Por Salvador Hernandez Z.
Criticó con energías la política de lucha contra el narcotráfico impulsada por el actual gobierno, pero lo hizo flanqueado por dos personajes que sobre narcotráfico tienen mucho que decir.
Así lució esta mañana el candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, con Edmundo Orellana a su izquierda y con la diputada Kritza Pérez a su derecha. Dos personajes que sobre narcotráfico tendrían también mucho que decir.
El abogado Edmundo Orellana ha recorrido más de media administración pública. Ha sido asesor de gobiernos, director de instituciones públicas, magistrado de apelaciones, fiscal general, embajador en la ONU, diputado, ministro de Gobernación, canciller y ministro de Defensa.
Como fiscal general, no tiene en su haber o en su palmaré profesional la condena de ni un solo narcotraficante. Irrisorio sería pensar que allá en los 90 no había narcotraficantes en Honduras.
Como ministro de Gobernación en la gestión Zelaya Rosales tuvo todo a su alcance para mejorar el viejo sistema penitenciario pero tampoco lo hizo, permitiendo que estos arcaicos centros penales siguieran siendo escuelas y universidades del crimen, donde el hacinamiento, la droga y la asociación para seguir delinquiendo eran el pan de cada día.
Como ministro de Defensa no solo ostenta el récord de trazas aéreas con avionetas repletas de droga llegando a un país. Hasta 150 narcoavionetas por año eran encontradas calcinadas durante su gestión, sin un kilo de droga en su interior. Policías y militares, alcaldes y políticos al servicio de los carteles del narcotráfico con un ministro de Defensa que convenientemente no miraba, no escuchaba, no hablaba.
No haber capturado a un solo narcotraficante, no haber desarticulado los sanguinarios carteles de la droga, no haber establecido escudos aéreos, marítimos y terrestres para proteger nuestras fronteras de estas amenazas, es una negligencia que Honduras la pagó muy caro. Se pagó con la sangre inocente de miles de hondureños.
Edmundo Orellana abandonó el barco cuando la crisis política creada por ellos mismos estaba a punto detonar en 2009. Todavía no ha dicho por qué permitió que el país fuera llevado al despeñadero por un grupúsculo de trasnochados que añoraban una revolución para perpetuarse en el poder y enriquecerse a sus anchas, siguiendo modelos fracasados de socialismo siglo 21 que solo ha servido para empobrecer más las naciones.
Hoy es buen momento para que Edmundo Orellana le pida perdón al pueblo hondureño por ser nefasto en su rol como político y servidor público.
Es el momento de pedir perdón ahora que aspira a convertirse en diputado de Parlacen, quizás el único puesto que le faltaba en su extensa hoja de servicio público sin resultados.
Y a la derecha del candidato liberal la dama Kritza Pérez, ex militante del Partido Anticorrupción. Bella e inteligente, audaz y combativa en la cámara legislativa. Con un presente y un futuro prometedor aunque en esta elección no aspira a cargos de elección popular.
Todo era perfecto en la vida de Pérez hasta que se conoció de la relación sentimental que tuvo con un narcotraficante y que ella misma confesó a mediados de 2015. Jean Pierre Pino Colucci no es un desconocido para la diputada Pérez. Es el padre de su hija y fue capturado en Panamá en posesión de varios kilos de cocaína y con dos pasaportes falsos hondureños en los que se hacía llamar Héctor René Suazo y Alejandro Almendárez.
Pérez ha confesado que el panameño Pino Colucci fue parte de su vida, habiéndolo conocido como empresario en Roatán. “Esa relación terminó hace cinco años, tiempo en el que no he tenido contacto con él”, confesó la diputada Pérez en julio de 2015.
Siendo así, el candidato liberal debe ser más cauteloso al cuestionar la lucha contra el narcotráfico que hoy se libra, sobre todo porque muchos tienen techo de vidrio, unos más delgados que otros.
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Te das cuenta que algo anda mal cuando un candidato presidencial llega a un foro televisivo a cuestionar que un grupo de narcotraficantes sean juzgados en cortes de Nueva York y de Miami y no en Honduras.
Víctima de su propia inexperiencia en materia de seguridad, Luis Zelaya se exhibe como un novato y se descalifica así mismo para pretender seguir una tarea que ningún presidente, excepto el actual, quiso enfrentar.
No muchos años atrás, mencionar la palabra “Cachiro” en Honduras era el equivalente la firmar la sentencia de muerte. Eran amos y señores. Estos eran los que ponían y quitaban jefes policiales, los que mangoneaban a alcaldes y políticos a su antojo y los que impusieron un reino de terror hasta que la fiesta se les acabó.
Se vendieron ante la sociedad como prominentes empresarios. Constituyeron empresas para hacer negocios con el Estado, pero también los hicieron con universidades privadas rectoradas por quien afirma jamás haber tenido un vínculo con los hermanos Rivera Maradiaga.
En tres años y medio, al menos 25 extraditables enfrentan la justicia de Estados Unidos, es decir, están en el último lugar que quisieron estar. Ese era precisamente el objetivo.
Pero pese a ser ese el objetivo de la ley de extradiciones, Zelaya parece no haber entendido aún que si a algo le teme un narcotraficante es a pagar sus condenas en Estados Unidos. Ejemplos sobran.
Honduras no fue la excepción. Desde que el presidente Hernández aprobó y ejecutó la ley de extradiciones, casi tres decenas de hondureños han sido capturados y otros, en su afán de negociar penas menores, decidieron entregarse voluntariamente. La estrategia conjunta ha dado los resultados esperados.
El resultado más visible en Honduras ha sido la desarticulación de cinco carteles del narcotráfico: Cartel de los Cachiros, Cartel de los Valle Valle, Cartel del Valle de Sula, Cartel de Olancho y Cartel del Sur.
Y en materia de seguridad ciudadana, la violencia generada por estos grupos criminales ha comenzado a ceder, permitiendo que el país reduzca en más de 30 puntos la tasa de homicidios.
Aunado a ello, estructuras criminales de maras y pandillas, que amasaron fortunas vía extorsión y que se fortalecieron distribuyendo el negocio de la droga que se quedó en el país como pago para los carteles, han sido debilitadas y sus cabecillas confinados en cárceles de máxima seguridad conocidas como pozos.
Esta es la lucha frontal contra el narcotráfico que el candidato liberal pretende minimizar. Su partido todavía le debe una explicación al pueblo hondureño. La violencia irracional generada por estos grupos criminales, desangró al pueblo y le robó la paz y la tranquilidad.
Siendo gobierno el partido Liberal, los homicidios se duplicaron, las maras establecieron sus reinados de terror y los narcotraficantes convirtieron a Honduras en el puente perfecto para el trasiego de drogas entre el sur y el norte.
Hoy, muchos de esos funcionarios indolentes acompañan al candidato Luis Zelaya en su proyecto político. Ojalá y no encargue a ellos la seguridad de un pueblo que los conoce muy bien porque ya gobernaron sin determinación y sin coraje.
