¿La despedida de Julieta es la solución a la crisis en la UNAH?

El esperado 25 de septiembre llegó para el MEU. Las autoridades de la UNAH, incluida Julieta Castellanos, culminaron su mandato. Como lo había anunciado en días previos, el MEU estuvo de fiesta. Literalmente lo estuvo. El MEU realizó una serie de actividades en la Ciudad Universitaria: bienvenida, juegos tradicionales, Karaoke, partida de pastel para Julieta, concierto de la cantautora hondureña Karla Lara, peña artística, reventada de piñata de Julieta y espectáculo de luces. Todo para...
EGO27 septiembre, 2017

El esperado 25 de septiembre llegó para el MEU. Las autoridades de la UNAH, incluida Julieta Castellanos, culminaron su mandato. Como lo había anunciado en días previos, el MEU estuvo de fiesta. Literalmente lo estuvo.

El MEU realizó una serie de actividades en la Ciudad Universitaria: bienvenida, juegos tradicionales, Karaoke, partida de pastel para Julieta, concierto de la cantautora hondureña Karla Lara, peña artística, reventada de piñata de Julieta y espectáculo de luces. Todo para “despedir a July”, es decir, para dar el tan ansiado adiós a Julieta Castellanos.

A más de tres meses de iniciada esta etapa del conflicto entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), la crisis ha dejado al menos 75 estudiantes judicializados, más de 80.000 sin clases, dos periodos académicos perdidos (el primero el año pasado), impagos a maestros, cientos de millones de lempiras en pérdidas por cuestiones administrativas y daños a la infraestructura, y violación a la autonomía universitaria.

Desde 2014, cerca de 200 estudiantes enfrentaron procesos judiciales (entre expulsados, con orden de captura, con prisión preventiva, con medidas sustitutivas o medidas cautelares) por su oposición a los cambios de la IV Reforma Universitaria.

La IV Reforma dio inició en 2005 con la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en diciembre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de febrero del 2005. En esencia, la Reforma es la implantación del modelo neoliberal educativo que inició en la década de 1970 en los Estados Unidos con las universidades Flaships. Es la privatización de la educación superior, la privatización de la educación pública.

Los enunciados de la Ley Orgánica establecen que «la Reforma es una demanda de la sociedad hondureña y de la comunidad universitaria para que la institución recupere su papel de agente del desarrollo y de transformación de la realidad nacional, para que sea su consciencia crítica y la acción propositiva y creativa frente a los grandes problemas y aspiraciones de los hondureños (as)».

Aunque el Plan General para La Reformar Integral de la Universidad 2005 centra su proyecto en dos sentidos (administrativo y curricular), sus acciones han sido volcadas únicamente al plano administrativo, a la concentración de un poder omnímodo de las autoridades, y a la expansión y adecuación de las instalaciones físicas de la UNAH.

Las discusiones del estudiantado sobre la Reforma han estado asociadas a la instalación de las Pruebas de Aptitud Académica (PAA), la imposición de representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario sin realizar las elecciones internas correspondientes; la reformulación de las leyes universitarias para la reelección de la Rectora Julieta Castellanos, la violación de la autonomía universitaria por parte de grupos represivos del Estado con permisividad de las autoridades; y la represión, encarcelamiento y judicialización de estudiantes.

Las PAA —creadas para seleccionar a los estudiantes “más aptos”—, son en realidad un primer paso de la privatización, o pueden serlo. Con la exclusión de miles de aspirantes a primer ingreso en la UNAH, se debilita la educación superior y se fortalecen las carteras de las universidades privadas.

Éstas se benefician de una enorme cantidad de jóvenes que al no ser admitidos en la UNAH, ingresan cada año en sus aulas. Sólo en el marco de la presente crisis iniciada en junio, unos 3.000 estudiantes migraron hacia universidades privadas. Así se alienta la privatización de la educación y se debilita la educación pública.

Aunque algunos podrían aducir que la UNAH no puede albergar a toda la demanda educativa del país, no debe olvidarse que en Honduras apenas 1 de cada 7 egresados de educación media tiene acceso a la educación superior, y que la UNAH recibe el 6% del Presupuesto Anual de la República (unos 13,740 millones de lempiras anuales) para la organización, repartimiento y promoción de la educación nacional.

El punto del conflicto ha radicado en la afrenta autoridades-estudiantes. Desde 2014, los desacuerdos entre la Rectora Castellanos y los frentes estudiantiles han dejado pérdidas millonarias para la universidad por daños a la infraestructura, paro de labores por toma de las instalaciones, y sobre todo, por la cancelación del II Periodo Académico en 2016, y el III Periodo Académico en 2017.

La crisis ha ido más allá de lo presupuestado por el movimiento estudiantil y las autoridades. Con el objeto de encontrar una salida, los líderes del MEU presentaron un proyecto de Ley ante el Congreso Nacional a mediados de julio, como parte de la iniciativa ciudadana que permite la Constitución de la República.

Entre otras cosas, el proyecto proponía la creación de un gobierno universitario provisional cuya finalidad era la consecución de la principal consigna del MEU en los últimos meses: la salida de Julieta Castellanos de la Rectoría, así como la renuncia de todas las autoridades universitarias.

La moción fue aprobada por el Congreso Nacional a través del Decreto Legislativo N° 75-2017, sancionado por el Presidente Juan Orlando Hernández y publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto del presente.

Con la aprobación del decreto se acordaba que ambas partes pondrían fin a la crisis, que se instauraría un nuevo gobierno universitario una vez concluido el periodo de las actuales autoridades (el 25 de este mes de septiembre), y que el MEU entregaría los edificios universitarios para la reanudación de las clases el pasado 11 de septiembre.

El 8 de septiembre —día acordado para la entrega de los edificios—los miembros del MEU se negaron a liberar la universidad con el argumento que «no estaban dispuestos a negociar hasta que Castellanos se fuera», y que si la salida de las autoridades estaba pactada para el 25 de septiembre, la liberación de los edificios y el reinicio de las clases serían el 26. Además, exigían la suspensión de los cargos y procesos judiciales a sus compañeros.

Ante su negativa de dejar los edificios, alrededor de 300 efectivos de la Policía Nacional entraron a la universidad para “recuperar” los edificios tomados. El resultado fue un nuevo acto de represión estudiantil que dejó como saldo otros 23 estudiantes con procesos judiciales, más 4 defensores de Derechos Humanos reprimidos y arrestados.

Desde junio del presente, los estudiantes se han enfrentado en diversas ocasiones a la policía, a la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), la empresa de seguridad privada que custodia la UNAH, y que cuenta en sus filas con ex-militares y ex-policías; y a grupos paramilitares contratados por las autoridades para reprimir y amedrentar, como el grupo paramilitar denominado “Espartan”, que a mediados de junio ingresó a la universidad para golpear a los estudiantes, resultando muchos con lesiones.

Del otro lado del conflicto están los estudiantes que piden el regreso a clases y no están de acuerdo con las tomas. Cada vez que éstos han intentado recuperar sus lecciones, han sido expulsados de sus aulas por miembros del MEU. Esta semana se denunció que el MEU roció con gas pimienta las aulas donde estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia recibían sus recién reanudadas clases, con el fin de boicotear el reinicio pactado para el 11 del presente, e imponer su decisión de retornar a las aulas el 26 de septiembre, cuando las presentes autoridades se hayan ido.

Una vez hecho esto, ¿qué le garantiza al MEU que las nuevas autoridades serán distintas de las actuales? ¿Quién garantiza que esa sucesión de autoridades universitarias es la solución definitiva del conflicto?, hasta ahora, nadie.

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