VERIFICAR AL CANDIDATO

En los últimos años, la proliferación de políticos ligados al crimen organizado en toda América Latina se ha visto evidenciada por las investigaciones de la prensa, de las policías estatales y las propias actividades delictivas de quienes ostentan cargos en la administración pública de sus países. Los políticos —un gran número de ellos— no sólo forman parte de las estructuras de gobierno, también lo hacen simultáneamente en las esferas del crimen, particularmente en las del...
EGO21 marzo, 2017

En los últimos años, la proliferación de políticos ligados al crimen organizado en toda América Latina se ha visto evidenciada por las investigaciones de la prensa, de las policías estatales y las propias actividades delictivas de quienes ostentan cargos en la administración pública de sus países. Los políticos —un gran número de ellos— no sólo forman parte de las estructuras de gobierno, también lo hacen simultáneamente en las esferas del crimen, particularmente en las del narcotráfico.

No significa esto que el fenómeno sea nuevo, y aunque parece cierto que el mismo se ha intensificado en la última década, también resulta interesante observar la manera en que los medios de comunicación (y las redes sociales) hacen difusión y relación de esas actividades sin que ello haga mella en las cúpulas políticas. El punto parece no radicar entonces en que esto sea un fenómeno novedoso, sino en que la observancia y la fiscalización de los actos particulares, así como los de la vida privada, están hoy en la mirilla y al alcance de casi todos por las múltiples posibilidades que internet ofrece.

Si hoy más que nunca podemos investigar la vida y las actividades de los individuos, no hay ninguna razón aparente para no investigar a las personas que postulan su imagen u ostentan algún puesto de la administración pública. Por supuesto, no se trata de hacer tara de fisgones, sino de comprobar la experiencia, la capacidad, la responsabilidad, el compromiso y la honorabilidad de aquellos hombres y mujeres que buscan ser electos para dirigir a un país —en este caso Honduras—, repleto de necesidades y desafíos.

La verificación de la aptitud de todos los políticos que participan como candidatos de un partido y de una acción proselitista en un país con enormes remanentes de corrupción y experiencias lesivas a la administración del Estado, no debe bajo ningún punto ser pasada por alto, pues de ello —de la aptitud de los candidatables— dependerá en gran medida la eficiencia, la eficacia y la legitimidad de un buen gobierno; pero además fortalece sanamente la institucionalidad partidaria, la confianza de la ciudadanía en la clase política y los valores fundamentales de la democracia.

Hoy por hoy, Honduras experimenta un contexto social convulso iniciado desde el golpe de Estado de 2009 y agudizado por las prácticas de extrema corrupción, despilfarro y la supuesta asociación ilícita de los funcionarios de los gobiernos con redes criminales ligadas al narcotráfico. El Estado hondureño actual enfrenta uno de sus mayores retos: sanear a su alta dirigencia de la criminalidad, con el fin de volver hasta su fin primigenio con respeto al tema: combatir la criminalidad, fortalecer la seguridad pública y asegurar la seguridad de la ciudadanía. Pero estas tareas no pueden realizare cuando los encargados de llevarlas a cabo son los mismo que delinquen.

Hagamos un recuento de algunos de los candidatos y funcionarios públicos que han  sido señalados por mantener vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico en Honduras en los años más recientes.

Sólo en el siglo XX, la revelación de los nexos existentes entre algunos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y los gobiernos militares de Oswaldo López Arellano y Juan Alberto Melgar Castro con el narcotráfico provocó uno de los mayores escándalos en el país, a la vez que significó un gran golpe para la credibilidad del Ejército ya de por sí degradada.

«En 1978 se produjo el asesinato de los traficantes de armas, cocaína y esmeraldas, Mario y Mary Ferrari. Para los historiadores, es ese el primer evento que puso en evidencia la relación entre las Fuerzas Armadas y el narcotráfico en Honduras. En un principio se inculpó por el asesinato a varios miembros activos del ejército…Alexander Cockburn y Jeffrey St Clair, autores del libro Whiteout: The CIA, Drugs and the Press, califican ese golpe de Estado dirigido por el General Policarpo Paz García, como el «golpe de la cocaína». Según ese libro, el golpe de Estado de 1978 fue financiado por el Cartel de Medellín y Juan Ramón Matta Ballesteros[1]».

Aunque las cúpulas militares negaron públicamente las acusaciones en su contra, y desvirtuaron en radio y televisión la supuesta participación de militares en actividades de sicariato y tráfico de drogas, ello provocó la intervención de los Estados Unidos a través de sus embajadores (primero Sánchez y después Negroponte), y le fin de los gobiernos militares, quienes se vieron en la obligación de entregar el poder del Estado a los civiles.

En la décadas de 1980 y 1990 otros asuntos permearon en las actividades y las agendas de los gobernantes.  La transición de la vida militar a la vida política que suponía el fin de los gobiernos militares y el dificultoso inicio de la democracia, así como el contexto centroamericano de violencia por la Guerra civil del El Salvador y la contrarrevolución ejercida desde Honduras hacia  los “revolucionarios” nicaragüenses, marcaron un buena parte de las preocupaciones de los gobiernos y la población. La prensa, por tanto, enfocó sus actividades informativas e investigativas  a aquellas cuestiones concernientes a esos procesos, y se obvió, de muchas maneras, muchos de los errores de los gobernantes.

Fue en los primeros años de la década de los 2000 cuando el tema de la vinculación de los funcionarios del Estado con las redes del narcotráfico volvió a la escena pública, cuando en julio del 2003 fue detenido el Diputado nacionalista Armando Ávila Panchamé, acusado por narcotráfico:

«Desde hace dos meses la Policía le seguía la pista al Diputado de Yoro, Armando Ávila Panchamé. Las sospechas surgieron a inicios de año cuando cayó una avioneta con 397 kilos de cocaína en Arenales, Yoro. Los vecinos informaron haber visto en el sector una camioneta rojo vino, con placa 00070, la misma en que fue detenido el sábado el parlamentario… El diputado nacionalista renunció a su inmunidad y fue puesto anoche a la orden del Juzgado de Letras de Catacamas por el delito en mención» (http://www.radiojai.com.ar).

En todo esto hay una premisa que no debe pasar por alto: la mayoría de los políticos y funcionarios señalados por la justicia de estar coludidos con el narcotráfico son militantes del oficialista Partido Nacional, lo que no significa que sea el único partido donde se ha registrado este flagelo.

“Un caso aislado de los muchos que se han presentado, se dio recién en 2015, cuando el Diputado por el Partido LIBRE, Edgardo Castro, denunció que «el Estado hacía negocios con los Cachiros… y que construyeron carreteras y les pagaron por el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), y el SIAFI es del gobierno» (El Libertador.hn 3/11/15).

Según reportes del Consejo Nacional Anticorrupción, al menos 7 Alcaldes han sido detenidos en el presente gobierno por ligamientos con el narcotráfico. Por otra parte, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros reportó que hasta agosto de este año se reportaron al menos 3,340,967 transacciones atípicas en la banca nacional; que podrían estar ligadas al lavado de activos provenientes de la narcoactividad (El Heraldo, 5/08/2016).

En enero del presente año, el ex-asesor presidencial, Marvin Ponce, declaró que muchos empresarios y políticos hondureños tienen nexos con el narco: «En San Pedro Sula hay mucha gente que se dedica a lavar activos y están ahí en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés; y se volvieron ricos de la noche a la mañana», expresó”[2].

Aunque las acusaciones a políticos por asuntos de la narcoactividad han florecido en los últimos dos gobiernos nacionalistas quizá como nunca antes, también es cierto que el auge de la droga y el tráfico de la misma en el país tuvo su inicio en el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales; época cuando comenzó la gran matanza por drogas, y cuando comenzaron a aterrizar un sin número de avionetas cargadas de cocaína desde América del Sur, particularmente Venezuela y Colombia.

El presente gobierno parece contar con los mayores problemas de permeabilidad de las instituciones del gobierno con respecto a la influencia que ejercen en ellas los líderes y las estructuras del crimen organizado. Para el caso, de los más de 7 Alcaldes Municipales acusados de narcotráfico, parece que el caso más emblemático es el del ex-Alcalde la ciudad de Yoro, quien ha sido acusado de liderar junto a sus hermanos una red de narcotráfico, sicariato, tenencia ilegal de armas y otros delitos; por lo que los mismos fueron apresados en 2014, y actualmente enfrentan juicio por esos delitos.

Escribo esta crónica con motivo de las acusaciones de las acusaciones que han hecho integrantes de la “desarticulada” banda criminal de Los Cachiros, quienes durante el juicio entablado en la ciudad de New York al prisionero hijo del ex-Presidente Porfirio Lobo, han acusado directamente al ex-mandatario de haber recibido fuertes sumas de dinero por cuestión de soborno de parte de ellos, a cambio de recibir protección e impunidad del gobierno. Al respecto, Lobo Sosa dijo hoy a Radio Globo que: «Nada de lo dicho por ese criminal (el cabecilla de Los Cachiros) es cierto, y sus declaraciones son incongruentes desde el momento en que dice que mi gobierno lo iba a proteger, porque si ustedes revisan en mi gobierno fue cuando más daño le hicimos a esa estructura criminal, al grado de desarticularlos y aprobar su extradición».

Las más recientes acusaciones al Diputado por Lempira y hermano del propio Presidente de la República —por parte del mismo cartel— de estar inmiscuido en las actividades del narco, mantienen a la expectativa a la población en general sobre qué rumbo tomarán tanto las acusaciones contra Lobo Sosa como a Antonio Hernández. Pero, como ya es costumbre, será la justicia extranjera y no la hondureña quien decida si son culpables o no de los delitos que les imputan.

Por todo lo explicado, creemos que a verificación de la aptitud (en todos los sentidos) de los candidatos a elección popular en todos los partidos políticos debe ser sometida a un riguroso escrutinio por las autoridades electorales, los partidos políticos, los entes de sociedad civil y la misma ciudadanía. De hecho, en la opinión del representante de sociedad civil, Omar Rivera, «los actuales sucesos son una oportunidad para la clase política de depurarse».

Citas al pie. 

[1] En: www.El Pulso.hn, “El narcotráfico y las Fuerzas Armadas Hondureñas, edición del 18 de octubre del 2016.

[2] Para ampliar en este punto véase: “La criminalización del Estado”, El Pulso,hn, edición del 12 de octubre del 2016.

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