El candidato presidencial de la Alianza de oposición, Salvador Nasralla, ha manifestado que una vez que alcance la Presidencia de la República, solicitará la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), dejando entrever que suprimirá a la actual Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
«Cuando la Alianza llegue al poder de la República y yo sea Presidente, pediremos la CICIH», ha dicho en reiteradas ocasiones el veterano presentador de televisión.
No es extraño. En casi un año y medio de trabajo, la MACCIH no presenta mayores resultados al pueblo hondureño en lo que se refiere a la investigación de los muchos casos de corrupción que rodean a la clase política, entre ellos el famoso caso del IHSS.
La MACCIH se instaló en el país a principios del 2016, como parte de las constantes presiones del pueblo hondureño y de las continuas protestas del denominado grupo de los “indignados”, que en 2015 marcharon durante meses para que se encontrara y castigara a los culpables del desfalco de IHSS que ascendió a más de 7,000 millones de lempiras.
La MACCIH se instaló en el país mediante la acción política y la gestión de las autoridades del Ejecutivo, que intercedieron ante organismo internacionales y ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que es garante de ésta. Los días previos a su instalación, el Presidente del país dijo que «La MACCIH era la opción más viable y expedita para la investigación y resolución de los casos de corrupción» en los que se vio envuelto su partido.
La Misión de la OEA fue propuesta al gobierno de Hernández en la ciudad de Washington a finales del 2015.
Desde el 22 de febrero del 2016 cuando fue instalada oficialmente, con Juan Jiménez mayor como su Vocero Oficial, sus representantes, así como el gobierno, han dicho que la institución «ha venido trabajando a buen paso de la mano con otras instancias encargadas de perseguir, denunciar y castigar el delito» como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Sociedad Civil, la Procuraduría General de la República (PGR), y la Fiscalía General de República a través del Ministerio Público.
Al momento de su instalación en el país, el comunicado de la OEA expresaba que «la MACCIH es una iniciativa sin precedentes dirigida a producir una reforma estructural en la administración de la justicia hondureña». Por su parte, el Presidente Juan Orlando Hernández expresó que ésta «vendría a cumplir el papel de fortalecer la institucionalidad y trabajará, además, en los casos de alto impacto y corrupción en el país».
Hasta ahora, los alcances y resultados de la organización no han sido los esperados ni los que la población exige.
El 1 de diciembre del 2016 Juan Jiménez Mayor presentó el Primer Informe Semestral de la instancia, en el que se destacaba, antes que trabajo de apoyo a las autoridades nacionales, el primer acercamiento de los funcionarios de la MACCIH a la política hondureña, a sus leyes y estatutos. Era el informe de la primera etapa. La etapa experimental.
En él se describió un primer plan de trabajo que consideraba como base fundamental de toda reforma estructural del sistema judicial a la base legal. No era posible cambiar los métodos si antes no existía una base jurídica que acompañara y garantizara los procesos judiciales. Para ello fue necesario hacer reformas a las leyes, principalmente al Código Penal.
Tres proyectos de ley resaltaron como posible primera base. Sin ella resultaría difícil realizar un trabajo adecuado contra la impunidad y la corrupción: la Reforma por Adición a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos o «Ley de Política Limpia»; y la Selección de Magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Sobre la primera, «el 20 de julio pasado, el Congreso, reformó la legislación que crea jueces con jurisdicción nacional para incluir a los juzgados especializados anticorrupción y antiextorsión. La MACCIH tuvo un trabajo protagónico a través del asesoramiento al Poder Judicial (PJ) de la iniciativa de ley, pero el Congreso al final, le trastocó el espíritu y el alcance de la reforma»[1].
La segunda fue Ley fue aprobada el 20 de octubre por el Legislativo, que fue sancionada por el Presidente Hernández y fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta con el título de «Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos» y será válida a partir de las Elecciones Generales de noviembre de este año. Queda pendiente una Fe de erratas, debido a cambios en la comisión de estilo.
En cuanto a las selección de los magistrados de la PGR, de todos es sabido que el proceso estuvo viciado por acuerdos entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido LIBRE.
En agosto del 2016 la MACCIH anunció un trabajo conjunto con la Procuraduría Nacional del Estado, por ser ésta institución la encargada de velar por los intereses y la defensa del Estado. En este punto hubo muchos cuestionamientos y preguntas debido a la casi nula acción de la PGR en los muchos asuntos de corrupción, crimen contra el Estado y crisis políticas en las que no ha sido decisiva como establecen la Ley y sus funciones. Se cuestionaba además que la MACCIH no tenía sentido en el país si ya existía la PGR.
La peor parte llegó cuando la prensa desnudó que, al contrario de custodiar los intereses del Estado, los funcionarios de la PGR permitían conciliaciones a los funcionarios y particulares implicados en casos de corrupción, como en el caso del periodista deportivo Henry Gómez, quien fue acusado de estar involucrado y de haber recibido dinero del desfalco del IHSS, y a quien se le dejó en libertad después de una conciliación con la PGR.
Eso demostró —como ya antes lo había hecho— que en Honduras la PGR es un ente decorativo del Estado y que por tanto el apoyo de la MACCIH pudiera resultar útil en la reestructuración de esas instituciones.
El caso fue más allá y la prensa presionó. La MACCIH y la PGR anunciaron que previo acuerdo entre ambas instancias, los casos de corrupción ya no podrán ser desjudicializados en el país.
«La determinación fue plasmada en un documento denominado Declaración Conjunta PGR-MACCIH…La Procuraduría se comprometió a que no otorgará en los delitos de corrupción —dentro del ámbito de sus competencias— medidas desjudicializadoras al proceso penal, entre ellas conciliación, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado o suspensión de la persecución penal. Sólo será permitida la figura de colaboración eficaz[2]».
En los últimos días del mes este mes de mayo, el Consejo Nacional Anticorrupción entregó un informe al de 8 páginas Ministerio Público, en el que denunció a 112 funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción cometidos contra la Secretaría de Salud en el periodo 2008-2014.
El CNA denunció que existen grupos de empresas que se confabularon para suscribir contratos con el Estado para el suministro de equipo médico quirúrgico, odontológico y medicamentos, que fueron sobrevalorados.
Al conocer los detalles del supuesto fraude en salud, el Vocero de la MACCIH, Juan Jiménez, declaró que «estaban preocupados e impactados por el alcance y magnitud del fraude en salud». El mismo se habría dado durante los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo. Se manejan que el fraude podría llegar hasta unos 300 millones de lempiras.
Hasta hora la MACCIH ha trabajado en la investigación e identificación de la red de los involucrados en el mega fraude del IHSS, en la colaboración y asesoría a las instituciones encargadas de denunciar e impartir justicia, en proponer e impulsar reformas al sistema judicial (al código penal) para crear una base jurídica fuerte contra la corrupción, en asesorar y acompañar a las instituciones clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción (PGR, CNA, MP, TSC, etc.) para fortalecer su aparto estructural, su funcionalidad, y su capacidad de ejecución.
Los resultados y el trabajo no son visibles, pero todo proceso requiere de tiempo y constancia. Pero su papel es solamente de apoyo, no le corresponde juzgar a nadie; eso es tarea de las autoridades hondureñas.
Suprimir la MACCIH —en el supuesto que Salvador Nasralla se convierta en el nuevo Presidente de Honduras— para traer la CICIH resultará inconveniente, tedioso, demorado y costoso para el Estado y el pueblo. Ello significará retroceder en todas las investigaciones y proceso iniciados, y supondrá comenzar de cero en la búsqueda del castigo a los culpables de los casos de corrupción investigados.
No debe olvidarse que la instalación de la CICIH será mucho más difícil, porque ésta es una dependencia de la ONU, y que si se instaló la MACCIH fue por lo expedito que resultaba a través de la OEA. Así pasó en Guatemala con la instalación y funcionamiento de la CICIG, que aunque se ha castigado a muchos de los involucrados en los grandes casos de corrupción, muchos otros siguen impunes, y la corrupción no ha cesado.
Todo proceso es largo, sobre todo si este atañe la administración pública.
La preguntas con sobre la posibilidad de suprimir la MACCIH en caso que Nasralla venza en las elecciones de noviembre, no se limitan a lo expuesto, o a si lo hará o no.
El asunto es más serio. Se trata de preguntar al candidato de la Alianza si en realidad ¿esa idea de eliminar la MACCIH no se debe a presiones de parte de los funcionarios del Poder Ciudadano que ahora dirigen LIBRE por las investigaciones de corrupción en su contra como el fraude de salud al que se refiere el CNA y la MACCIH?, ¿continuará Nasralla con esas investigaciones sobre sus ahora colegas aliados?, ¿procederá con mano firme contra los funcionarios del Poder Ciudadano señalados en el informe del CNA en el fraude en salud?, ¿En qué será diferente la CICIH de la MACCIH?, ¿resolverá de una vez por todas los problemas endémicos de corrupción e impunidad en Honduras?, etc.
Si el candidato Nasralla suprime la MACCIH —en caso de ganar la Presidencia— deberá iniciar de nuevo los procesos sobre la corrupción e impunidad que ha hecho la misión de apoyo, y eso significará que lo hecho hasta ahora será echado por la borda. Pero también que el proyecto de la CICIH deberá dar todas las repuestas y soluciones que la MACCIH no ha sido capaz de ofrecer hasta ahora.
Citas al pie.
[1] “Lo que el Primer Informe de la MACCIH no dice”, El Pulso, edición del 28 enero del 2017.
[2] Diario La Tribuna, 19/09/2016.
