Tegucigalpa. Las capas tectónicas de la política se mueven y están provocando movimientos que sin duda desembocaran en un terremoto que tiene fecha, 28 de noviembre, el día que se sabrá quiénes dirigirán el país por los próximos cuatro años. Mucho debe pasar antes del día marcado en la rueda de la política, independientemente de las encuestas, estadísticas o tendencias, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa.

Iniciando el año la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih), presentó la Ley de Colaboración Eficaz, una herramienta que más allá de reducir penas a los implicados en actos de corrupción, es un instrumento para desarticular bandas criminales, conocer cómo operan, quienes las conforman, donde están las ganancias y quienes las protegen.

La ley tiene una particularidad importante, aunque funciona contra el narcotráfico, la trata de personas, terrorismo, y otros delitos; presenta la gran novedad de combatir la corrupción como un fenómeno complejo de crimen organizado, es decir el delito de “cuello blanco”, identificarlo, atraparlo y juzgarlo.

Vea el video sobre la ley de colaboración eficaz:

Ley Comprobada

Esta iniciativa legal, cabe mencionar, es la que contribuyó en el desmontaje de la estructura criminal en Perú, que dejó desnudo en la estructura de corrupción al expresidente Fujimori-Montesinos, en Brasil funciono para el caso Lava Jato y es lo que ha conseguido que la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) haya dado golpes fuertes a la estructura criminal.

En palabras del vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, es la Ley más importante propuesta por ellos, “Si el imputado una vez que es detenido colabora con la justicia delatando a sus cómplices y jefes, se logrará cortar la impunidad y, además, que no se cometan más crímenes; se recuperarán también los bienes o ganancias ilícitas. Por todo ello, esta es, en el fondo, la herramienta más eficaz de lucha contra el crimen, lo que aportará a mejorar la seguridad, paz y tranquilidad al país”.

Sin embargo aún no es aprobada y no todos los diputados han demostrado voluntad política para que se concrete, el ciclo de legislación hondureña, está por concluir (apenas faltan unas sesiones después de las elecciones del 26 de noviembre) y aún no se discute la propuesta, lo que ha obligado a la Maccih a generar presión en algunos espacios, incomodando a políticos, que hasta ahora han aplaudido la labor de la misión.

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USAID Exige

Una coalición de organizaciones financiadas con fondos estadounidenses, a través del programa Impactos, que pertenece a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),  han emprendido una campaña de presión hacia los diputados del Congreso Nacional para apoyar y aprobar la iniciativa; el representante de Transparencia Internacional, capitulo Honduras y presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández ha dicho que, “el Congreso Nacional está llamado a discutir y aprobar antes del receso electoral la Ley de Colaboración Eficaz, como muestra ineludible de voluntad política para fortalecer la lucha contra la corrupción, crimen organizado e impunidad”. El receso llegó al Congreso Nacional y la ley nunca se discutió, sumergida como está aún en múltiples comisiones de análisis y dictamen.

Colaboración contra la Protesta

Aunque la Ley de Colaboración Eficaz está vinculada al Código Penal, los diputados dispusieron discutir y aprobar el artículo 590, donde se criminaliza la protesta social con penas hasta de 20 años de presión, la aprobación se llevó acabo con la ausencia de varios diputados de la oposición y de los partidos tradicionales.

Para Rasel Tomé, diputado por el Partido Libertad y Refundación que votó en contra de esta moción, dijo que “Dentro de la Constitución  una protesta es lícita para reclamar agua, tierras, un derecho laboral y si después surge una situación ellos la quieren calificar como asociación terrorista, nos oponemos a eso, ese acto lo ha hecho únicamente la bancada nacionalista”.

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Mientras se aprobaba esta ley que condena la lucha social, en Ginebra, Suiza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyó a Honduras en la lista de los países que castigan a los defensores de Derechos Humanos; el secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, dijo que estaba al tanto de casos en los que los activistas fueron secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos, mencionó que hay detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y malos tratos.

Además fue enfático al recalcar que, “Es aborrecible que año tras año nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo delito -a los ojos de sus gobiernos- fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”.

“El Congreso Nacional está llamado a discutir y aprobar Ley de Colaboración Eficaz, como muestra ineludible de voluntad política para fortalecer la lucha contra la corrupción, crimen organizado e impunidad”. Carlos Hernández, ASJ.

Ante esta acción el gobierno de Honduras envió un comunicado informando a la población en general que debido a la consecuencia del presidente Juan Orlando Hernández, con la promoción, respeto y fomento de los Derechos Humanos y el compromiso de generar condiciones dignas a la población en general, se dispone la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, que será la encargada de rectorar la Política Pública y del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, así como del diseño, seguimiento y coordinación de las Políticas Públicas de Derechos Humanos, especialmente de personas o grupos colocados en situación de vulnerabilidad que requieran de especial promoción y protección a sus Derechos.

El congreso ha demostrado que es independiente. Ni la Misión de apoyo, diputados a favor de la iniciativa o las organizaciones financiadas por la organización Impactos, han logrado que discutan en la agenda legislativa la Ley de Colaboración Eficaz. La semana pasada los diputados se dieron un receso para participar de lleno en sus campañas políticas, muchos buscan la reelección y si dispusieron no discutir la Ley de colaboración eficaz, fue para cuidar sus fondos de campaña y no verse comprometidos con quienes podrían salir salpicados en futuras investigaciones de corrupción.

Aprobaron sí, el artículo 590 del nuevo código civil que criminaliza la protesta social, porque en año electoral los diputados temen más a la falta de dinero para hacer campaña política, que al rechazo del pueblo.