La CIDH condena el cierre de medios en Venezuela

EGO9 septiembre, 2017

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esta semana el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela, ccon procedimientos que se alejan de los principios que garantizan la libertad de expresión e invita al gobierno a adoptar de manera expedita medidas para asegurar que los medios tanto nacionales como internacionales puedan desempeñar sus funciones con garantías legales.

Según la información recibida por parte de la Relatoría Especial el pasado 24 de agosto, varios proveedores de televisión por suscripción retiraron de su programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, esto por una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró que: “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que en Venezuela se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”.

Caracol TV es acusada de injerencia en los asuntos venezolanos según la declaración del funcionario: “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”.

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Nicolás Maduro. Foto: radioshow1017.com

Con este mismo método se habrían cancelado las señales de CNN y NTN 24. Según información en poder de la Relatoría en la noche del 25 de agosto representantes de CONATEL ingresaron a las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM en de Caracas ordenando el cese definitivo de sus transmisiones, para que minutos después esas dos frecuencias pasaran a manos de emisoras afines al oficialismo, por ejemplo la frecuencia 92.9 FM (la Caraqueña) fue reemplazada por Radio Corazón Llanero que estaría al mando de un capitán del ejército, edecán del expresidente Hugo Chávez y parte de la actual Asamblea Nacional Constituyente; de igual manera la emisora Mágica 99.1 fue sustituida por Vinotinto FM de propiedad desconocida. CONATEL también habría intervenido el 5 de agosto ordenando el cese de transmisiones de la 88.1 FM, radio educativa Fe y Alegría que operaba en Maracaibo pero, horas después revocó la orden, sin dar explicaciones de la tal actuación. El 16 de julio bajo la justificación de falta de documentos CONATEL había clausurado ULA TV el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida.

En lo que va del 2017 se han cerrado al menos 49 medios de comunicación entre nacionales, internacionales, radios y televisoras han sido cerrados o retirada su programación de las operadoras de la televisión nacional, por orden del gobierno. La mayor parte de los medios de comunicación que operan en Venezuela lo hacen con sus licencias vencidas y el organismo regulador (CONATEL) no dispone de procedimientos que garanticen la adjudicación o renovación de estas frecuencias.

En una parte del comunicado la Relatoría “recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática”.

El cierre de medios de comunicación se podría considera una medida de castigo por mantener una línea editorial crítica contra el gobierno, lo que elimina de arbitrariamente el derecho de los venezolanos a expresarse sin temor a represalias, a recibir información y es una forma de censura. A pesar de que el gobierno sea el administrador del espectro radioeléctrico, el fin de la concesión o la no renovación de la señal debe hacerse conforme la ley y a los principios básicos del derecho internacional de los Derechos Humanos que prohíbe la restricción del derecho a la libertad de expresión. Es a través del abuso de administrar la regulación de las frecuencias radioeléctricas que se ejerce esa violación a los Derechos Humanos, es de recordar que en el 2015 Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007, en el fallo la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger.”

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