Tras casi tres meses de toma de la Ciudad Universitaria y la petición de un gran sector de la comunidad universitaria de retornar a clases en la UNAH, las autoridades procedieron el pasado 08 de septiembre a desalojar con excesivo uso de la fuerza a los miembros del Movimiento Estudiantil Universitario MEU que se encontraban ocupando las instalaciones de dicha institución.
Alrededor de 300 efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes a tempranas horas de la mañana para recuperar los edificios que se encontraban tomados en manos de apenas 20 estudiantes. A pesar del acuerdo de entregar el Alma Máter para la reanudación del II periodo académico y el decreto legislativo No. 75-2017 publicado en La Gaceta el 31 de agosto del presente año, con el cual se pretendía poner fin a la crisis, miembros del MEU se rehusaron a hacer entrega de las instalaciones ante la negativa de las autoridades de poner fin a los procesos de criminalización de la protesta estudiantil y nuevamente las autoridades, tomaron la desacertada decisión de reprimir y criminalizar aun más estudiantes.
Christhian Sanabria, Edvin Salas, Bryan Gonzalez, Santos Ruiz, Andy villanueva, Marcio Silva, Nahun Portillo, Duncan adonay turcios, Eric Josué García, Junior Alexander Oyuela, Pablo Madrid, William fuentes, Kevin reyes, Zuly Rodríguez, Suset Vásquez, Jenny Bonilla, Eric Geovany Gómez, Fernando Ramírez, Brenda Miranda, Dorian Turcios, Misael Flores, José Jorge Chacon y Kenny Reyes son los detenidos. Otros 9 se encuentran con orden de captura por el delito de usurpación (detentación de espacios públicos) en perjuicio de la UNAH.
Por otro lado, Ariel Díaz (Juventud por la defensa de los DDHH), Tommy Morales (ASOPODEHU), Hedme Castro (ACI-participa) y Carlos del Cid (Observatorio Ecuménico de DDHH), defensores de Derechos Humanos que se hicieron presentes para salvaguardar la integridad de los capturados, fueron fuertemente reprimidos y atacados por miembros de la Policía Nacional y consecuentemente detenidos y llevados a las instalaciones del Core7.
Desde 2014, aproximadamente 170 estudiantes han sido criminalizados por protestar en la máxima casa de estudios, tres de ellos con sentencias de 5 años y los demás todavía en proceso judicial. Esto ha sido el detonante de mayor indignación en el sector estudiantil y una de las razones por las cuales seguimos sin poder ver un final a la crisis.
A pesar de que Julieta Castellanos y la intervención solicitada al Congreso Nacional declara el requerido cambio de autoridades, líderes y voceros del MEU sostienen que no hay intenciones por parte de la rectora de dejar el poder y con ese argumento mantienen su negativa a ceder en el conflicto.
El uso excesivo de la fuerza y la constante criminalización de la protesta social, es un claro mensaje que trasciende lo simbólico y se internaliza en la conciencia de la ciudadanía hondureña que vive en constante estado de calamidad y temor.
El ataque directo a defensores de Derechos Humanos, no solo en este caso, sino en otras denuncias presentadas durante estas últimas semanas de hostigamiento y persecución en contra de defensores de Derechos Humanos (como la denuncia presentada por la Directora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez) es un peligroso retroceso para el Estado de Honduras que podría conllevar al recrudecimiento de la violencia no solo en este contexto, sino también en la coyuntura electoral, ya muy cercana.
La universidad siempre ha sido un pequeño laboratorio del manejo y conducción del país, donde se forjan los líderes políticos que asumirán en el futuro los cargos de administración de la nación, es por ello que la violencia que vemos manifiesta por parte de las autoridades universitarias y Estatales, son nada más el experimento que se pondrá en práctica en las políticas de seguridad nacional.
