hondureña esta contra la pared en los Estados Unidos, normalmente se doblega y acepta la comisión de delitos de tráfico de cocaína y lavado de dinero proveniente de esta actividad ilegal, e intenta llegar a un acuerdo con los fiscales norteamericanos a fin de reducir sus penas; y bueno eso es normal, allá intentan llegar a un arreglo en el marco de la legislación de colaboración eficaz y con el objetivo de llegar a los ‘peces gordos’ en Honduras, México y Colombia” dijo Rivera, según consta en un artículo del diario digital criterio.hn.
“Aquí en el país, las autoridades deben estar preparadas para recibir a estos extraditados una vez finalicen sus juicios y paguen sus condenas allá en el norte, porque en territorio nacional, además de los delitos de narcotráfico y lavado de activos, aquí ellos violaron la ley cometiendo crímenes como asesinato y tortura, conformaron bandas del crimen organizado y asociaciones ilícitas, y participaron -junto a empresarios y burócratas- de redes que cometieron fraude y corrupción” expresó.
Hilda Caldera, la viuda de Alfredo Landaverde, asesinado en diciembre de 2011, declaró al New York Times que tiene sus dudas al respecto. “La justicia aquí está contaminada”, dijo, admitiendo que la red de corrupción construida por los Cachiros en una década de reinado de horror se extiende desde autoridades locales, hasta jueces y policías. «Deben ser juzgados aquí, pero ¿por quién?”, pregunta y con razón Hilda Caldera.
El trabajo para hacer justicia a los miles de muertos de los Cachiros apenas inicia.
