Aunque la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y otras normativas internacionales, garantizan el derecho de los niños a la familia, la educación, la salud, el alimento y la felicidad; la situación de la infancia en Honduras sigue siendo precaria. Los derechos de los niños son violentados a diario.
Honduras ha venido atravesando por un momento bastante complejo y enfrentando problemáticas estructurales en distintas dimensiones. Las cifras y los análisis comparativos muestran que en América Latina, Honduras es uno de los países con mayor población en condición de pobreza y ocupa el antepenúltimo lugar en desarrollo humano.
En los últimos años, el país ha experimentado las mayores tasas de homicidio en el mundo, una fuerte vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, una frágil situación fiscal caracterizada por los mayores déficits fiscales de la última década y un nivel elevado de la deuda pública. Aún dentro de este contexto tan complicado, se ha logrado hacer importantes avances en materia de promoción de los derechos de la niñez y adolescencia.
En febrero de 2013 se aprueba la Reforma Integral en materia de Niñez y Familia mediante Decreto Legislativo No 35-2013. Esta normativa recoge reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, Código de Familia y disposiciones del Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil y la Ley contra la Violencia Doméstica para armonizarlos a los estándares internacionales.
Entre 2012 y 2013, se aprobaron una serie de políticas vinculadas al bienestar de la niñez y la realización de sus derechos. Estas son la Política de Protección Social (PPS), la Política de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI), la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, La Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud en Honduras y la Política de Descentralización para el Desarrollo.
Según datos de Unicef, la población infantil representa el 44.3% de la población total e históricamente ha enfrentado los efectos de una economía inestable y dependiente del entorno internacional, donde el desempleo y la pobreza representan serios retos por superar.
Un 42.3% de niñas y niños vive en pobreza extrema y, un 22.1% vive en pobreza relativa. Aunque si se opta por medir la pobreza según un enfoque de privaciones, las cifras varían notablemente: un 67,9% de los niños y niñas viviría bajo el umbral de la en pobreza y un 29,1% en pobreza extrema.
A ello debe agregarse que la inversión pública se ha destinado en mayor proporción a cuestiones no sociales, lo que afecta negativamente a la sobrevivencia de la niñez y el desarrollo pleno de sus capacidades. En ese sentido, el tema de vulnerabilidad de la niñez en Honduras es de difícil exploración debido a que las políticas sociales, el presupuesto nacional dedicado a la niñez y la dotación de servicios de salud, educación y protección, generalmente no son incluidas en los sistemas de información.
Las regiones territoriales de mayor vulnerabilidad son las del oeste y La Mosquitia debido a sus bajos índices de desarrollo humano y altos niveles de pobreza. Entre la población indígena la mortalidad infantil alcanza cifras superiores al 40%. Igualmente, las áreas marginales de las grandes ciudades muestran indicadores alarmantes de pobreza y privación, dado el alto índice de migración y ausencia de servicios básicos.
Según el informe de Unicef “La Infancia en Honduras” (2011), así están los derechos de los niños en su primera infancia:
Derecho a la vida: A pesar del descenso de la mortalidad infantil, mortalidad post neonatal y mortalidad en la niñez, el país enfrenta serios retos para alcanzar las metas planteadas para el 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La mayoría de las muertes durante la etapa de la primera infancia se dan en el periodo prenatal. Las principales causas de mortalidad son: Trauma de nacimiento o asfixia (23.3%), Prematuros o bajo peso al nacer (12.6%) y anomalías congénitas (10.9%).
El 72% de las causas de muertes infantiles en Honduras son prevenibles. Si las mujeres embazadas y el recién nacido tuviesen acceso a los servicios básicos de atención adecuada para la etapa post-parto y neonatal podría ser reducida de manera significativa. Garantizar la supervivencia de la madre es otro reto importante.
Derecho a la salud y nutrición: Las niñas y niños que reciben la lactancia materna exclusiva en sus primeros 6 meses de vida son cada vez menos porque el país no protege de manera articulada la lactancia materna. El único alimento necesario para las niñas y niños menores de 6 meses es la leche materna. Lo ideal en la alimentación infantil después de los 6 meses de vida es que se continúe con la lactancia materna hasta los dos años, combinada con alimentos adecuados que complementen la lactancia para asegurar que se satisfacen los requerimientos nutricionales.
Estos alimentos adecuados no son los mismos que consume el resto de la familia, son alimentos especiales para menores de 2 años, comúnmente preparados en forma de papilla o purés. En Honduras no existe producto nacional de alimentación complementaria no están disponibles y no hay una política nacional orientada a la definición o producción de un alimento de tales características que ayude a la nutrición de las niñas y niños.
Derecho a la educación y desarrollo: La posibilidad de la Primera Infancia de desarrollar su potencial y acceder a mejores condiciones de vida en el futuro es aún muy limitada en Honduras; las intervención de educación inicial está limitada y no está definida como estrategia nacional, y en cuanto a la educación preescolar, la matrícula no alcanza ni siquiera a la mitad de niñas y niños especialmente en el área rural, donde coinciden altos niveles de pobreza y falta de cobertura en aldeas y comunidades más postergadas.
Considerando el rol importante de la educación prebásica para preparar los niños para la educación primaria, es importante lograr acceso universal de educación preescolar.
Derecho a un nombre y a una nacionalidad: las limitaciones estructurales de los municipios, de acceso a la oficina local del Registro Nacional de las Personas, el limitado conocimiento de la importancia de la registro de nacimiento en algunos ámbitos sociales, la precaria situación económica de las familias y las limitaciones institucionales del Registro Nacional de las Personas, hace que un 6.5% de niñas y niños menores de 5 años vea comprometido su derecho de acceder a los servicios sociales y de protección del Estado, por no tener registrado su nacimiento.
Derecho a una familia: No hay avances sustanciales en la definición de una política de protección a la niñez y la familia, en términos de equidad y coherencia con la Convención sobre los Derechos del Niño y demás protocolos internacionales. La capacidad familiar para la crianza y protección de la niñez es limitada por la escasa educación de los padres, bajos ingresos del hogar, y desintegración familiar por el divorcio y/o padres residiendo en el extranjero.
Peor aún, el acceso al cuidado de niños y niñas menores de 3 años en instituciones públicas y algunas ONG no responde a la demanda, salvo en casos de alto riesgo.
Derecho a la protección: La discapacidad física y metal, el abandono y orfandad, el VIH/SIDA, la falta de acceso a cuidados durante la jornada laboral de los padres, y el maltrato y abuso, son signos inequívocos de falta de sistemas adecuados de protección para la Primera Infancia.
El programa de prevención de la transmisión de madre a hijo muestra un incremento sostenido en la cobertura de sus actividades nivel nacional en los últimos años. De acuerdo a estimaciones de población, más de la mitad de la población esperada de mujeres embarazadas en un año están teniendo acceso a las pruebas diagnósticas durante el embarazo.
Sin embargo, si se usan los mismos datos poblacionales para hacer un estimado del número de mujeres embarazadas seropositivas a nivel nacional, se desprende que la cobertura del programa con triple terapia es del 28% del total esperado. De allí que el programa enfrenta aún brechas significativas de cobertura para garantizar el acceso universal a sus servicios. Aunque no generalizada, la violencia contra este segmento poblacional no deja de ser preocupante, ya que las tasas de homicidio contra la infancia de 0-4 años son de 0.8 en las niñas y de 1.5 por 100,000 habitantes en los niños; a las que se les atribuyen causas como el vínculo de los padres con cualquier modalidad del crimen organizado y los conflictos generados por los adultos. Igualmente, se registra un incremento de los delitos como el maltrato; el cual supera la capacidad de denuncia, especialmente cuando se trata de los niños y niños más pequeños.
La situación de los niños hondureños en su primera infancia es delicada. El gran reto de las autoridades deberá ser el cumplimiento de sus derechos y el fin de los abusos contra ellos. Los niños y niñas mereces una mejor calidad de vida, respeto, igualdad y eficacia en sus derechos: merecen ser felices.
