María Luisa Regalado explicó que realizaron una auditoria social a la unidad de muertes violentas y feminicidio del Ministerio Público, después de dos años de creación, porque “como mujeres somos aportantes con nuestros impuestos a los recursos del Estado que han sido asignados para el funcionamiento de dicha unidad y tenemos derecho a saber qué se está haciendo con nuestros recursos y qué no están haciendo con los tributos”, cuestionó la dirigente feminista.
“La Tribuna de mujeres contra las muertes violentas y feminicidios y el Colectivo de Mujeres Hondureñas exigimos justicia, sabemos que ya hace unos años atrás se aprobaron 16 millones de Lempiras para atender la problemática de violencia contra las mujeres, pero se fue en la bruma porque no nos dimos cuenta de lo que paso, porque la situación sigue igual o quizá peor. Señaló Regalado.
La auditoría social tiene el propósito de saber qué se ha hecho en esta unidad, porque después de su creación se aprobaron 30 millones de lempiras. La feminista aseguró que la auditoria es un trabajo de investigación desde la comunidad dirigida a funcionarios.
Los hallazgos son que las mujeres de las comunidades no creen en las autoridades, en las instituciones ni en la Unidad de Muertes Violentas y Feminicidios, en el Poder Judicial, Policía Nacional Preventiva, no creen en el Ministerio público, “el estudio nos generó la información de que las mujeres desconfían de las instituciones operadoras de justicia del país”, explicó María Luisa Regalado.
“Nosotras como Tribuna de Mujeres demandamos que el reto de las autoridades sea que realicen un trabajo de investigación técnico y científico en la Unidad de Muertes Violentas y Feminicidios para recuperar la credibilidad ante el pueblo hondureño, en particular de las mujeres que viven en riesgo”, continuó.
A las autoridades debe preocuparles que las mujeres no crean en las instituciones que tienen la responsabilidad de brindar protección, que no confíen en quienes deben garantizar su integridad física. Estas autoridades son responsables de investigar y aplicar justicia, porque si eso no se garantiza ¿a dónde van a recurrir?, se preguntó Regalado.
Según el reclamo de Maria Luisa Regalado, la Unidad de Muertes Violentas y Feminicidios de mujeres fue creada por el Congreso Nacional hace unos dos años, pero no se sabe cuántos casos han resuelto porque comenzó a funcionar sin el equipo técnico, logístico y de recurso humano a pesar de que se asignó un presupuesto.
La Unidad se creó para que haga un trabajo de investigación técnico y científico sobre los crímenes contra las mujeres, porque es una demanda permanente, afirmó la feminista de La Tribuna de Mujeres, agregando además que la falta de investigación de las muertes violentas de mujeres, especialmente en el Valle de Sula en donde se concentra la mayor cantidad de población femenina que es emigrante del campo, por la concentración de la industria maquiladora, donde están en alto riesgo por los horarios que son desde las primeras horas del día hasta altas horas de la noche, lo que las expone a un riesgo permanente.
El observatorio contra la violencia registra más de 100 homicidios de mujeres en lo que va del año de los cuales el 44% se registra en el Valle de Sula. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben implementar programas de capacitación con enfoque de género sobre qué significa el feminicidio, para que los operadores de justicia tengan conciencia de género y conocimiento, para que cuando investiguen lo hagan de manera técnica y científica, demandó María Luisa.
Los resultados de la auditoria social sobre la percepción de las mujeres acerca de la unidad, es que es un ente más, como los que ya existían, porque cuando se presentan denuncias de muertes de familiares no hay respuesta a sus demandas y los delincuentes andan caminando libremente en las calles, poniéndoles en mayor riesgo, apuntó la defensora.
Según cifras del observatorio contra la violencia en el 2016 se cometieron 463 asesinatos de mujeres, datos que para las organizaciones feministas son conservadores y en lo que va del 2017 se han cometidos más de 100 homicidios de los cuales 44 han sido en el Valle de Sula, puntualizó la dirigente.
Maritza Gallardo representante de Oxfam
características de un feminicidio.
El feminicidio tiene una característica fundamental, se parte de cómo se cometen crímenes de odio cuando la mujer ha venido denunciando violencia persistente y constante de parte de su pareja, u otra persona, o cuando ha existido un abuso persistente que termina en un feminicidio.
El feminicidio es un crimen cometido con muestras de odio, se identifican características como: destrucción de las ropas de víctima, énfasis en quien tiene el poder en una relación, de cómo las mujeres son vistas socialmente, quizá ni siquiera es vista como de segunda sino como en tercera categoría, que no es sujeta a derechos por lo que tienen que ser subordinadas y obedientes, apuntó Maritza Gallardo.
Se tiene un imaginario que fortalece la idea de que las mujeres deben ser víctimas de violencia cuando no obedecen, o están en lugares donde socialmente no deben estar, que se vistan como socialmente es aceptado, todo esto es parte de lo que el sistema configura sobre lo que es ser mujer y ser hombre. Existe un impacto negativo en el ejercicio del poder y violencia que redunda en la muerte, reflexionó Gallardo.
Oxfam, como organización, ha venido acompañando para que los niveles de la investigación se fortalezcan, brindando apoyo a organizaciones, gestionando ante las instancias del gobierno para que se crearan dos unidades de investigación, pero no basta con crearlas se tiene que impulsar otras actividades desde el movimiento de mujeres con la veeduría social para saber qué tanto se ha logrado con el presupuesto, en creación y fortalecimiento de la institucionalidad que mejora la investigación.
Los hallazgos de la auditoria social muestran que las unidades no cuentan con el equipo técnico científico, lo que obstaculiza que se avance y se tenga una investigación eficiente. Pero también se necesita capacitación a los investigadores y fiscales en el conocimiento de la normativa internacional sobre derechos de las mujeres. También conocer la figura del feminicidio, lo que implica esa figura porque la normativa internacional establece que cada muerte de mujeres debe ser investigada como un feminicidio, e ir descartando qué no es un feminicidio, pero en principio se tiene que investigar como tal. Para ello se tiene conocer con efectividad y armonizarla con la norma nacional, explicó Gallardo.
Según Maritza Gallardo, en el 2016 lograron la aprobación de 30 millones de Lempiras en el presupuesto de ingresos y egresos de la República, pero no creen que hayan sido asignados en el 2017 los recursos para equipar y capacitar las unidades.
Para Maritza Gallardo fortalecer la institucionalidad es responsabilidad del gobierno, sin embargo las organizaciones de mujeres han venido articulando estos cambios para garantizar los derechos de las mujeres, pero el gobierno debe asumir el compromiso de asignar los recursos, fortalecer las unidades y ampliarlas a otras ciudades.
Oxfam recomendó que es necesario que el gobierno se apropie de estos esfuerzos de la ciudadanía para fortalecerlos y se reduzca la impunidad que es tan alta en el país, en relación a muertes violentas de las mujeres y feminicidios.
El asidero más importante de la impunidad es que no hay investigación y judicialización de los casos, en una sociedad donde cada vez las muertes, los asesinatos y los crimenes contra las mujeres son más elevados y no hay un castigo para los agresores. Es una puerta que se abre para que se sigan cometiendo porque se sabe que no va a ver ningún castigo ni represalia al respecto. Por lo que es muy importante que desde los estudios de la investigación se fortalezcan los protocolos para garantizar el debido proceso y de esta forma tener una justicia efectiva, demandó Gallardo.
¿Por qué, de 4,500 mujeres asesinadas el 85% queda en completa impunidad? Esto significa que todos estos casos de muertes violentas y feminicidios están quedando sin una efectiva justicia porque: justicia tardía no es justicia. En ese sentido creemos que entre más casos de muertes violentas y feminicidios se van acumulando mayor impunidad, va a haber en este país menos credibilidad en la justicia e instituciones del gobierno, que deben garantizar justicia para la ciudadanía.
Gallardo señaló que solo hay dos unidades, una para San Pedro Sula y otra para Tegucigalpa y se aprobaron 30 millones de Lempiras, sin embargo a San Pedro Sula solo llegaron 5 millones cuando debieron llegar 15, lo que solo sirvió para contratar cierto equipo. La auditoria ha encontrado que los resultados no han tenido mejora en los niveles de investigación y judicialización de los casos.
